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La carrera política de Donald Trump ha sido atípica. El hombre de negocios que parece haber hecho de la expresión “make things happen” (‘hacer que las cosas sucedan’) el eje de su vida ha logrado sus objetivos y acaba de jurar como cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos de América.

Las frases muchas veces aisladas o sin profundidad que pronunció tanto el candidato en campaña como el presidente electo han producido y producen en el establishment y no pocos ciudadanos norteamericanos o de otros países una alarma lógica, ya que a veces toman una distancia excesiva de la prudencia, sobre todo cuando las relaciones internacionales, sutiles por las sensibles implicancias que tienen, son aludidas casi con desparpajo.

En principio, el magnate ahora Presidente parece ser keynesiano, proteccionista, aislacionista y, entre otras cosas, receloso del periodismo. A juzgar por sus dichos, aumentaría el gasto en grandes obras públicas de infraestructura, restringiría el ingreso de los bienes producidos en el exterior, estaría diseñando conferencias de prensas fuera de lo tradicional y, dilucidando sus no muy claras promesas o sus amenazas, frenaría al máximo el ingreso de inmigrantes. La pregunta, entonces, es si podrá hacer todo lo que pretendería o si el sistema de contrapesos y balances de la república estadounidense frenará cualquier potencial desvarío.

La Constitución de los Estados Unidos de América es un documento que diseñó un gobierno federal con poderes enumerados. En el contrato original, los gobiernos estaduales reservaron para sí la preservación de la vida, la libertad y la propiedad porque temieron que una burocracia federal que pudiera decidir en la materia fuera un peligroso poder final ilimitado.

En la actualidad, los Estados Unidos se encuentran en una situación comprometida porque la acumulación de poder que se temía ha esmerilado aquella doctrina de las atribuciones federales enumeradas. A modo de ejemplo —desgraciadamente los hay por miles— leyes como las Homeland Security Act (ley surgida como consecuencia del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001), han resultado una restricción cierta a las libertades individuales bajo el paraguas de la lucha antiterrorista. En materia económica y fundamentalmente desde Franklin D. Roosevelt otro tanto se ha avanzado sobre la propiedad y el dispendio del Estado. Como episodios que resaltan al respecto pueden citarse la derogación del patrón oro y el fin de la convertibilidad del dólar estadounidense durante la administración de Richard Nixon, o más recientemente, el propio programa de salud que impulsó Barack Obama. Esta situación de avance del poder federal suele ser denunciado por el “Libertarian Party” y, con sus más y con sus menos, ciertas corrientes políticas y de opinión como el “Tea Party”, que opera, paradójica y mayormente, en el seno del partido del Presidente Trump.

Ahora bien, más allá de la erosión del poder estadual y el consecuente crecimiento del poder federal, hay contrapesos reales a las decisiones del Poder Ejecutivo con sede en la Casa Blanca (o tal vez a partir de ahora la Trump Tower) que aún deberían funcionar para evitar cualquier debacle.

En la Constitución de Estados Unidos, la existencia de dos Cámaras en el Congreso significa que el Poder Legislativo es un contrapeso para el Ejecutivo, a la vez que constituyen un control mutuo. La Cámara de Representantes tiene su legitimidad en el pueblo y lo representa directamente. El representante suele estar atento a lo que “el pueblo dice”. Cada legislador se elige por distrito cada cuatro años y debe ganar la voluntad de su vecindario para alcanzar o renovar su banca.

El Senado es diferente. Su base de legitimidad está en los estados. Se eligen por seis años dos senadores por estado, independientemente de la cantidad de habitantes. Hasta 1913, los senadores eran electos por las legislaturas, pero a partir de la decimoséptima enmienda el pueblo participa directamente. Con esta reforma se buscó la voluntad del ciudadano pero, con los seis años de mandato se mantuvo la estabilidad del senador y una cierta independencia de los vaivenes de la opinión pública.

El Congreso es quien aprueba las leyes, lo cual sabemos casi todos, pero tal vez se escape que es quien administra “la bolsa”, es decir, aprueba los impuestos, el presupuesto y, consecuentemente, el gasto público federal. Es bueno recordar que la administración federal fue “cerrada” en dieciocho oportunidades porque el Congreso no aprobó los gastos del Gobierno federal. La última vez fue durante el Gobierno de Obama, el 16 de octubre de 2014, cuando no hubo acuerdo para financiar reformas a la política de salud.

Otra cuestión fundamental es que el Senado da acuerdo a nombramientos de ciertos funcionarios, los jueces federales y los miembros de la Corte Suprema. En el caso de la administración que recién termina, esa Cámara, dominada por los republicanos, impidió que Obama cubriera la vacante que el fallecimiento del juez Antonin Scaglia dejó en el Tribunal. Como vemos, el Congreso podría limitar a Trump.

El sistema judicial sufrió modificaciones en el curso de la historia de los Estados Unidos y la Justicia federal extendió su alcance. Es conocido por los juristas, y no pocos lectores más o menos ilustrados, el famoso caso de Marbury versus Madison. La controversia judicial tuvo origen en  una querella tras la elección de Thomas Jefferson como presidente y un trámite del saliente titular del Ejecutivo, John Adams, quien nombró a “último momento” cuarenta y dos jueces para el distrito de Columbia. Como el procedimiento necesitaba la firma del secretario de Estado y el saliente no la había plasmado, los nombramientos quedaron en suspenso. Al negarse James Madison, nuevo secretario de Estado, a convalidar lo resuelto en la gestión anterior, el designado juez William Marbury acudió a la Suprema Corte para que ordenara al funcionario la firma del documento. El caso resultó un dilema para los jueces del más alto estrado de la Justicia, pero la sabia decisión final, influida por el gran titular de la Corte John Marshall, fue que una sección de la ley judicial que otorgaba al alto Tribunal facultades para dirimir en la materia era inconstitucional. Con esa posición, la Corte Suprema instituyó el control de constitucionalidad de las leyes. Para resumir: el Ejecutivo puede proponer una ley que debe pasar por el Congreso —que obviamente también está facultado para legislar— y la Corte tiene la facultad de revisar si las iniciativas legislativas se enmarcan en lo que la Constitución prescribe.

El papel de la Corte en la materia ha sido muy rico y su papel fue fundamental en muchas oportunidades, en especial durante el New Deal del segundo Roosevelt. Aquí el nuevo Presidente podría encontrar un límite si los jueces consideran que sus propuestas no se ajustan a la Constitución.

Como se ha dicho, los poderes estaduales son otro poder que juega en el balance de las decisiones en los Estados Unidos. También podemos decir, con Alexis de Tocqueville, que la prensa es un poder que influye especialmente como freno al potencial desmadre del sistema. El gran pensador francés lo dijo así: “Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que a los bienes que realiza”. Esta arista del poder tal vez nos recuerde lo sucedido en el caso Watergate que llevó al presidente Nixon a la renuncia.

Otro factor que opera a pleno, muchas veces lamentablemente, es el del lobby. En este sentido debemos tener en cuenta que en los Estados Unidos está regulado por ley, pero significa una presión que busca imponer o frustrar decisiones gubernamentales.

Un artículo no permite explayarse y lo prudente es llegar hasta aquí, por eso se hace necesaria una conclusión final. Se dice que luego de lo que se llamaría la “Convención Constituyente”, alguien, tal vez un delegado, habría dicho: “Tenemos un sistema que puede soportar un bribón de tanto en tanto”. De ninguna manera sugerimos que la era Trump que ha comenzado implique que el Ejecutivo no estará a la altura de las circunstancias, pero, si acaso esa fuera la situación, el sistema político de los Estados Unidos podría contener los daños. Lo que estamos por presenciar será muy interesante, ojalá que la nueva administración se inspire en el espíritu de los padres fundadores no sólo respetando los sabios contrapesos de la Constitución, sino volviendo a las fuentes de libertad que hicieron grande a ese país e inspiraron a decenas de pueblos de diferentes latitudes.