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Pobre de la economía emergente que prometa lo que no esté preparada para cumplir, como lo demuestra el caso de Brasil. El gigante sudamericano pasó en muy poco tiempo de ser una gran estrella a estrellarse, cuando los inversionistas se dieron cuenta de que su tan promocionada transformación en un lugar donde el capital es bienvenido y bien tratado no era tal.

Las expectativas de los inversionistas parecen haber sido tomadas en cuenta por los legisladores mexicanos estos últimos días cuando una odisea política de alto perfil desembocó en un proyecto para enmendar la ley mexicana y abrir el sector energético a la competencia. Si bien el fin de semana se alcanzó un acuerdo dentro de la comisión del Senado encargada de redactar el borrador, un proceso de modificaciones el domingo y hoy podría alterar el proyecto de ley final antes de su votación en el pleno del Senado, programada para el día de mañana.

Desde que la flor brasileña empezó a marchitarse, los inversionistas en busca del próximo boom han estado fijándose en el socio más pobre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La independencia del banco central, la prudencia fiscal y la integración comercial con la región hacen que México sea atractivo. Pero lo que realmente les interesa a los inversionistas es la posibilidad de una gran transformación de la política energética, tal como prometió el presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Si México maneja correctamente la reforma de los hidrocarburos, creará un paradigma de inversión completamente nuevo para el país, impulsando su competencia y crecimiento. Pero si se equivoca, es posible que los mexicanos acaben tomando clases de samba.

El PRI y la oposición de centro derecha, el Partido de Acción Nacional (PAN), ya se han puesto de acuerdo sobre el concepto de abrir el mercado a otras compañías además del monopolio estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex. Sin embargo, el plazo de la comisión del Senado encargada de producir un borrador llegó y pasó el viernes por la tarde. Las negociaciones se estancaron conforme el PAN pasaba apuros para garantizar que el proyecto de ley aportara las normas claras que los inversionistas necesitan para comprometer su capital. "No importa la palabra, no importa si se llama licencia, permiso o concesión", dijo Francisco Búrquez, senador del PAN, según el diario mexicano Reforma. "Los inversionistas necesitan certidumbre", añadió.

No ha pasado tanto tiempo desde que el petróleo, el gas, la electricidad y los petroquímicos eran considerados patrimonio nacional mexicano que no podía ser tocado por nadie que no fuera el Estado sin cometer un suicidio político. Ahora, todos menos la extrema izquierda reconocen que México necesita capital privado fresco para explotar sus gigantescas reservas de crudo y gas y resucitar una industria estancada a la que el Estado le ha robado capital de reinversión.

El demonio siempre se ha escondido en la letra pequeña. Un intento de reforma durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón del PAN, entre 2006 y 2012, ofrecía a las petroleras una participación de las ganancias de los yacimientos. Pero cuando las inversiones no se materializaron, México aprendió que las compañías que asumen riesgos quieren la propiedad. La solución de la comisión del Senado es un anexo a la Constitución que, en esencia, elimina las barreras para que otras compañías además de Pemex puedan participar en la producción de hidrocarburos, y con ello, permitirles vender el petróleo que extraen. Petroleras en manos de inversionistas también podrán contabilizar un flujo de caja de las reservas, lo que pueden utilizar para recaudar dinero en los mercados de bonos.

"Artículos transitorios" adjuntos al proyecto fijan los términos para implementar la ley, que debe quedar completada en 120 días. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la izquierda, quiere aplazar el tema hasta febrero. Peña Nieto sería un ingenuo si permite semejante demora. De hecho, el avance que parece estar al alcance de la mano no puede llegar en un momento más oportuno.

Peña Nieto ya ha tenido problemas al respaldar una reforma fiscal que aumentará el costo de hacer negocios en México y la economía es débil. Alberto Ramos, de Goldman Sachs, proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas 1,2% para 2013. En una nota de investigación de fines de noviembre, Ramos escribió que anticipa que la economía se expanda 3,3% en 2014 y 3,8% en 2015. Estos niveles están muy por debajo de las tasas de crecimiento que permiten que países como Chile y Perú reduzcan la pobreza, al atraer capital extranjero.

Incluso la expansión estable moderada a largo plazo de 3,6% que Ramos prevé para México debe ser "respaldada en parte por mejoras de la competitividad impulsadas por la reforma". Uno tiembla de pensar en lo que pasaría si las promesas de reformar la política energética se quedan cortas.

México entiende esto, o al menos así parece, aunque el proyecto de ley propuesto no es perfecto. Los "panistas" querían pero no consiguieron la plena independencia de la entidad encargada de administrar los contratos. Lo que es más preocupante es que los hidrocarburos seguirán siendo un sector "estratégico". Dicha designación preserva un peligroso poder discrecional para el Estado en los mercados locales de petróleo, gas y petroquímicos.

Si los políticos del PRI son reacios a comprometerse con una reforma completa del mercado, tal vez sea porque se centran en los costos que implica para el partido ceder el control estatal. Tal como expresó George Baker, un analista de Houston especializado en la industria petrolera, en un informe a sus clientes: "el gobierno —bajo su propio riesgo— ha mostrado poco interés en remodelar el relato energético nacional". Tal vez, a modo de inspiración, el presidente del PRI debería leer los periódicos brasileños.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 9 de diciembre de 2013.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011