¡Pobres victimarios!
Malú Kikuchi
Periodista. Conductora de "Cuento Chino" y "La Dama y el Bárbaro", radio El Mundo. Premio a la Libertad 2013, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
Dice el diccionario que
“víctima” quiere decir persona que sufre un daño o perjuicio a causa de
determinada acción o suceso. Del latín, “victus”, vencido. Ha sido vencido por
un victimario, es decir, aquel que por acción convierte a otra persona en
víctima. Tanto el victimario como la víctima, son sujetos que sufren o ejercen
violencia.
El siglo XXI es el
siglo de la tecnología. Se supone que todos los organismos del Estado se
manejan con computadoras, que los datos sobre las personas se cruzan entre los
organismos nacionales y reciben información de los países con los que estamos
relacionados.
Pero no siempre es así.
Si a esta falta de información, o de lectura de la misma, se le suman jueces
salidos de la escuela de Zaffaroni, abolicionistas del código penal (no son
garantistas, garantistas son los que respetan las garantías constitucionales),
el resultado es un trágico sainete rioplatense.
Rioplatense porque el
sainete fue un invento de las dos márgenes del Río de La Plata, no porque el
Uruguay carezca de sentido común. Ese privilegio es nuestro. Desde los
piqueteros que impiden que lleguen al trabajo a los que los mantienen con sus
impuestos, -y las calles no se cortan ni en La Habana ni en Miami-, los
victimarios tienen más derechos que las víctimas.
Una razonable ley que
intentaría terminar con los “barras bravas”, no es votada en el congreso,
dispuesto a defender a los delincuentes en contra de los hinchas auténticos.
Los victimarios de las canchas de futbol, son amparados por los que dicen
representarnos a nosotros, las víctimas. Y la Argentina no puede organizar un
partido por la Copa Libertadores.
El proyecto de ley
contra los motochorros, es otra ilusión del ejecutivo, que en un año electoral
no tiene muchas chances de ser aprobada en el congreso. Los victimarios se
siguen imponiendo a las víctimas y lo hacen desde el poder legislativo y casi
siempre desde el poder judicial. El ejecutivo no tiene la fuerza suficiente
como para imponerse.
Hablando de
motochorros, hechos. La semana pasada la policía detuvo a un uruguayo, Antonio
José Franco, en Boedo, con varios celulares robados. Franco tenía 3 condenas
previas y orden de expulsión del país. La jueza, a cargo del juzgado Nª 62,
Patricia Guichandut, lo liberó en menos de 24hs. Ha sido nuevamente detenido
robando, a razón de 9 a 10 celulares por día.
La misma juez liberó
hace poco a un colombiano, Jair Jurado Mora, que entró al país sin problemas a
pesar de estar condenado en el suyo por hurto, tráfico de armas y violencia
familiar. Este individuo a bordo de su moto, le arrebató el celular a una chica
que cruzaba la Av.+ La Plata, en Caballito. Detenido in fraganti. En menos de
48hs, la jueza lo multó con $ 700 (¡era todo lo que tenía!), una probation y: “pórtate bien”.
Quizás la jueza pueda
alegar que las leyes no le permiten dejarlos detenidos. Puede ser, todo es
posible en el país del absurdo desde hace tantísimos años. Pero señora jueza,
existe algo llamado sentido común, sin el cual alguien con la responsabilidad
de impartir justicia, no puede ejercer un cargo tan importante para con la
sociedad.
Ha llegado la hora de
poner las cosas en su sitio, las víctimas son víctimas y los victimarios son
victimarios. Eso de poner sobre los hombros de la sociedad que trabaja, paga
impuestos, mantiene a los poderes del gobierno (ejecutivo, legislativo y
judicial), la culpa de haber convertido en delincuente al delincuente, debe
terminar.
El delincuente que
infringe la ley, debe ser castigado. Es el victimario, el malo del cuento, el
lobo de Caperucita, y no es cuestión de empezar acusando a Caperucita de haber
entrado al bosque, de ir a visitar a la abuelita…Este disparate es lo que está
sucediendo en Argentina. El Consejo de la Magistratura debería revisar los
fallos de todos los jueces.
Los ciudadanos debemos
saber a quienes votamos para representarnos en el congreso. Personas con
valores que no tengan precio. Personas dispuestas a castigar a asesinos y
ladrones, no a fabricar leyes que los beneficien, mientras los ciudadanos son
víctimas de los malhechores.
Los delincuentes
libres, a sus anchas, los ciudadanos encerrados en sus casas, enrejados, con
cámaras, claves de advertencia, custodios privados (también mantienen a las
Fuerzas de Seguridad), aterrorizados, sin saber al salir de sus casas, si
volverán o no, o si lo harán sus hijos.
Ya basta, todo tiene un
límite. Es tiempo de evitar que haya víctimas y de encarcelar y/o deportar a
los victimarios.
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