Fundación Atlas 1853

El costo del empleo ¨público¨

Gabriel Boragina

Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Autor de numerosos libros, entre ellos: La credulidad, La democracia, Socialismo y Capitalismo, La teoría del mito social, Apuntes sobre filosofía política y económica, etc. como sus obras más vendidas.

"El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional."[1]

Lo primero que hay que aclarar es una cuestión terminológica. En el tema, hay que hablar estrictamente -y en buen lenguaje- de empleo estatal y de empleados estatales o del estado, porque, en rigor, todo empleo (privado o estatal) es siempre público, porque se trabaja para satisfacer una necesidad, tanto propia (como la del empleado y su empleador) como del resto de la gente (el público), dado que el objeto de todo empleo es remediar una carencia, no solamente laboral sino -fundamentalmente- de consumo. Se trabaja para obtener un ingreso que permita consumir; y se venden bienes y servicios para que otros puedan consumirlos. Por lo que, con el trabajo se satisfacen necesidades públicas. No obstante, en el caso del empleo estatal, solo una de las partes se satisface: la del empleado.

"La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada."[2]

Concordamos con el criterio expuesto en el informe que estamos citando y comentando. La incidencia de la medida en el presupuesto nacional es ínfima. y -por lo demás- es absolutamente cierto que el empleo estatal es la perfecta excusa que han tenido y seguirán, sin duda, teniendo todos los políticos de todos los partidos. El empleo estatal es uno de los principales ámbitos que sirve de caldo de cultivo a actos de corrupción. Cabe recordar que el empleo estatal no es propiamente un empleo, sino que en rigurosos términos económicos no es más que un subsidio encubertó al desempleo. Porque el empleo genuino es el que se genera en el sector privado de la economía. En tal sentido cada nuevo "puesto" de trabajo creado en sector publico implicará inexorablemente cierta cantidad de empleo que se pierden en el sector privado de la economía. La diferencia entre unos y otros será el equivalente al subsidio.

"La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante."[3]

Es que ninguna norma va a resolverlo, porque no se trata de una cuestión que se solucione con leyes, reglamentaciones, decretos, etc. es decir, con más burocracia, sino que es un problema de incentivos económicos. El estado-nación (y por ende sus agentes-empleados) carecen de incentivos y de parámetros para producir. De hecho, el "estado" como tal no produce nada, los únicos productores son los contribuyentes, que son los que aplican su esfuerzo (mental y/o físico) a la elaboración de bienes y servicios con el objeto de obtener ganancias. Todo lo demás que pueda decirse al respecto es anecdótico.

"¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado? Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente:

· Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.

· Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más a precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.

· Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones."[4]

Costo de nombrar un empleado público con estabilidad

Esto nos da la pauta del descomunal gasto público que representa mantener un ejército de burócratas en todos los niveles, cuya única función es vivir del erario público. Esta vez el vocablo "público" si viene a propósito, por cuanto toda esta inmensa masa de empleados vive del resto del público que somos los que en definitiva solventamos sus vidas y pasares. Si se multiplica esta fenomenal cifra por la cantidad de empleados públicos existentes al día de la fecha se puede tener una noción del nivel de despropósito que existe en materia de empleo estatal y -proyectándonos- en el del resto de los rubros del presupuesto nacional, además del impacto negativo severo que estos guarismos producen en el gasto público total. Fundamentalmente, lo más grave es lo que apuntamos anteriormente, y que es que toda esta gente no produce absolutamente nada, sino que -por el contrario- se dedican a hacernos cumplir tramites administrativos inacabables y costosísimos que hacen pesar sobre las espaldas del sector privado de la economía.

"Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida."

El principio de la estabilidad del empleado público es un agravante al cuadro de situación ya descripto antes. No tiene razón de ser, porque no rigen las mismas reglas que se deben enfrentar en el sector privado donde la competencia implacable hace que debamos mejorar cada vez más nuestro desempeño ofreciendo más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. El sector estatal no está sujeto a estas reglas ¿cabe premiarlos además con estabilidad en sus asientos de oficina? En realidad, la presión existe en una doble dirección, porque el contratado por el gobierno presiona para quedar efectivo, y que el a fin lograr conseguir la efectividad en su puesto comenzará a presionar para no perderla. Se trata de un circulo vicioso porque ya sea en un sentido o en el otro la presión existirá.

[1] IDESA: "CADA NUEVO EMPLEADO PÚBLICO COMPROMETE $40 MILLONES”. 4 de febrero de 2018 – Número 742

[2] IDESA, Ibidem.

[3] IDESA, Ibidem.

[4] IDESA, Ibidem.