Fundación Atlas 1853

Ecuador: Las empresas zombis

Gabriela Calderón de Burgos

Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.

La creación de empresas públicas tradicionalmente se ha justificado por las fallas de mercado que supuestamente el gobierno puede corregir. Los mercados son imperfectos pero los gobiernos lo son más todavía.

Ecuador hoy tiene 21 empresas públicas merodeando como muertos vivientes. Once de las veintiún generan perdidas que se financian año tras año del Presupuesto General del Estado. A diciembre de 2017 tenían 40.191 empleados. Las pérdidas acumuladas por las empresas públicas, solo en 2017, son de $1.875 millones.

No es mera coincidencia el mal desempeño de las empresas públicas y no es cuestión de cambiar la gerencia. El economista F.A. Hayek explicó que la competencia es un proceso de exploración y que esta surte mejores resultados mientras más personas participan en encontrar soluciones a problemas. En lugar de tener una sola empresa estatal buscando soluciones, es preferible tener un mercado sin barreras a la entrada y salida de empresas donde muchas personas lo puedan hacer.

Los burócratas de las empresas estatales tienen poco incentivo para reducir costos y mejorar la calidad de sus productos si de todas formas el próximo año el gobierno le asignará igual o mayor presupuesto. En cambio, las empresas privadas que compiten tienen que reducir costos y mejorar la calidad para poder sobrevivir.

Otro problema con las empresas estatales es la politización de su gestión. Se toman decisiones no para lograr la mayor rentabilidad posible sino para satisfacer en mayor medida algún objetivo del gobierno de turno. Por eso las empresas públicas suelen subsidiar la oferta a tal punto que ni siquiera cubrir los costos y luego no tienen plata para invertir en expandir la red de cobertura. Esto pasaba con la gestión estatal del agua en Guayaquil. Por eso, también, un cliente nuevo en una empresa privada es motivo de celebración mientras que en la pública lo lamentan.

Asimismo, vemos que cuando logran tener recursos que podrían invertir para llegar a más consumidores, suelen servir de caja chica para el gobierno de turno. Recordemos que entre CELECy CNEL le prestaron este año $450 millones al gobierno en lugar de realizar las muy necesitadas inversiones en expandir las conexiones a la red eléctrica. El entonces presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP) —Edisson Garzón— dijo que las empresas públicas deben “apoyar a la caja fiscal del Estado”.

Pero incluso las que generan ganancias no tienen razón de ser. En el caso de Petroecuador, por ejemplo, las ganancias las ha obtenido en condiciones monopólicas en la oferta de petróleo y en la comercialización de los más importantes derivados del petróleo. Así cualquiera.

Además, estas empresas han servido para propagar el modelo de clientelismo político que tanto daño ha hecho al desarrollo institucional del país desde que se descubrió el petróleo. Lejos de servir para sembrar la renta petrolera en inversiones que rindan frutos a largo plazo, las dos primeras bonanzas petroleras del país sirvieron para que distintos gobiernos expandan el gasto público, la corrupción y el despilfarro. Los medios públicos sirvieron como caja repetidora del gobierno más autoritario en la historia reciente del país.

Las empresas públicas no tienen razón de existir, deberían ser vendidas o liquidadas y sus servicios concesionados, según aplique el caso.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 5 de octubre de 2018 y en Cato Institute.