Fundación Atlas 1853

Gasto, pobreza e inversión pública

Gabriel Boragina

Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Autor de numerosos libros, entre ellos: La credulidad, La democracia, Socialismo y Capitalismo, La teoría del mito social, Apuntes sobre filosofía política y económica, etc. como sus obras más vendidas.

Veamos, brevemente, uno de los mitos económicos mas difundidos de todos los tiempos. Aquel que dice que un mayor gasto estatal permitiría un menor número de pobres o -al menos- aliviar en un grado significativo la pobreza. ¿Qué hay de cierto en esta popular creencia, sostenida, incluso, por muchos economistas que posan de “serios”. Es su excelente obra, el fenomenal Henry Hazlitt nos explica que:

"Los economistas se han visto obligados a repetir una y otra vez que casi todos los pretendidos remedios de la pobreza se limitan a agravar el problema. Ya he analizado los verdaderos efectos de los ingresos garantizados y el impuesto negativo sobre la renta; las leyes de salario mínimo y las que aumentan el poder de los sindicatos; la oposición a la maquinaria que ahorra brazos; los planes para "multiplicar el trabajo"; las subvenciones especiales; el aumento del gasto público y de la tributación; los impuestos marcadamente progresivos sobre la renta y los punitivos sobre las ganancias del capital, las herencias y las sociedades; y el socialismo a ultranza»"^¹

En lo que nos interesa de momento, vamos a analizar -de toda la enumeración dada de los mecanismos que, en lugar de ayudar, agravan el problema de la pobreza- el relativo al gasto público.

Un mayor gasto no implica, de modo alguno, menor cantidad de pobres, sino que, en el mejor de los casos, mediante su operación se transfieren recursos de un sector a otro. Si el objetivo es “aliviar” la pobreza de cierto grupo de individuos, el gobierno no tendrá mas remedio para ello que detraer recursos de otro grupo. Si el PBI total de la nación es, por caso, de 100, y esta distribuido -hipotéticamente- entre el sector A y B en 80 y 20 respectivamente, y el gobierno decide redistribuir la riqueza -a fin de “suprimir” la pobreza- mediante el conocido artilugio de “quitarle a los ricos para darle a los pobres” procederá a extraer 30 a A y entregárselos a B, con lo cual en el sector A se empobrece a la gente en 30, y en el B se la enriqueció en la misma cantidad. Como se ve claramente, no se suprimió ni se disminuyó la pobreza como se declama habitualmente, sino que sencillamente se enriqueció a unos a costa de otros, y la acción del gobierno no puede hacer mas que eso, pero si puede hacer menos, evitando meterse en el asunto.

A la falacia “redistribucionista” se le suman otras:

“Al dejar para ulterior examen la maraña de sofismas íntimamente relacionados con la deuda pública y la inflación crónicas, habremos de dejar bien sentado a través de este capítulo que de una manera inmediata o remota cada dólar que el Gobierno gasta procede inexcusablemente de un dólar obtenido a través del impuesto. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta. Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del Gobierno. Cierto número de obras públicas —calles, carreteras, puentes y túneles, arsenales y astilleros, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos— son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Tales obras públicas, útiles por sí mismas y por tanto necesarias, no conciernen a nuestro estudio. Aquí me refiero a las obras públicas consideradas como medio de «combatir el paro» o de proporcionar a la comunidad una riqueza de la que en otro caso se habría carecido”^²

No esta de más, nuevamente, aclarar a nuestros lectores que, el gasto estatal no se reduce exclusivamente a las obras públicas. Este es -simplemente- un rubro de aquel, si bien puede ser un renglón muy importante del mismo. El autor estudiado ahora, parece asumir -en el párrafo citado- que las obras públicas sólo pueden ser encaradas por el gobierno, y -en esa linea- distingue entre dos tipos o clases de obras públicas (siempre estatales) a saber: aquellas que él llama “indispensables”, y otras que podrían ser denominadas “no-indispensables”, dentro de las cuales cita las destinadas a crear empleo por un lado, y, por el otro, aquellas dirigidas a generar riqueza.

Es bastante cuestionable, por no decir del todo inapropiado, equiparar los conceptos de “gasto público” con el de “inversión pública”. Técnicamente -como tantas veces dijimos- gasto e inversión no son términos sinónimos, ni siquiera equivalentes, aunque muchos economistas los empleen de esa manera. El vocablo inversión sólo puede -y debería- ser aplicado exclusivamente a la actividad privada, porque la misma noción comprendida en la palabra, connota -como mínimo- dos elementos, a saber: la propiedad privada de los recursos que se van a destinar a la inversión y, en segundo lugar, el riesgo que la acción de invertir conlleva en si misma. Toda inversión incluye el riesgo de su pérdida para el sujeto que invierte, y este sólo puede ser el propietario de los recursos en cuestión y no otro.

En esta linea de razonamientos, las erogaciones que el gobierno realiza a diario no pueden ser catalogadas de “inversiones”.

“Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la «economía planificada», acuden con tan encendido entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico. En el capítulo III, por citar un ejemplo, hicimos ver cómo la creencia de que las obras públicas necesariamente crean nuevos empleos es falsa. Si se obtuvo el dinero mediante impuestos, según allí se expuso, por cada dólar que el Estado gastó en obras públicas se invirtió un dólar menos por los contribuyentes en sus propias necesidades, y por cada empleo proporcionado mediante el gasto público se destruyó otra colocación en la industria privada.”^³

El gasto estatal no hace otra cosa que impedir el gasto privado. En rigor, es violatorio del derecho de propiedad, porque por medio de la fuerza (legal, pero fuerza al fin de cuentas) se detraen recursos del sector privado de la economía, lo que significa privar a sus propietarios de la libertad de decidir el mejor destino a dar a los mismos y -en su lugar- arrogarse el gobierno la facultad de ejercer dicha decisión.

1[Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. 252

2Henry Hazlitt. La economía en una lección. Edición digital. Pág 9-10

3Hazlitt, H.. La economía en una lección....Ob. Cit. Pág. 93-94