De las coaliciones personales a la coparticipación de gobierno
Javier Cubillas
Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Pasamos las elecciones presidenciales y estamos todos vivos. No ocurrió el fin del mundo ni tampoco se nos cayó algo semejante encima, ni tantas otras habladurías que nos maldecían si decidíamos en uno u otro sentido. Viendo entonces como todo siguen rutinariamente, que en buena hora se vuelve normalidad democrática, corresponde que podamos avanzar también en proponer una nueva perspectiva sobre lo que acontece hoy, transcurrido el primer trimestre de gobierno de cambiemos. Desde mediados del 2013 venimos hablando de las coaliciones personales –como categoría de análisis- que se venían conformado para la competencia electoral. Cambiemos resultó ser el gran ejemplo de todo esto. Pero ahora, esta coalición tomó posesión de las instituciones y ejerce funciones, conformandose así una nueva experiencia y categoría de análisis para nuestro laxo esquema analítico de instituciones y praxis de gobierno. Gracias a nuestro esquema representativo, repúblicano y federal que convalida entonces un sistema tributario multinivel, que además hace poco tiempo convalidó electoralmente también una suerte de competencia multinivel compleja y singular, vemos hoy una suerte de coparticipación de gobierno. Rara avis, para nuestra historia institucional. Coparticipación de gobierno entonces, es el ejercicio del gobierno multinivel que obliga al Poder Ejecutivo al cotidiano acuerdo de agendas entre los sectores mayoritarios en el congreso nacional, para que se encuentre un equilibrio y razonabilidad mayor en el uso de recursos y potestades locales y federales. Prueba palmaria de ello, ha sido la discusión por los DNU sobre el 15% que debe devolver la nación a las provincias y las negociaciones que se llevan a cabo para regular la situación y aprobar el tramite legislativo. Otras muestras claras, de agendas legislativas comunes entre los bloques mayoritarios son: La s leyes de reforma del sistema electoral, de traspaso de mandato, de derecho a la información pública, de regulación del lobby, de las audiencias de gestión de intereses, de asignaciones verdaderamente universales y sobre la necesaria nueva escala de ganancias y la reducción del déficit fiscal –ley de presupuesto- bajando progresivamente la emisión monetaria. Finalmente, si hay una serie de hechos que cierra esta idea de coparticipación de gobierno, que de algún modo vuelve más parlamentaria a la gestión del poder ejecutivo, es que ya no sólo el Jefe de Gabinete cumpliría regularmente con la obligación constitucional de dar informes sobre la marcha de gobierno sino que además, los ministros del ejecutivo se presentarían en las comisiones de las dos cámaras del Congreso Nacional, a los fines de buscar mayores consensos en materia legislativa y administrativa. Otra gran novedad política dado que no hay obligación legal de hacerlo. Creemos entonces que lo que aquí se denomina como coparticipación de gobierno sea el nuevo modo presidencialista de ejecutar el poder. Un modo más razonable, progresivo y efectivo, pero también ajustado al Estado Democrático, de base liberal y repúblicana.

 

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