Ecuador: Redistribución del poder
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.


El lunes 15 de junio de 2015 la Carta Magna cumplirá 800 años. Este documento es considerado un hito en la evolución de la civilización de Occidente. En este se sentaron las bases del gobierno representativo y se le atribuye la frase que inspiró a las colonias americanas que se rebelaron contra Inglaterra: “no hay tributación sin representación”. También ahí se encuentran nociones de un sistema de gobierno con pesos y contrapesos, que permitiera que otros controlaran las acciones del rey. Adicionalmente, en este documento encontramos provisiones para garantizar el debido proceso y el derecho a ser juzgados por un jurado de pares. De casualidad estaba leyendo acerca de este aniversario cuando se dieron protestas en varias ciudades del país, dado que estas protestas manifiestan un mensaje similar a aquel de los barones que se rebelaron contra el Rey Juan I, logrando un reconocimiento de sus derechos ese 15 de junio de 1215.

En un foro que se realizó en el Instituto Cato para conmemorar este aniversario, Tom Palmer de la Fundación Atlas explicó que la Carta Magna “fue parte de una tradición anterior y más amplia...que estaba contagiando a todo el continente europeo...es importante no porque era única sino porque fue recordada”. Así es que a este documento lo antecedió el Fuero de León de España, promulgado por el Rey Alfonso V el 30 de julio de 1017, y le siguió la Bula de Oro de Hungría proclamada por el Rey Andrés II en 1222. Todos estos documentos tenían en común el principio de que nadie, ni los monarcas, están por encima de la Ley y el germen de la idea de que el gobierno no puede atentar contra los derechos inalienables de las personas —su vida, su propiedad y su derecho a buscar su felicidad.

Douglass North y Paul Thomas explican en The Rise of the Western World que la Revolución Industrial se inició en Países Bajos e Inglaterra porque ahí se desarrollaron derechos de propiedad exclusivos y claramente definidos. Cuando estos reyes querían más fondos para sus guerras y demás gastos se vieron obligados a tocarle la puerta a los propietarios de tierras, quienes gracias al incentivo de unos derechos de propiedad más seguros que los de sus pares españoles, se habían enriquecido a través de la especialización y el comercio. Estos, a su vez, solo aceptaron una tasa superior de impuestos si es que los reyes les concedían a cambio derechos de propiedad cada vez más sólidos y algún tipo de representación política. He aquí las semillas del gobierno representativo y de aquello de “no hay tributación sin representación”.

Esta es la tradición liberal clásica, aquella que busca limitar el poder para que cada individuo pueda realizarse a sí mismo como mejor le parezca, sin afectar el mismo derecho de otros. Es la tradición que inspiró los movimientos que pusieron coto a los absolutismos en la Europa medieval y la tradición que inspiró la Revolución Americana.

Así que cuando vea esas pancartas que dicen “Ya basta de impuestos”, “Se farrearon la plata y ahora nos quieren cobrar la fiesta” nótese la vieja y honorable tradición histórica en que se enmarcan esos legítimos reclamos. Además, ponen de relieve el verdadero problema que aflige al Ecuador: la concentración de poder en un Estado obeso.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 12 de junio de 2015.
 

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