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La política oficial de incentivo al consumo sigue sin registrar resultados positivos, no sólo en términos agregados de producción y ventas de la industria, el comercio y el transporte, según las cifras del Indec, sino que ahora se manifiesta también en el consumo básico de las familias que se sostienen en base a ofertas y traslado de primeras a segundas y terceras marcas y en la mayor inactividad de las plantas elaboradoras de alimentos y bebidas.

La serie de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Manufacturera del Indec dio cuenta de que en mayo el promedio del sector fabricante de alimentos y bebidas operó con una capacidad ociosa de más de un tercio del potencial de los establecimientos. Se amplió en los últimos doce meses en más de tres puntos porcentuales.

Esa estadística había sorprendido el mes previo cuando indicó que en abril el uso de las plantas de alimentos había crecido a 75,3%, desde un mínimo de 63% en marzo, pero rápidamente la debilidad del mercado interno y más aún de exportación volvió a elevar la capacidad ociosa en casi diez puntos el mes siguiente.

También se registró mayor parálisis en el uso de diversas líneas de producción en otros sectores, con la consecuente suspensión de personal, como en la rama textil, equivalente de 24 a 27% del potencial; en la elaboración de metálica básica de 15% a 27%; y en la industria automotriz del 50 a casi 55 por ciento.

Las excepciones fueron las industrias del papel; de minerales no metálicos y de productos químicos y del caucho y plástico, las cuales se caracterizan por ser más intensivas en capital físico que humano.

Aliciente de carácter parcial
Ahora, con el cobro de los salarios en varios gremios con el incremento acordado en paritarias y el agregado del medio aguinaldo, en el Gobierno, como en muchas consultoras, esperan una tonificación del consumo que contribuya a devolver impulso a la actividad productiva y comercial, junto a los servicios de transporte y comunicaciones.

Sin embargo, no debiera perderse de vista que el ajuste de salarios convencionados sólo comprende a una franja del 50% de los trabajadores en relación de dependencia registrados, mientras que no incluye al 33% de los asalariados ocupados en negro; a los cuentapropistas que representan más de un cuarto de la población empleada, y por supuesto a los jubilados y pensionados cuyos haberes aumentan en marzo y septiembre.

Además, la incertidumbre que genera el flanco político tras la oficialización de las fórmulas a presidente y los movimientos en el sector judicial, han despertado la preferencia de muchos agentes económicos por la dolarización de carteras, fenómeno que conspira contra la deseada tonificación del consumo y reducción de la alta capacidad ociosa, la cual ahora llegó a la industria de los alimentos.