La clase política no comprende la magnitud de los problemas
Antonio Margariti
Asesor Económico de la Bolsa de Comercio de Rosario y autor
del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo
para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de
Rosario.
Muchos políticos, abrigados confortablemente en el gobierno o
atrincherados en una oposición cerril, están prolongando peligrosamente un
estado social de decadencia, inestabilidad, confusión y desorden.
Por su lado, los ciudadanos honestos
están fastidiados y hartos por la irrelevancia de los discursos políticos, la
acumulación de regulaciones ridículas, el permanente conflicto social y el caos
económico provocados por la inflación y la falta de medidas adecuadas.
Ello sucede porque nuestros
dirigentes piensan en pequeño. Sólo les mueve la angurria por conservar sus puestitos
y la desaprensión por las consecuencias de sus conductas. Por eso cometen
frecuentes yerros. Ahora han añadido una increíble dosis de ignorancia en los
criterios económicos racionales que les impide comprender: cómo
funcionan las cosas y qué significan
la estabilidad monetaria, los precios relativos,
el libre intercambio del mercado y el orden social de la libertad.
No se dan cuenta que pierden miserablemente el tiempo cuando sólo se dedican a modificar la
fórmula para actualizar jubilaciones, o anunciar el despido de familiares directos por nepotismo, o sancionar
leyes de retroceso tarifario, o utilizar el delicado tema del aborto para
distraer la atención, o especular con el éxito futbolístico en el mundial de
Rusia. Así las cosas no andan, ni van andar, el tiempo pasa y la vida se complica.
Es imposible reformar el país si
seguimos con 3.645.000 empleados
públicos; 1.432.000 jubilados que nada aportaron; 1.355.000 pensionados por
invalidez sospechosa; 10.232.000 planeros
sociales; y sólo 8.584.000 trabajadores privados
cotizantes incluyendo monotributistas y autónomos. Que nos digan cómo puede sostenerse
esta aberrante estructura laboral sin que el país entre en crisis.
Ahora, como en una bulliciosa salita
de jardín de infantes, piden a la directora del FMI que les diga cómo hacer las
cosas. Seguramente les exigirá objetivos sensatos: A) que reduzcan el déficit
de 7 puntos del PBI, donde cada punto representa u$s 4.950 millones; B) que coloquen un inviolable candado a la
emisión de papel moneda; C) que rebajen impuestos al ahorro, la producción y exportación; y D) que limiten las frivolidades del gasto en turismo
masivo y la fuga de dólares al colchón o las cajas de seguridad.
La exigencia es racional y efectiva. Si eliminan el déficit fiscal, conseguiremos recuperar el superávit de la
cuenta corriente porque ambos corren paralelos y uno produce al otro. Sólo así,
la situación económica interna podría
estabilizarse y volveríamos a crecer.
Para el conjunto de la clase política, el gran tema que se les atraganta
en la tráquea, consiste en reducir 20 puntos del PBI en gastos improductivos y cerrar
el enorme agujero de los intereses de la deuda pública, rebajando los impuestos
asfixiantes que ellos mismos subieron desde 1999 en adelante.
Excesivos gastos + altos impuestos impiden toda actividad noble y
productiva y su recorte no puede hacerse con medidas homeopáticas, frívolas, parsimoniosas, dubitativas
e intrascendentes.
Deben hacer profundas y enormes reformas estructurales que no podrán encarar
si no mejoran su capacidad intelectual y no vigorizan su voluntad política.
Pero una gran porción inteligente del pueblo debe comprenderlas, compartirlas y ayudar a
ponerlas en marcha. Son reformas fundacionales para recuperar el país que
fuimos y que estuvimos demoliendo desde hace 70 años con ordinariez demagógica
y leyes insensatas basadas en desvaríos
económicos.
Para arreglar Argentina hacen
falta decisiones de coraje, leyes contundentes y una dirigencia que sepa distinguir la
verdadera grieta que existe en toda sociedad civilizada. Deben diferenciar los
laboriosos de los haraganes, los responsables de los charlatanes, los
meritorios de los acomodados, los decentes de los corruptos, la buena policía
de los delincuentes, los inteligentes de los avivados, los frívolos de los
sensatos y los humildes de los soberbios.
Esas reformas estructurales, que seguimos
esperando con ansiedad y esperanza, pueden sacudir la decadencia y se resumen en la siguiente lista:
1°
Reglas monetarias simples, claras y fáciles de controlar por la sociedad.
2° Reemplazo de juicios laborales con abogados por un sistema de arbitraje con peritos de partes, sumarios, vinculantes, contundentes e inapelables.
3° Convenios por empresa y devolución al trabajador del arbitrio de su libre voluntad en los contratos de trabajo, cláusulas de despido, elección sindical, seguros de salud y sistema jubilatorio.
4° Derogación del estatuto docente con descentralización de la gestión escolar en Sociedades Escolares Autónomas (públicas o privadas) y su financiamiento mediante vouchers escolares en mano de los padres de alumnos.
5° Revisión completa de los beneficios jubilatorios y riguroso tratamiento a los que nunca hicieron aportes, a quienes falsificaron requisitos para pensionarse y a quienes gozan desmesuradas e inmerecidas rentas previsionales.
6° Reforma integral del sistema tributario reduciendo los 98 impuestos vigentes a muy pocos, con tasa plana, baja e igualitaria para personas físicas, negocios y sociedades, creando un único Organismo Federal de Recaudación.
7° Drástica limitación al nombramiento de empleados y funcionarios públicos reduciéndolos a un cierto número (10 por cada 1.000 habitantes) en cada jurisdicción según el último censo oficial demográfico.
8° Habilitación de planes de capacitación semestral en artes y oficios (como el TWI en USA) dentro de las empresas para entrenar millones de desocupados, planeros e informales, eximiendo de impuestos al trabajo a quienes los contraten.
9° Sanciones penales con afectación del patrimonio personal y familiar a los funcionarios que autoricen erogaciones públicas sin reducir los gastos cuando se produzcan déficits de ejecución presupuestaria.
10° Limitar el monto del presupuesto público al 25 % del PBI del año precedente, con equilibrio entre gastos e ingresos incluyendo intereses devengados de la deuda pública.
11° Dictado de una LEY DEL ORDENAMIENTO ECONÓMICO derogando toda norma legal o regulaciones que impliquen obstáculos legales y trabas administrativas a la expansión económica y la iniciativa privada.
12° Establecimiento de un timing perfectamente estudiado para proceder a la implantación progresiva o inmediata de cada una de estas reformas.
2° Reemplazo de juicios laborales con abogados por un sistema de arbitraje con peritos de partes, sumarios, vinculantes, contundentes e inapelables.
3° Convenios por empresa y devolución al trabajador del arbitrio de su libre voluntad en los contratos de trabajo, cláusulas de despido, elección sindical, seguros de salud y sistema jubilatorio.
4° Derogación del estatuto docente con descentralización de la gestión escolar en Sociedades Escolares Autónomas (públicas o privadas) y su financiamiento mediante vouchers escolares en mano de los padres de alumnos.
5° Revisión completa de los beneficios jubilatorios y riguroso tratamiento a los que nunca hicieron aportes, a quienes falsificaron requisitos para pensionarse y a quienes gozan desmesuradas e inmerecidas rentas previsionales.
6° Reforma integral del sistema tributario reduciendo los 98 impuestos vigentes a muy pocos, con tasa plana, baja e igualitaria para personas físicas, negocios y sociedades, creando un único Organismo Federal de Recaudación.
7° Drástica limitación al nombramiento de empleados y funcionarios públicos reduciéndolos a un cierto número (10 por cada 1.000 habitantes) en cada jurisdicción según el último censo oficial demográfico.
8° Habilitación de planes de capacitación semestral en artes y oficios (como el TWI en USA) dentro de las empresas para entrenar millones de desocupados, planeros e informales, eximiendo de impuestos al trabajo a quienes los contraten.
9° Sanciones penales con afectación del patrimonio personal y familiar a los funcionarios que autoricen erogaciones públicas sin reducir los gastos cuando se produzcan déficits de ejecución presupuestaria.
10° Limitar el monto del presupuesto público al 25 % del PBI del año precedente, con equilibrio entre gastos e ingresos incluyendo intereses devengados de la deuda pública.
11° Dictado de una LEY DEL ORDENAMIENTO ECONÓMICO derogando toda norma legal o regulaciones que impliquen obstáculos legales y trabas administrativas a la expansión económica y la iniciativa privada.
12° Establecimiento de un timing perfectamente estudiado para proceder a la implantación progresiva o inmediata de cada una de estas reformas.
Estos debieran ser
temas de debates y no las pequeñeces de discusión cotidiana que se suceden
entre el gobierno y la irracional oposición peronista.
Ha llegado la hora 25. Estamos
hartos de perder tiempo en bagatelas y necedades. Como dijera el rey hugonote
Enrique IV: ¡Argentina bien vale una misa!
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