Libertad para elegir la educación
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.



La pandemia está provocando una crisis educativa, que golpea más a los países en desarrollo. Las alternativas para intentar paliarla deben de partir del supuesto de que la inmensa mayoría de padres actúan para darle lo mejor que pueden a sus hijos y siempre teniendo en mente su seguridad. Esto nos debería llevar a considerar opciones que le den más libertad para elegir a los padres acerca de la educación de sus hijos.
No podemos continuar con una política pública que ignora la realidad de que muchos padres demandan diversas modalidades educativas y están actuando para obtenerla. Los costos de la educación interrumpida no afectan a todas las familias por igual —un niño en Monte Sinaí sufre un costo superior al de un niño que vive en la Vía Samborondón.
Es falsa la disyuntiva entre la salud y la economía, así como ahora lo es aquella entre la salud y la educación. Las personas tienen una impresionante capacidad de cooperar y adaptarse a las circunstancias cambiantes si se les da la libertad para hacerlo. Así lo han hecho muchas empresas que han retomado actividades y no hay razón por la cual las instituciones educativas, especialmente las particulares, no puedan hacerlo. 
No estaría bien obligar a todos los niños y adolescentes a re-tomar la educación presencial, pero tampoco está bien obligarlos a tener educación virtual todo el año. Mientras las autoridades lucen paralizadas, los padres de familia —de todo nivel económico— se están organizando alrededor del país para darles una educación a sus hijos.
Por ejemplo, Dennise Toala y su prima Jenny ayudan a 30 niños de entre 5 y 12 años con sus tareas debajo de un árbol en la Cooperativa Realidad de Dios en Monte Sinaí. Todo empezó con la iniciativa de Denisse y los padres de sus alumnos, y ha recibido ayuda de Hogar de Cristo y el Municipio de Guayaquil. En la Cooperativa Janeth Toral Beatriz Menoscal asiste con tareas a 42 alumnos de entre 6 y 17 años. Su herramienta, un celular. En Las Pajitas, Manabí, Celinda Bernal da clases al aire libre a 18 niños. En las zonas rurales de Los Ríos varios padres invierten $5 a la semana en tarjetas de recarga para que sus hijos se puedan conectar. En estos emprendimientos las medidas de bioseguridad y la preparación de quienes imparten la enseñanza puede que no sean lo óptimo, pero son lo que sus clientes han encontrado más convenientes.
Lo lamentable es que el Ministerio de Educación que tiene planteles educativos en notable abandono, le costará a la sociedad $2.908 millones este año para ofrecerle a sus clientes cautivos un servicio que requiere ser complementado con recursos propios —para trasladarse a recibir las fichas educativas, tener una conexión de internet, materiales impresos y acompañamiento para la realización de las tareas. 
Nadie debería ser obligado a aceptar una situación que no le conviene, peor aún si esta implica asumir costos adicionales. El gobierno debería darle más libertad a los padres para decidir acerca de la educación de sus hijos, financiando a los estudiantes en lugar de un sistema. Esto se podría lograr mediante la creación de bonos escolares que le permitan a los padres llevar sus dólares para la educación de sus hijos a aquellas instituciones o maestros que mejor resuelvan su necesidad de educación.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 17 de julio de 2020 y en Cato Institute.


 

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