Seguridad y poder político
Elena Valero Narváez
Historiadora, analista política y periodista. Autora de “El Crepúsculo
Argentino. Lumiere, 2006. Miembro de Número de la Academia Argentina de Historia.
Uno de los
rasgos predominantes de las personas que viven en las sociedades modernas es la
autonomía para decidir cómo serán sus vidas. Esta condición que exige
responsabilidad y libertad les permite tomar distancia de las imposiciones
sociales y criticar u oponerse al propio grupo tomando de este modo distancia
de la familia e incluso del Estado. Esta independencia frente al grupo supone,
también, cuando es extrema, conductas marginales que van en contra del orden
social, como la drogadicción, la vagancia,
y el delito.
En
Argentina, la fuga de tres delincuentes de alta peligrosidad, ligados al mundo
de la droga, episodio reciente, casi
novelesco, mostró claramente, que el orden social no está adecuadamente
sustentado como para sentirnos medianamente seguros y protegidos.
La
connivencia de algunos representantes de la fuerza policial, con delincuentes,
subrayó la perentoria necesidad de
perfeccionar el sistema político ya que, sólo éste, puede operar sobre las
arbitrariedades, no solo de la fuerza policial, sino también sobre las del
resto de la sociedad.
Hay mucho
por hacer. El Gobierno tiene la intención de mejorar, entre otras instituciones,
a la policía. Es un paso fundamental que haya decisión política para combatir
el delito.
Se está
mostrando el pus que provocó el kirchnerismo en más de diez años en el poder. Al
Gobierno le espera un arduo trabajo que debiera ser ejecutado por gente
extremadamente capacitada en el tema. No basta con buenas intenciones para eliminar lo viciado o
corrupto.
Se requiere
de un plan integral que no deje de considerar la normatividad como amenaza y la
Justicia como castigo que realmente se
efectivice. Las cárceles no pueden ser hoteles cinco estrellas sino
establecimientos que reeduquen a los presos para tratar de convertirlos en mejores
ciudadanos. Para ello, la frustración, es un componente inevitable. No puede olvidarse
que el orden se define por limitaciones y restricciones fijadas por las
sanciones que contienen las normas.
Desde el retorno
de la democracia ha sido desprestigiada la
función policial y su misión incomprendida, al relacionarla, desatinadamente,
con la represión de los 70. Se intentó disminuir las arbitrariedades,
humillando a la Fuerza y se obligó a sus hombres a no responder a los actos de
agresión, debilitando así, la acción
policial y la estructura de la violencia institucionalizada, en general.
Parte del
clima de inseguridad, que hoy se respira, fue resultado de un exceso de control sobre la
policía a la que se castigó más que a los delincuentes, provocando el aumento
de la violencia y el delito en la sociedad.
Se debe encontrar el justo medio
no otorgándole, tampoco, exceso de poder, lo que provocaría el efecto contrario:
aumentar la arbitrariedad policial.
Una característica
de la sociedad compleja es el aumento de
la dificultad de adaptación a la vida
social, justamente por lo que tratamos al principio de la nota. La mayor
autonomía, si por un lado permite no vivir esclavizados por convenciones o
prejuicios y el goce de mayores grados de libertad, por el otro, obstaculiza la internalización de normas y
valores que se realiza, en mayor grado, en la institución familiar cuando se
forma el núcleo de la personalidad. Al ser, por ello, el control interno de la
persona, más frágil, la policía se
vuelve fundamental en la procuración del orden social. No podríamos vivir sin fuerzas
de seguridad.
Los
argentinos debieran abandonar el pesimismo destructivo y comprender el papel
esencial y peligroso del policía quien diariamente
se juega la vida y la salud psicológica,
con sueldos miserables que promueven la
corrupción.
El Gobierno
macrista reconoce los conflictos, entre ellos el de la inseguridad; en el poco
tiempo que lleva en el poder no ha permanecido indiferente frente al tema. Hay
que esperar cómo se dispone a atacarlo, si los proyectos son buenos, regulares, o
malos y con qué gente y medios cuenta
para morigerarlos.
El Estado debe garantizar nuestra libertad, seguridad y
propiedad, como también la igualdad ante la ley. Hay que estar atentos y
colaborar, con apoyo o críticas constructivas, para que no equivoque el camino.
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