Fundación Atlas 1853

¿Desarrollismo o economía de mercado?

Elena Valero Narváez

Historiadora, analista política y periodista. Autora de “El Crepúsculo Argentino. Lumiere, 2006. Miembro de Número de la Academia Argentina de Historia.

El gobierno del presidente Macri enfrenta una importante disyuntiva: seguir aguantando el peso del Estado o encarar una reforma estructural que tienda a fortalecer a la sociedad civil llevando adelante la erradicación de décadas de estatismo y estableciendo los principios de una sana economía, tanto local como internacional.

Las políticas estatistas del pasado significaron participación del Estado en las actividades económicas a través de la presencia de empresas estatales, de un creciente gasto público y de una generalizada regulación estatal de gran parte de las actividades económicas.

Vale la pena dar algunas cifras del período en que alcanzamos la hiperinflación. El cual, permite, a la vista de cualquier observador, como llevan al desastre económico las grandes empresas que crecen fuera del ámbito de la competencia, con enormes estructuras y abultados déficits. También a un enorme peso de la presión impositiva para financiar el gasto publico y como consecuencia nefasta, el peso de la burocracia sobre la iniciativa individual.

El gobierno del Dr. Alfonsín a quien, frecuentemente, se lo pone de ejemplo de buen gobierno, tuvo que renunciar, anticipadamente, a su cargo con el récord de aumento del índice de precios al consumidor en toda la historia argentina: 114,5 %. También se batió el record en precios minoristas 1472%, en los últimos 12 meses de gobierno, y mayoristas 1983,3%. El costo de la construcción durante los últimos doce meses creció 2.029,4 %.

Los canales de TV estatales tenían deudas por 70 millones de dólares.

El 36, 7 de los hogares del conurbano bonaerense se encontraba en situación de pobreza.

El dólar oficial al inicio de la gestión radical tenía un valor de 0,0193 australes, al final: 291 australes, o sea, un aumento de 1.507.672%. El dólar libre estaba a 0,0241 al inicio del gobierno y 550 al final, con un aumento, en la gestión alfonsinista del 2.282.058 %.

Estas cifras muestran que hay que cambiar el rumbo favorito, también, por la administración Kirchner, no solamente eliminando todo tipo de controles de precios y salarios, sino privatizando las empresas del Estado y desregulando las actividades laborales, las cuales impiden que seamos competitivos en los mercados internacionales. Volver al orden espontáneo de la economía suprimiendo todas las restricciones que la afectan, continuando por una reforma impositiva que promueva la iniciativa privada.

La privatización de bienes y servicios que la sociedad considera necesarios, pero que la impartición por el gobierno es costosa, ineficiente, y beneficia, inmerecidamente, a ciertos grupos, reduciría la demanda de programas gubernamentales, haciendo posible la reducción de gastos.

En comparación con la empresa privada, la empresa pública es menos dúctil a las condiciones de la oferta y la demanda y en general opera con costos más elevados, cualquiera que sea el nivel de producción. Además el sector privado tiene mejor información, las empresas privadas pueden declararse en quiebra por mal desempeño, las públicas no, tienen más burocracia, por lo tanto más corrupción y, generalmente, las salva de la quiebra, el Estado, con subsidios y prebendas.

Hay que bucear en los fracasos del pasado para no repetir: el Estado no debe seguir robando al asalariado fomentando la desvalorización de la moneda.

El descontento que genera la inflación proviene del Estado, el cual impide, a quien trabaja, autoabastecerse, violado su derecho de propiedad sobre la retribución de su esfuerzo diario, el salario.

El presidente Macri ha reconocido - no así, algunos funcionarios y periodistas, cuando culpan del aumento de los precios al empresario- admitiendo que quien genera inflación es el Gobierno mediante el gasto y su consecuencia, la depreciación de la moneda. Entonces su política debiera orientarse hacia la estabilidad monetaria como necesidad imperiosa para lograr progreso económico, estabilidad política, y sobre todo respeto por la persona humana.

El Estado debiera gastar recordando que todo déficit de presupuesto provoca inflación. La manera de evitarla es una economía de mercado, donde juega la iniciativa, confianza y energía individual, estimulantes de la expansión económica. No sirve una política desarrollista diseñada detrás de un escritorio que determina qué y donde invertir.

El Gobierno actual, a pesar de sus buenas intenciones, olvida que el éxito de su gestión económica debe estar impulsado por principios y valores éticos irrenunciables, cualquiera sea la situación que se le presente, sin improvisar, ni dejándose llevar por los acontecimientos. Estos principios y valores son los que tienen como estrella fija a la libertad no solamente política sino también, económica. Con ellos se alcanzó el progreso de la humanidad. Más lento o más rápido, para no ignorar la realidad, se debe avanzar, teniéndolos de guía. Son los que permiten a las personas, sin atarse a modelo alguno, responder a sus necesidades sin la coacción estatal, en el marco que provee la ley.