Pandemia, excusa perfecta para normalizar nuestro desorden
Ariel Corbat
Abogado (UBA), republicano, unitario y liberal. Coautor de "Uso y abuso de las corbatas" y "Teoría romántica del derecho argentino" (El Himno Nacional como expresión de la Norma Hipotética Fundamental). Brindó servicios en la Secretaría de Inteligencia desde 1988 hasta su renuncia en 2012. Escribe en el blog La Pluma de la Derecha". 



"Cuando las leyes de carácter fundamental se violan impunemente por los que mandan o por los que obedecen, la enfermedad no está en su texto, sino en el organismo material y moral de la sociedad en que ellas rigen". 
Dr. Juan Francisco Seguí
Constituyente 1853/1860
Tanto la Constitución Nacional como el Código Penal y otras leyes, contemplan eventuales crisis desde el punto de vista de la seguridad, porque es esencial para el Estado y el orden de la Libertad conservar en toda circunstancia el monopolio de la violencia. Hoy garantizar la seguridad interior es vital para que la epidemia del coronavirus se mantenga enfocada en su faz médica, pues se trata de un proceso sin plazo y de evolución incierta con factores variables.
De por sí una situación de pandemia genera miedo y confusión, dos cosas que pueden complicar todavía más el cuadro y derivar en actos de barbarie. Especialmente en un país como Argentina, dañado en sus instituciones, degradado en su cultura y con miseria intelectual. Compréndase que Alberto Fernández, quien dice presidir un "gobierno de científicos" pero exhibe en su muñeca izquierda la superchería de una cinta roja con la que adscribe al pensamiento mágico, se conduce en forma errática y desprolija. No es un líder republicano y mucho menos un estadista, es apenas un mascarón de proa navegando a la deriva con un ministro de salud que subestimó el riesgo del coronavirus.
Sin embargo mantiene al ministro en el cargo. Entonces: ¿Gobierno de "científicos" o de sujetos que deciden por "creencias"?
En países ordenados, aquellos que honran sus constituciones y viven tal como fueron pensados, cualquier crisis implica una gran preocupación de sus gobiernos para volver a la normalidad. En países como Argentina, en cambio, es la excusa perfecta para normalizar el desorden. 
Nada excita tanto a la casta política como la emergencia que da vía libre a la excepcionalidad; donde ni siquiera tienen que hacer La Gran Manzur, esa farsa con la que sonríe Sabina Frederic de poner alguno a fingir que oye para hacer lo que se les cante...
EL MODELO JAPONES
Una población acostumbrada al cumplimiento de la ley y consustanciada con sus instituciones desarrolla respeto por la autoridad desde un fuerte sentimiento de pertenencia (Japón, por ejemplo), lo que le confiere disciplina para atravesar malos momentos. Eso, a todas luces y con sobrada evidencia no es el caso argentino. Tanto no lo es, que Alberto Fernández, en lugar de mostrar la serenidad con que debe gobernar y gobernarse un Presidente de la República, ante el energúmeno que incumpliendo la cuarentena agredió a un guardia de seguridad salió a boquear: "Estoy buscando donde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo".
Evidencia desconocer su rol institucional y salta, otra vez, el matoncito de cuarta que vimos pechar a un viejo en un bar.
Nicolás Márquez sugiere recordar al "profesor de Derecho" Fernández que el presidente sólo puede decidir la detención de personas bajo estado de sitio. Y en efecto, para casos de conmoción interior, el Art. 23 del texto constitucional prevé la suspensión de las garantías constitucionales. Ese recurso extremo habla de la conciencia de realidad y claro pragmatismo de los constituyentes. 
Por su parte el Código Penal en su Capítulo IV Delitos contra la salud pública contempla la posibilidad de epidemia. Según el Art 202: "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas". 
Y luego, consecuentemente, en el Art. 205 recurre a una norma penal en blanco para garantizar se acate la prevención; nótese aquí que, para tipificar la conducta, remite a otra norma que puede no ser una ley:
"Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
Sin embargo, Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense que además es médico, como si fuera facultativo de él decidir a quién perseguirá la fuerza policial o no, dijo públicamente que "el Ministerio no va a perseguir a la gente que no cumpla con la cuarentena". Fernández guardó hacia el cristinista Berni el mismo silencio pusilánime que hacia Diosdado Cabello. Como vemos, es vicio común de los funcionarios tomarse atribuciones que la ley no les confiere. 
Cabe advertir que aunque el final a la propagación del covid-19 está abierto, pese a la irracionalidad e incoherencias de este gobierno en caos, del caos, por el caos y para el caos, llegará el día después. 
Meditemos hasta entonces la cita del inicio en las palabras del orador de la Constitución Nacional Juan Francisco Seguí, y quizás logremos librarnos de dos enfermedades, dado que entonces la cuestión seguirá siendo: vivir como se piensa o pensar como se vive.


Publicado en La Prensa.
 

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