Fundación Atlas 1853

Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: otro salvavidas de plomo

Pablo Guido

Economista y politólogo. Miembro del Consejo Académico de Fundación Atlas. Premio a la Libertad 2011.

No es necesario buscar datos desde mediados del siglo XX para registrar el proceso de decadencia que sufrimos.

Analicemos lo que sucedió en la última década en nuestro país. La economía argentina hace 35 trimestres que está estancada en el mismo nivel de actividad (IV trimestre 2010-III trimestre 2019). En dicho lapso la población creció aproximadamente un 10%, por lo que nuestro PIB per cápita cayó en esa magnitud en los últimos 9 años.

En las dos últimas gestiones presidenciales la inflación acumuló un incremento por encima del 1.000%, promediando un aumento anual del 35%. El empleo privado, en el mismo período, cayó en 65.000 puestos de trabajo y el empleo público aumentó en 650.000 personas). Inclusive los trabajadores autónomos se redujeron en 16.000.

La cantidad total de empleo registrado, público y privado, pasó de 10,9 millones a 12,1 millones (+10,8%). Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA los pobres en el país aumentaron, entre 2010 y 2019 del 28% al 40%.

¿Cuál es una de las explicaciones de este fracaso en términos de crecimiento, creación de empleo genuino y mejores condiciones de vida?

Recordemos que para que los ingresos de las personas se incrementen tiene que haber mayores niveles de producción per cápita, que a su vez son posibles mediante una mayor inversión por persona. En otras palabras, para generar un proceso de crecimiento es necesario que se inviertan más recursos por habitante.

¿Qué sucedió en la última década en nuestro país? Si lo medimos en dólares la inversión total ha disminuido un 21%: en el tercer trimestre del 2010 la “formación bruta de capital fijo”, según el INDEC, fue de U$S 70.000 millones (anualizada) y en el tercer trimestre de este año de U$S 55.000 millones. Dado que la población empleada, tanto en el sector público como privado, aumento casi 11%, podemos concluir que la inversión per cápita se desplomó en los últimos 10 años casi 30%.

Conclusión: como cada uno de los trabajadores tenemos dos tercios de equipos y máquinas con los que contábamos hace 10 años entonces nuestros niveles de productividad son significativamente menores. Por lo tanto, los ingresos por trabajador son menores.

Ahora la pregunta clave: ¿por qué los niveles de inversión por trabajador se redujeron casi 30% en los últimos diez años?

Nadie que esté proyectando perder dinero invierte. Invierten los que tienen expectativas de generar una ganancia. Y en la Argentina esas expectativas son cada vez menores: la mayor presión tributaria, los altos costos laborales, las altas tasas de interés que hacen que el costo de financiamiento sea sideral, una economía cerrada que no permite adquirir bienes y servicios a precios internacionales, el entramado regulatorio que hace casi imposible el esfuerzo emprendedor, y niveles inflacionarios desorbitantes, son algunas de los principales factores que provocan la falta de inversiones.

Es en este contexto que el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado envió al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (que ya es Ley), que no hace más que profundizar el problema. Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional para los próximos cuatro años lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria (acompañada en simultáneo con una reducción del gasto público para no aumentar el déficit fiscal), menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

¿Cuáles son los principales puntos de la ley recientemente aprobada el pasado 20 de diciembre en el Congreso?:

1) La declaración de la emergencia en nueve áreas (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social), permitiéndole al gobierno no tener que recurrir al Congreso para aprobar cambios en dichos sectores.

2) Impuesto del 30% a la compra de pasajes al exterior y de gastos con tarjetas en otros países.

3) Ratificación del cepo cambiario e impuesto para la compra de dólares para atesorar.

4) Suspensión de aumentos tarifarios durante seis meses.

5) Suspensión del mecanismo de actualización de jubilaciones y pensiones por 6 meses, reemplazándose por aumentos trimestrales por decreto.

6) Pago de un bono de suma fija en diciembre y enero para jubilados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de la AUH.

7) Aumento de las cargas patronales.

8) Suspensión de la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas.

9) Aumento de las alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales, permitiendo la aplicación de tasas hasta un 100% mayor para bienes registrados en el exterior. Además se congela el valor del mínimo no imponible.

10) Faculta al gobierno a incrementar las retenciones a las exportaciones y a disponer que el sector privado realice un incremento salarial (ya se publicaron los decretos presidenciales aumentando retenciones y obligando a las empresas a incrementar salarios).

11) Disponer la compra por parte al Banco Central de letras en dólares emitidos por la tesorería nacional, por un valor de U$S 4.500 millones.

12) Se incrementa la tasa de estadística para las importaciones.

13) Se aumenta el impuesto sobre los automóviles.

Como podemos observar la ley recientemente aprobada en el Congreso tiene como objetivos aumentar los ingresos y reducir los gastos, para mejorar la posición del resultado fiscal primario. Por el lado de los ingresos vía un aumento de la carga tributaria, continuar con el control de cambios. Por el lado del gasto público:

1) se supone que la suspensión del mecanismo de actualización de las erogaciones previsionales se hizo con el objetivo de reducir dicho gasto (45% del presupuesto nacional), si bien no se conoce cómo será el nuevo criterio de ajuste ni sobre quiénes recaerá el mismo;

2) incremento del gasto vía el pago del bono a jubilados, AUH y empleados públicos;

3) no está claro si la suspensión de aumentos tarifarios de los servicios públicos significará un aumento de subsidios a las empresas o serán estas las que financiaran la medida. Además le impone al sector privado mayores costos a través de un aumento de las cargas patronales y un incremento (vía decreto) de los salarios. Los aspectos positivos de la nueva ley son la supuesta mejora en el resultado primario de las cuentas públicas y la moratoria tributaria para las pymes.

Vale agregar que adicionalmente nos vamos a encontrar con un incremento de la carga tributaria a nivel provincial, dado que se suspendió el cronograma de rebajas de impuestos provinciales que se había acordado en el Consenso Fiscal 2017. Por lo tanto, las legislaturas provinciales estarán habilitadas para realizar aumentos en las alícuotas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos. En Neuquén dicho incremento en las alícuotas ya fue aprobado por la Legislatura provincial el 20 de diciembre.

Como podemos ver, el paquete de medidas económicas que por ahora lanzó el gobierno nacional no mejora la competitividad de las empresas argentinas, castiga al ahorro y las exportaciones, genera menores incentivos a contratar empleados en blanco, y ajusta los haberes reales de los jubilados que cobran por encima del mínimo (en principio). Así, la salida de este contexto económico de estancamiento y falta de creación de empleo, que ya lleva diez años, sigue siendo un escenario de muy baja probabilidad.

Publicado en Río Negro: https://www.rionegro.com.ar/ley-de-solidaridad-social-y-reactivacion-productiva-otro-salvavidas-de-plomo-1218417/