El Progresismo anarco-Macrista

Eitán Benoliel
La
omnipotencia de la patria, convertida fatalmente en omnipotencia del gobierno
en que ella se personaliza, es no solamente la negación de la libertad, sino
también la negación del progreso social, porque ella suprime la iniciativa
privada en la obra de ese progreso. El estado absorbe toda la actividad de los
individuos, cuando tiene absorbidos todos sus medios y trabajos de
mejoramiento. Para llevar a cabo la absorción el Estado engancha en las filas
de sus empleados a los individuos que sería más capaces entregados a sí mismos.
En todo interviene el estado y todo se hace por su iniciativa en la gestión de
sus intereses públicos. El estado se hace fabricante, constructor, empresario,
banquero, comerciante, editor, y se distrae así de mandato esencial y único,
que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones
que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente
dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo
mejor.
Juan
B. Alberdi (Obras completas, tomo VIII, p. 176/177).
Para
los pensadores clásicos, la función esencial del estado es la de proteger a
sus ciudadanos contra toda agresión interna y externa. El Contrato Social
de Rousseau, el Leviatán de Hobbes, así como Locke, Alberdi, y un sinfín de filósofos,
al analizar las razones que llevaron a la aparición del estado y justifican su
existencia, llegan a una conclusión en gran medida similar: Para salir del
salvajismo del estado naturaleza, los individuos se ponen de acuerdo en que se
requiere la existencia de una autoridad que haga de árbitro y mantenga el
orden. Caso contrario, se viviría en el caos de la anarquía donde por ejemplo, cualquiera
podría venir y matar a su vecino para quedarse con su casa, simplemente porque
le pareció buena idea. Entonces todos cedemos un poco de soberanía al estado
con tal de este actúe de moderador de la vida en sociedad, y garantice los
derechos individuales.
Uno de
los politólogos más importantes de la historia, Max Weber, consolida
esta línea de pensamiento estableciendo que la característica esencial y
única del estado es el monopolio de la violencia (o del uso de la
fuerza). El estado es el único autorizado a utilizar la coacción, y de esa
manera, garantiza a todos los integrantes de la sociedad que ningún miembro
utilizará la violencia contra otro, ya que en ese caso intervendrá el estado
-con el uso legítimo de la fuerza otorgado por el conjunto de los ciudadanos- y
reestablecerá el orden.
Posteriormente,
fueron agregándosele nuevas funciones al estado, ajenas a la original (“esencial
y única”) en las que, como bien dice Alberdi, obra como un concurrente
dañino de los particulares, por lo menos de acuerdo a la teoría económica y
política del liberalismo. Sin embargo, el Progresismo socialdemócrata considera
que el Estado debe asumir otras funciones fuera de la de mantener el orden. Debe
entonces “proteger a los vulnerables y a los más débiles”, como defiende
permanentemente el presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Ahora
bien, más allá de las diferencias económicas entre la teoría liberal y la
progresista, y saliendo de las discusiones en torno a cuál funciona mejor, hay
un problema mucho más grave: El progresismo muchas veces no solamente considera
a la regulación de los mercados, la búsqueda de la igualdad económica y la
justicia social, como funciones esencial del estado; sino que además niega
su primera función básica, por la que fue creado en un principio: la de
mantener el orden.
Así, la redistribución de la riqueza
y los derechos constitucionales de segunda y tercera generación (como se
los llama en lenguaje jurídico), como trabajo, educación, medio ambiente
limpio, y demás, se
vuelven la esencia del estado y son la razón de su existencia; y los de
primera generación son dejados de lado. El derecho a vida, a la libertad, a la
propiedad, así como las libertades de expresión y de circulación por el
territorio, entre otras, ya no son la prioridad del estado, como consecuencia
lógica de perder el monopolio de la violencia. El estado se vuelve incapaz de
garantizar seguridad a sus ciudadanos, y la vida en sociedad se vuelve caótica.
Por
ello es que es acertado hablar de Anarco-macrismo como movimiento
ideológico y político. El Presidente Macri no solamente ha aumentado los
impuestos, intensificado el castigo al sector privado, y aumentado la
intervención del estado en la economía; sino lo que es más grave aún: ha
promovido el garanto-abolicionismo judicial, denigrado a las fuerzas de
seguridad, y profundizado la destrucción de las fuerzas armadas.
El
protocolo anti-piquetes jamás se aplicó y se permiten a diario docenas de
cortes de calles que limitan el derecho a la circulación, no se reprime a los
manifestantes y activistas comunistas que destruyen la propiedad pública y
privada, mientras atacan verbal y físicamente a la policía y a las fuerzas de
seguridad. Se sigue recortando el magro presupuesto para las FFAA y se sugiere
eliminarlas o fusionarlas en una sola fuerza, alegando que la Argentina (con su
extensión territorial, sus reservas de recursos naturales, y reclamos
antárticos) tiene las mismas probabilidades de conflicto territorial y militar
de Costa Rica.
El
grupo terrorista mapuche RAM quema casas y vehículos en la Patagonia, ataca
poblaciones civiles, asesina ciudadanos
argentinos, violenta los monumentos de los fundadores de la Patria, pero no
parece preocupar al Presidente.
No se
combate al terrorismo con la dureza que se requiere, no se hace inteligencia,
ni se escucha a los servicios extranjeros tampoco. La ministra de seguridad
(que defendió el derecho civil a la portación de armas, y debió desdecirse a
los pocos días para mantener su cargo), se burló de las advertencias inglesas
respecto a posibles atentados en la Argentina, y a los pocos días se sufrió un
ataque terrorista en el cementerio de La Recoleta que de milagro salió mal y no
mató a nadie. Asimismo, este jueves último la PFA confiscó un arsenal de armas
perteneciente a dos seguidores de la organización jihadista Hezbollah. Y para
colmo de males, los grandes medios (cooptados por el progresismo, y por lo
tanto ultra-oficialistas) minimizan la gravedad de los hechos a través de
diversos eufemismos. Hablan de ataques anarquistas en lugar de atentados
terroristas, y de simpatizantes de Hezbollah, en lugar de fundamentalistas
islámicos.
A
pesar de carecer inteligencia criminal y contraterrorista, Macri decidió traer
varios miles de refugiados sirios, para estar a la moda europea y mostrar el
compromiso de la Argentina con la solidaridad y el progresismo. Incluso cuando
hay varios millones de niños argentinos en la pobreza pasando hambre, “lo que
vende” en la ONU y frente al mundo, es el niño sirio. Si bien el MI5 y el MI6
no pudieron evitar atentados en Inglaterra logrados gracias a la infiltración
de terroristas entre los refugiados sirios, la “moderna” y “avanzada” AFI sí
tiene la capacidad para prevenirlos.
Las
FFAA son tan poco importantes para este gobierno que jamás se declaró muertos
de forma oficial a los submarinistas (a pesar de ser imposible encontrarlos
vivos a esta altura), y jamás se declaró un día de duelo por ellos. Que no haya
habido una sola cadena nacional durante la desaparición del submarino, y que el
Presidente no esté hablando por ese medio a la población general luego de los
atentados terroristas de los últimos días, es de una enorme gravedad
institucional, ya que refleja el vacío de autoridad, y hace crecer el miedo y
el temor en la población. Si el nuestro fuera un país normal, el Presidente
haría uso de esa herramienta, para dirigirse a la población y llevarle tranquilidad,
asegurando que se está trabajando para neutralizar el terrorismo, pero nada de
eso ha ocurrido.
La bandera
de la diversidad sexual será izada en todas las escuelas junto a la de
Belgrano. Es decir, la bandera de un lobby político y movimiento ideológico
vale lo mismo que la insignia de la República que identifica a toda la Nación. Que
desde el gobierno se ataque a los símbolos nacionales como la Bandera es de una
profunda gravedad institucional, además de ilegal. (La fanática cruzada de
Macri contra la familia, la moral, y el cristianismo afectan la integridad
moral de la nación, pero no la integridad territorial, por lo cual será dejada
de lado en esta nota).
El
gobierno de Cambiemos no es anarquista en el sentido moderno del término,
porque al ser la igualdad económica un valor esencial de su plataforma, necesita
mantener un estado gigantesco en el plano económico. Sin embargo, Macri sí
es anarquista si se lo analiza a la luz de las teorías clásicas que
consideran funciones esenciales del estado a las de Seguridad, Justicia, y Defensa
Exterior. Max Weber, por ejemplo, lo consideraría un anarquista a Macri.
Al
haber debilitado estas características originales del estado, -más allá de
haber fortalecido las características económicas del estado, bastante
posteriores-, nos encontramos ante la presencia de un movimiento político e ideológico
anticonstitucional que puede ser resultar peligroso:
El Anarco-Macrismo.
Peligroso
porque sin Seguridad, Justicia, y Defensa exterior, no hay Nación posible.
El
anarquismo es la antesala de la tiranía. Ocurrió en 1829 y en 1976. En el
primer caso le pedimos a un caudillo bonaerense que restableciera el orden. En
el segundo caso recurrimos a la Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo del
poder.
Sería
una lástima repetir la historia, ya que la Constitución Nacional da margen muy
amplio a los gobiernos republicanos para que combatan al terrorismo, aseguren
las condiciones de seguridad, y enjuicien a los responsables. Como dice el
artículo 23:
En
caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el
ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se
declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la
perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías
constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la
República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso
respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la
Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
El
gobierno elegido constitucional y
democráticamente debe recuperar el monopolio de la violencia y restablecer la
seguridad y el orden, o la República estará en peligro serio de caer. Sería
muy ingenuo creer que la anarquía jurídica actual es sostenible en el tiempo.
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