¿Legal y legítimo o sólo legal?
Malú Kikuchi
Periodista. Conductora de "Cuento Chino" y "La Dama y el Bárbaro", radio El Mundo. Premio a la Libertad 2013, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
La pregunta es interesante, porque la respuesta puede no
ser la que espera el gobierno, después de la maratón para aprobar lo más rápido
posible, y sin discusión razonable, el nuevo Código Procesal Penal.
Antes que nada vamos a aclarar que este Código tiene
muchos artículos buenos, que en general mejora y aliviana al extensísimo Código
anterior, lo reduce a la mitad, que pasa de un sistema inquisitivo a uno
acusatorio, hecho que ya funciona en 17 de las 24 provincias argentinas.
O sea que la investigación pasa al ámbito de los fiscales
y sobre esa investigación, los jueces, juzgan. El principio está bien, una
parte le toca al ministerio público, que según la Constitución Nacional es
independiente, y el juzgar queda en el poder judicial, que se supone es un
poder independiente.
El ministerio público va a nombrar 17 fiscales más y
contratar a 1.700 empleados más. El problema no es “el qué”, es “quién” lo pone
en práctica. El ministerio público está manejado férreamente por Alejandra Gils
Carbó, absolutamente alineada con el ejecutivo.
Se dice que los exámenes de los futuros fiscales fueron
todos amañados, y que quedarían en manos de La Cámpora. Que toda esta movida
judicial es para asegurarles impunidad a Cristina y su gobierno. Y ha de ser
cierto, conociendo a los actores, a las denuncias en su contra, las
investigaciones y los procesamientos en marcha.
Sin olvidar los aprietes desenfadados a los jueces. La
idea es buena, los que deben llevarla a la práctica están demasiado sospechados
de parcialidad.
Además, el nuevo Código autoriza a las víctimas, o a sus
familiares, a tomar parte por ejemplo, en las audiencias de excarcelación, lo
que no deja de ser una medida lógica.
Los delincuentes extranjeros pueden ser repatriados …
siempre que ellos quieran. ¿? Las causas van a llevar como máximo 3 años,
¡finalmente!, justicia lenta no es justicia. Salvo en casos muy complejos, que podrían durar más. Todo bien, si….
Si el ministerio público estuviera en manos idóneas y
apolíticas y fuera total y absolutamente independiente del poder ejecutivo. Hoy
no es así. Todo está direccionado para conseguir la impunidad del actual
gobierno, que ha expoliado al país como nunca antes en la historia.
Y volvamos, ahora que tenemos idea sobre algunos de los
cambios que implica este código, a la pregunta inicial: ¿es legal y legítimo o
sólo legal?
¿Qué es legal? Si recurrimos al diccionario nos dirá que
es algo que corresponde al ámbito de las leyes, al mundo jurídico. Y en cuanto
a legal, el nuevo Código, lo es. Fue aprobado por 130 diputados (1 más de lo
imprescindible), no fue votado por 99
diputados y dos se abstuvieron.
Considerando que la cámara de diputados consta de 257
miembros. ¿Dónde estaban los que no estuvieron durante una votación esencial a
la vida de las personas que habitamos Argentina, y a los que, además, les
pagamos un sueldo generoso para que nos representen y defiendan nuestros
intereses? ¡Qué buena pregunta!
¿Qué es legítimo? Pareciera que es lo mismo que legal,
pero no lo es. Legítimo conlleva una carga moral, le asigna, le asiste al
individuo o a una sociedad, un derecho moral. El Código habla de herederos
legítimos y de plazos legales.
Entonces debemos peguntarnos qué es moral. Moral, del
latín “mores”, costumbres, habla de las costumbres de las personas. Pero según
el RAE, 3° acepción dice que, “no concierne al orden jurídico, sino al interno
o al respeto humano”. Y en la 4°, dice que “es la ciencia que trata del bien en
general”.
O sea que una ley o conjunto de leyes (que eso es un
código), puede ser legal, pero no legítimo.
¿Y por qué no es legítimo este Código? Primero porque no se lo discutió
el tiempo suficiente y con todos los actores con los que se debía discutir. Ya
que, aunque no nos demos cuenta cabal, los Códigos hacen a la calidad de vida
de los habitantes.
Segundo y creo que es lo más importante, un Código Procesal
Penal, no puede ser legítimo si sólo lo ha votado la mitad de la cámara de
diputados, que son los representantes de los ciudadanos, por lo tanto del
pensamiento de los mismos. Se puede gobernar con la mitad del país, no se puede
legislar para la mitad del país.
Este caso es peor, no es legislar para la mitad del país,
es legislar para que un gobierno corrupto, no pueda ser juzgado como
corresponde, a través del debido proceso y dentro de la legalidad, la
legitimidad y la moral, que el gobierno
K no ha tenido.
Si el próximo gobierno no fuera FPV, podría anular este
Código, revisar todos los demás proyectos presentados y archivados sin leer, y
con tiempo y transparencia, dotar a la nación de un Código Procesal Penal,
consensuado.
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