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La última semana antes de las elecciones para decidir el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, entrega pocas novedades a lo que ya se sabe: Rodríguez Larreta ganando cómodamente la primera vuelta con alrededor del 47% de los votos, pero sin alcanzar el 50% de los votos para evitar al ballotage y con Lousteau llegando al 25% y yendo a las segunda vuelta el 19 de abril.

El FpV llegaría al 20% de los votos, confirmando que el oficialismo nacional sigue sin chances en el distrito capital y que el oficialismo local se encamina a un nuevo periodo en la Capital.

El resultado se espera también como una señal para Mauricio Macri. El PRO esperaba ganar en Santa Fe y, perdiendo por 1776 votos, decidió no discutir judicialmente el resultado, dejando que el candidato socialista se proclame vencedor.

En Mendoza ganó, en su alianza con el radicalismo y el Frente Renovador, pero en Córdoba donde aparecía como una alternativa está perdiendo a manos de Juan Schiaretti, el candidato oficialista de José Manuel De la Sota.

La empresa que se propuso el jefe de gobierno de Buenos Aires no es sencilla. Destronar a los que detentan el poder en la Argentina se ha revelado como un objetivo manifiestamente difícil. A ese resultado concurre principalmente una razón: la utilización de los resortes del Estado para beneficio personal o, al menos, partidario. Nadie parece alertarse ni pedir explicaciones ni -mucho menos- aplicar un castigo electoral por esa manifiesta injusticia.

La presidente, la semana pasada, pasó todos los límites de la impunidad, del decoro y del pudor cuando en plena cadena nacional se refirió a adversarios políticos (el propio Macri y Martín Lousteau) como si estuviera haciendo uso de un espacio público propio.

La Sra. de Kirchner ha naturalizado esa utilización. Ni siquiera debe tener conciencia de que está mal; y, si la tiene, le importa poco.

Pero lo más importante y llamativo no es que la presidente caiga en uno más de sus acostumbrados desparpajos institucionales. Lo que causa real asombro es que estas acciones no le importen a la sociedad, a punto tal de que no está dispuesta a “cobrárselas” ni a la presidente ni a nadie.

Una enorme cantidad de recursos que son aportados por los argentinos de TODAS las ideas van a financiar la propagación y la continuidad de una sola. Esta anomalía ha provocado que más del 75% de los oficialismos del país desde 1983 para acá hayan renovado su poder en contra de alternativas que proponían un cambio.

Esta tendencia favorece al dúo Scioli-Zanini, contra el que integran Macri-Michetti. El esfuerzo de una fórmula alternativa en la Argentina necesita de una inercia mucho más que proporcional para poder imponerse al gobierno.

¿Tiene el PRO esa inercia? Es difícil saberlo frente a una sociedad que no valora aquellas cuestiones cuya atención podrían favorecer al jefe de gobierno. En efecto, el peso específico que tienen las cuestiones de orden institucional o hasta filosófico, es tan menor en las cuentas electorales que hacen los argentinos que uno se siente tentado a responder negativamente aquel interrogante. Y no probablemente por cuestiones atribuibles al partido o a sus figuras sino a las ponderaciones que la gente hace de la vida pública.

En primer término parecería que las decisiones electorales están más emparentadas con el estado del bolsillo que con otra cosa. En ese sentido, en estos días gran parte de la sociedad está recibiendo el aguinaldo, los efectos de las paritarias y el aumento en los planes sociales. Ese derrame de papeles pintados seguramente tendrá un impacto en cómo la gente incline su voto.

El único interrogante consiste en saber si los efectos económicos y monetarios que este desborde traerá aparejado ocurrirán antes o después de las PASO o, incluso, de la primera vuelta de las generales en octubre.

Si el gobierno lograra llegar con las variables del blue o de la sensación de precios en las estanterías más o menos controladas hasta la elección, resultará bastante difícil que un mensaje “institucional” sea suficiente para derrotarlo.

Lo mismo ocurrirá con la “gestión”, a la que muchas veces recurre Macri: apoyada en la seguridad de un electorado cautivo de los planes de asistencia, la presidente se dio el lujo de insinuar que su gobierno se apoya en la rigurosidad de los números, cuando, en rigor de verdad, no hay un solo número estadístico que haya quedado en pie y que haya resistido los aluviones del relato.

Cualquier ciudadano debería dejar de prestar atención ipso facto a cualquier elaboración oficial que tuviera su principal base de argumentación en “los números”: no hay uno solo de ellos que sea verdadero o confiable.

Pero mientras esos desaguisados no impacten en la vida cotidiana chiquita y con poquísimas ambiciones a la que los argentinos han sido acostumbrados, no tendrán una traducción electoral.

Habrá que ver cómo evolucionan estos hechos, esta lucha entre la historia de las “reelecciones” de los oficialismos, los recursos del estado y las consecuencias económicas en la Argentina.