¿Cómo Volver Innecesarios los Planes Sociales?
Edgardo Zablotsky

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.



“Todos los problemas son problemas de educación”, nos decía Domingo Faustino 
Sarmiento. ¿Qué mejor foto para ilustrar nuestra realidad? Al fin y al cabo, desde la 
inseguridad hasta la equidad distributiva, se encuentran directamente asociados a la 
educación. 
Comencemos por la inseguridad. Un delincuente es un ser humano tan racional 
como Ud. o como yo. Asumiendo que no se encuentra bajo la influencia de ninguna 
sustancia, elige llevar a cabo su ilícita actividad evaluando los costos y beneficios de la 
misma. 
Años atrás probablemente Ud. haya sido asaltado en un taxi, sustraída su tarjeta 
bancaria y dejado luego a pié con unos pesos para retornar a su domicilio. Dicha 
actividad se atenuó considerablemente en virtud del corralito, el cual impuso límites a 
las extracciones de los cajeros automáticos. El beneficio esperado del ilícito disminuyó, 
al reducirse el monto factible de ser obtenido. 
Pensemos en los robos de salideras bancarias. Luego del trágico asalto a una mujer 
embarazada en La Plata y el fuerte aumento en las medidas de seguridad, tales como el 
uso de mamparas frente a las cajas en los bancos y la prohibición a la utilización de 
celulares dentro de dichas instituciones, los eventos comenzaron a disminuir. El 
beneficio esperado del ilícito se redujo dada la mayor dificultad de identificar a una 
posible víctima y de esa forma disminuir la probabilidad de llevar a buen puerto la 
empresa. 
Analicemos un ilícito menor, pero muy común. Si Ud. concurre a una de las 
habituales maratones que se desarrollan los domingos en nuestra ciudad sabrá muy bien 
que, más allá del costo de inscripción en la misma, tendrá que abonar $ 30 a un trapito 
de tal forma de asegurarse la protección de su vehículo. ¿Cree Ud. que si hubiese policía 
en las inmediaciones del estacionamiento de los más de 1,000 autos que frecuentan 
 
1Vicerrector, Universidad del CEMA. 
Email: eez@cema.edu.ar , web page: www.cema.edu.ar/u/eez , twitter: @edzablotsky 2 
estos eventos los trapitos no desaparecerían? Obviamente lo harían, pues el costo 
esperado de la actividad, en términos de la probabilidad de ser detenidos, se habría 
incrementado notablemente. 
Finalmente, evaluemos delitos mayores, secuestros extorsivos seguidos de 
asesinatos, en los cuales participan menores. ¿Por qué su participación? ¿Casualidad? 
No, racionalidad. La pena para un menor, de ser encontrado culpable, es mucho más 
pequeña por lo cual es racional, desde un punto de vista delictivo, su participación, de 
forma tal de reducir la responsabilidad penal de los adultos frente a la probabilidad de 
ser detenidos, lo cual reduce el costo total esperado para el grupo de delincuentes 
participantes del ilícito. Menor costo, mayor beneficio, mayor probabilidad que el hecho 
sea consumado. 
Costos y beneficios, como en cualquier otra actividad. Si queremos una sociedad 
con menos delincuentes necesitamos incrementar el costo esperado para los mismos de 
llevar a cabo su actividad, asociado a la probabilidad de aprehensión y de cumplimiento 
efectivo de la condena. Difícil pero no imposible, más efectivos policiales calificados y 
un cumplimiento riguroso de las leyes, probablemente, ya existentes. 
Sin embargo, hay otro costo de mucha mayor relevancia para los delincuentes que 
pocas veces se toma en cuenta, probablemente por ser políticamente incorrecto siquiera 
el mencionarlo, pero que de lograr incrementarse reduciría considerablemente el nivel 
de inseguridad que afronta nuestra sociedad. ¿Cuál otro sino el costo de oportunidad 
para un potencial delincuente de ejercer su ilegal actividad, representado por el ingreso 
potencial que podría obtener realizando actividades lícitas? ¿Se imagina Ud. llevando a 
cabo la labor de un trapito? Obviamente no, el costo de oportunidad de renunciar a su 
profesión para dedicarse a dicha ilícita actividad es ridículamente alto. ¿Donde está la 
diferencia? En su dotación de capital humano. Clara evidencia de este hecho lo 
proporciona la población carcelaria. Si realizamos un relevamiento de la misma 
descubriremos que la amplia mayoría de los reclusos no han culminado su educación 
secundaria y una gran cantidad ni siquiera su educación primaria. 
Si queremos incrementar el costo para un delincuente de llevar a cabo ilícitos, 
educación es la respuesta y, por cierto, nada novedosa. Sin ir más lejos, se le atribuye a 
Pitágoras haber afirmado “educad a los niños y no será preciso castigar a los hombres.” 
Más directo, imposible. Un delincuente es un ser humano tan racional como cualquiera 
de nosotros; si deseamos una sociedad con menos delincuentes necesitamos incrementar 
el costo esperado de delinquir, asociado usualmente a la probabilidad de ser 3 
aprehendido y de cumplir efectivamente la condena. Más efectivos policiales calificados 
y un cumplimiento riguroso de las leyes ayudaría a ello, pero no debemos olvidarnos 
que es aún más importante incrementar el costo para un potencial delincuente de 
iniciarse en dicha actividad, representado por el ingreso que dejaría de obtener 
realizando actividades lícitas. 
Centremos ahora nuestra atención en la equidad distributiva. El jueves 25 de Julio, 
el Papa Francisco, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, pronunció un 
movilizador discurso en un palco montado en una canchita de futbol de la favela de 
Varginha, al norte de Río de Janeiro, en el cual tras elogiar los esfuerzos de Brasil por 
integrar a todos, a través de la lucha contra el hambre, advirtió: “Ningún esfuerzo de 
pacificación será duradero ni habrá armonía para una sociedad que margina y abandona 
en la periferia una parte de sí misma,” y agregó: “La medida de la grandeza de una 
sociedad está determinada por la forma en que trata a quien está más necesitado”. 
¿Qué mejor modo de tratar a los necesitados que respetar su dignidad, 
ayudándolos a reinsertarse en la sociedad productiva y de tal forma ganar su propio 
sustento? 
Qué mejor evidencia de ello que la historia de nuestro propio país; extraño pero 
absolutamente cierto. En 1887 el Barón Maurice de Hirsch, uno de los empresarios 
europeos más acaudalados de su tiempo, decidió retirarse de los negocios dedicando el 
resto de su vida a la filantropía. Dicha voluntad quedó reflejada en su respuesta a una 
carta de condolencias por la muerte de su único hijo, Lucien, “he perdido a mi hijo, pero 
no a mi heredero, la humanidad es mi heredera.” 
Su posición frente a la filantropía fue tan dura y exigente como lo era su modo de 
actuar en el mundo de los negocios. Se oponía firmemente a la entrega de subsidios que 
sólo hacían aumentar el número de pobres, consideraba que el mayor problema de la 
filantropía consistía en transformar en personas capaces de trabajar a individuos que de 
otro modo se volverían indigentes, y de este modo reconvertirlos en miembros útiles 
para la sociedad. 
Con dicho fin fundó la Jewish Colonization Association, la cual a partir de 1891 
habría de conducir la inmigración de miles de personas, carentes del menor respaldo 
económico aún para el pago del pasaje, desde el Imperio Ruso hacia nuestro país, 
estableciéndolas en colonias agrícolas. Hirsch elaboró estrictos contratos haciendo a 
cada colono responsable de pagar no tan solo la tierra y todo préstamo que hubiese 
recibido, sino también el respectivo interés sobre los mismos. Luego de muchos años de 4 
duro trabajo agrícola, para el cual en la mayoría de los casos no tenían experiencia 
previa, muchos de los colonos repagarían sus deudas y obtendrían los títulos de 
propiedad de sus tierras. 
Esta posición sobre la filantropía no es nueva, por ejemplo, podemos encontrarla 
hace más de 800 años en el pensamiento de Maimónides, quien colocaba en la más alta 
escala de la filantropía el dar a un pobre los medios para que pueda vivir de su trabajo 
sin degradarlo con la limosna abierta u oculta; hace ya algunos años en el ideal de un 
ícono del liberalismo como lo fue Ronald Reagan, quien afirmaba que el propósito de 
cualquier política social debería ser la eliminación, tanto como sea posible, de la 
necesidad de tal política y, casi contemporáneamente, en el pensamiento de Nicolás 
Sarkozy, quien sostiene que cuando el asistencialismo paga más que el trabajo se 
desmoraliza a la Francia que se despierta temprano por la mañana. 
Al respecto, señalaba Juan Pablo II en su Encíclica Laborem Exercens: “El trabajo 
es un bien del hombre -es un bien de su humanidad-, porque mediante el trabajo el 
hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino 
que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido se hace más 
hombre”. 
Si bien no hay datos exactos de la cantidad total de beneficiarios de los planes 
sociales, resulta claro que en la Argentina el Estado asiste a una gran parte de la 
población. En el largo plazo, dicha asistencia carece de sentido a no ser que mediante la 
misma se incentive a aquellos que son asistidos a valerse por sí mismos. De lo contrario 
se les estaría generando a los beneficiarios los costos de ser perpetuados fuera de la 
sociedad productiva. 
Benedicto XVI, en su Encíclica Caritas in Veritate, identifica dichos costos con 
claridad: “El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la 
asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona y sus 
relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual”. 
¿Cómo reinsertar a los beneficiarios de los planes en la sociedad? Juan Pablo II nos 
provee nuevamente la respuesta. En un discurso pronunciado en Santiago de Chile el 3 
de Abril de 1987, ante los delegados de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, expresó: “El trabajo estable y justamente remunerado posee, más que ningún 
otro subsidio, la posibilidad intrínseca de revertir aquel proceso circular que habéis 
llamado repetición de la pobreza y de la marginalidad. Esta posibilidad se realiza, sin 
embargo, sólo si el trabajador alcanza cierto grado mínimo de educación, cultura y 5 
capacitación laboral, y tiene la oportunidad de dársela también a sus hijos. Y es aquí, 
bien sabéis, donde estamos tocando el punto neurálgico de todo el problema: la 
educación, llave maestra del futuro, camino de integración de los marginados, alma del 
dinamismo social, derecho y deber esencial de la persona humana. ¡Que los Estados, los 
grupos intermedios, los individuos, las instituciones, las múltiples formas de la 
iniciativa privada, concentren sus mejores esfuerzos en la promoción educacional de la 
región entera!” El mensaje es contundente, educación es la respuesta. 
¿Puede existir duda alguna que la educación es el principal motor de movilidad 
social? La historia Argentina del siglo XX es claro testimonio de ello. Hace más de 50 
años, Theodore Schultz, Premio Nobel de Economía en 1979, postulaba que las 
diferencias de ingresos entre las personas se relacionaban con las diferencias en el 
acceso a la educación, la cual incrementaría sus capacidades para realizar un trabajo 
productivo. Sin capital humano, ¿qué forma hay de romper este círculo vicioso? 
Una muy buena evidencia de ello la constituye la generada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas de España (INE), el cual realiza anualmente al igual que el resto de los 
países de la Unión Europea la Encuesta de Condiciones de Vida; en la misma, por 
Reglamento europeo, cada año se incluye un módulo dirigido a estudiar en profundidad 
aspectos específicos. En 2012 dicho módulo estuvo orientado a analizar las condiciones 
de vida en su adolescencia de aquellas personas con edades comprendidas en la 
actualidad entre 25 y 59 años; esta información permitió establecer la relación entre la 
situación socio-económica de estos hogares en el pasado con la de los hogares a los que 
pertenecen los adultos en la actualidad. 
Los resultados sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza hablan por sí 
solos y son de significativo interés para nuestra realidad, dados los millones de personas 
que viven asistidas por Planes Sociales. 
La dificultad para llegar a fin de mes del hogar cuando el adulto era adolescente 
influye en su dificultad para llegar a fin de mes en la actualidad; de aquellos adultos que 
vivían en su adolescencia en hogares con dificultades el 49% sigue llegando a fin de 
mes con dificultad. Por otra parte, el 29% de las personas que cuando eran adolescentes 
habitaban en esta clase de hogares se encuentra en la actualidad, en medio de la crisis 
que enfrenta a España, en riesgo de pobreza. El círculo vicioso de la pobreza se ha 
completado. 
¿Qué motivos lo sustentan? Como es de esperarse, la dificultad para llegar a fin de 
mes del hogar, cuando el actual adulto era adolescente, influye en su nivel de formación 6 
académica; un contundente 62,5% de las personas que vivían en hogares que llegaban a 
fin de mes con dificultades no ha terminado su educación secundaria. Dicho nivel de 
formación es relevante a la hora de explicar el riesgo de pobreza; el 28,9% de la 
población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a la educación primaria o 
inferior se encuentra en riesgo de pobreza, al igual que el 25,8% de aquellos que no han 
completado su educación secundaria. El círculo vicioso nuevamente. 
En nuestro país, una gran cantidad de beneficiarios de los planes sociales no ha 
terminado la escuela primaria y la amplia mayoría no ha complementado sus estudios 
secundarios. Planes como Argentina Trabaja, Enseña y Aprende apuntan a facilitar que 
los beneficiarios puedan alfabetizarse, pero es claramente insuficiente. No existe razón 
alguna para no requerir que todo beneficiario de un plan social deba concurrir a escuelas 
de adultos como requisito para cobrar la asignación del respectivo plan, requerimiento 
ideológicamente similar al exigido a los beneficiarios de la Asignación Universal por 
Hijos, donde es necesario demostrar la asistencia de los mismos a las escuelas a los 
fines de recibir el respectivo subsidio. En virtud de los requerimientos de dicho Plan 
cerca de 250,000 chicos retornaron a las aulas; registrándose en 2010, según el 
Ministerio de Educación, un aumento de cerca del 20% de matriculación en la 
escolaridad secundaria. 
Al fin y al cabo, porque la sociedad se siente responsable solamente de la 
educación de los niños y no de la educación de todos los adultos de todas las edades. 
Idea a veces atribuida a Erich Fromm y otras a la psicoanalista norteamericana Erika 
Fromm, pero de clara aplicación a nuestra realidad.
No es gratis. Una importante asignación presupuestaria sería requerida, ese es el 
real problema de incentivos, dado que los beneficios probablemente serán percibidos 
más allá del fin del mandato del gobernante que tenga el coraje llevarlo a cabo. 
La Argentina ha sido tierra de inmigración, de posibilidades. Sembramos trigo y 
cosechamos médicos, constituye un nostálgico recuerdo en el imaginario de los 
inmigrantes que arribaron al campo argentino. Hoy, para contemplar este tipo de 
movilidad social es necesario aprender de nuestros vecinos. En 2007, reportaba el 
Consejo Asesor para el Trabajo y la Equidad de la entonces Presidenta Michelle 
Bachelet, siete de cada diez estudiantes matriculados en las Universidades chilenas eran 
los primeros miembros de sus familias en acceder a la Universidad, sobran las palabras. 
Claro ejemplo de ello lo provee una de las piezas más significativas de la 
legislación norteamericana, la llamada Declaración de Derechos de los Veteranos de 7 
Guerra, GI Bill of Rights, sancionada por el Presidente Franklin D. Roosevelt en Junio 
de 1944. La misma, como explicitó el Presidente Roosevelt al firmar la Ley, “otorga a 
hombres y mujeres la oportunidad de reanudar sus estudios o capacitación técnica luego 
de su licenciamiento, o de tomar un curso de actualización o de reentrenamiento, sin 
cargo de matrícula hasta US$ 500 por año escolar, y con el derecho a recibir una 
asignación mensual mientras desarrolle dichos estudios.” 
Gracias al GI Bill of Rights, millones de personas que hubiesen intentado ingresar 
al mercado de trabajo luego de la guerra, sin capital humano para ello, optaron por 
reeducarse. En 1947 los veteranos llegaron a representar el 49 % de las admisiones a las 
universidades. El capital humano de la fuerza laboral mejoró significativamente. Para la 
culminación del proyecto, en Julio de 1956, 7,8 millones, de los 16 millones de 
veteranos de la Segunda Guerra Mundial, habían participado en un programa de 
educación o formación profesional. 
En el mediano plazo, el programa, lejos de representar un costo para el gobierno 
americano, le produjo importantes beneficios. Por cada dólar invertido en la educación 
de los veteranos recaudó varios dólares en concepto de impuestos. Dicha relación se 
produjo porque los graduados universitarios, así como los trabajadores calificados 
generados por el programa, percibían ingresos claramente superiores a los que hubiesen 
obtenido de no haber llevado a cabo los estudios y, por ende, pagaban muchos más 
impuestos 
A mediados de Agosto pasado, el Ministro de Educación Alberto Sileoni y su par 
de Defensa, Agustín Rossi, firmaron un acuerdo para que todos los soldados voluntarios 
y personal civil de las Fuerzas Armadas culminen su educación en el nivel secundario, 
Al respecto Sileoni señaló: “Todo el personal de las Fuerzas Armadas va a tener la 
obligatoriedad de terminar el secundario, y a través de este convenio le vamos a ofrecer 
a cada uno de esos jóvenes, la posibilidad de que accedan a un Plan que está aprobado, 
que es calificado, como es el Plan FinES, y que ya tiene más de 450.000 egresados en 
su haber” y agregó “Creemos que este es un paso realmente importante porque esos 
soldados voluntarios cuando finalizan su formación en el ejército, a la edad de 28 años, 
pueden hacerlo con un oficio o con el título secundario.” 
Es claro que es una muy buena decisión; sin embargo, dado que muchos 
beneficiarios de los planes sociales tampoco han terminado su educación primaria y la 
mayoría no han cumplimentado su educación secundaria, ¿por qué no exigirles también 
que concurran a una escuela de adultos como requisito para cobrar la asignación? 8 
Imaginemos si se hubiese implementado algo así hace 10 años. ¿Cuántos menos 
ciudadanos dependerían hoy de un plan social? 
¿Qué mejor proyecto de inclusión social que el contribuir a que aquellos que 
requieren ser ayudados a través de planes sociales puedan reinsertarse en la sociedad, 
calificándolos para ello mediante la formación de capital humano? 
La educación es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza. El 
educar a los ciudadanos beneficiarios de los planes sociales no sólo los incentivaría a 
valerse por sí mismos, evitando condenarlos a la virtual indigencia al perpetuarlos fuera 
de la sociedad productiva, sino que ayudaría a romper el círculo vicioso de la pobreza al 
contribuir a la educación de sus hijos, dada la positiva correlación entre el nivel 
educativo de la madre y el desempeño escolar de sus hijos. 
La propuesta es intuitiva, obvia, hasta trivial, ¿entonces por qué no es considerada? 
Probablemente en la historia de nuestro país podemos encontrar la respuesta. En 1962, 
luego de la caída de Arturo Frondizi, el rabino americano Marshall Meyer, quien 
durante 25 años vivió en nuestro país, salvó incontables vidas durante el proceso militar 
y fue el único extranjero invitado por Raúl Alfonsín a formar parte de la CONADEP; 
expresaba que en la Argentina uno aprendía la lección de la responsabilidad individual 
justamente por su carencia, en la Argentina el otro era siempre el deshonesto, no sabía 
trabajar, no pagaba impuestos, era materialista. Al fin, nos convertimos en una 
población de otros. 
¿Quiénes son los otros en términos políticos? Los anteriores gobiernos, sin duda 
alguna. La primera frase que escuchamos de un presidente en su discurso inaugural es la 
tremenda realidad que enfrenta, todo se ha hecho está mal, su principal tarea será 
corregirlo y reconstruir la Nación. ¿Qué gobierno en nuestro país estaría dispuesto a 
pagar costos hoy, como los implicados, por ejemplo, en el GI Bill of Rights, para que 
otros, eventualmente la oposición, perciban los beneficios en un futuro? Haría falta un 
estadista, un Sarmiento. 
“Si peleamos por la educación, venceremos la pobreza”, nos decía el ilustre 
sanjuanino, cuya figura es aún insólitamente cuestionada por el revisionismo histórico, 
entre otras cosas por su genial idea de traer al país 65 docentes americanos, 61 de ellas 
mujeres, las cuales forjaron las bases del sistema educativo argentino. ¿Alguna de ellas 
es recordada con una calle en Puerto Madero? Más vale que no y tiene su significado; 
de la misma forma que lo tiene el hecho que en el país que lidera las estadísticas 
mundiales en feriados, dos años atrás su bicentenario tampoco lo fue. 9 
 La pobreza se origina en la falta de educación, y solamente la educación y el 
entrenamiento profesional podrán remediar esta situación. Si deseamos que los planes 
sociales se tornen innecesarios es hora de admitir esta sencilla realidad; esta breve nota, 
al explicitarla, intenta contribuir a ello, incrementando el costo político de no hacer nada 
al respecto. 
 

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