No hace ni deja hacer
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.




James Tooley, el vicecanciller de la Universidad de Buckingham y quien ha dedicado décadas a investigar las escuelas privadas de bajo costo alrededor del mundo, recientemente declaró:
“Algunos padres no quieren que sus hijos vuelvan a clases…es decisión de ellos…pero muchos otros padres quieren que sus niños vuelvan a clases…el sistema que tenemos es uno…en el que las instituciones son dirigidas para beneficio de personas que proveen el servicio —esto es los profesores y los burócratas de la educación, no para el beneficio de quienes llamaríamos los clientes —esto es, los padres y los estudiantes”.
Tooley se refería al sistema educativo del Reino Unido, pero bien podría estar hablando del sistema educativo de la mayoría de países. El sistema educativo estatal suele estar diseñado de tal manera que los gobiernos subsidian un sistema donde se impone el mismo menú para todos los clientes. Si estos no están contentos, tienen escasa posibilidad de hacer que los profesores o administradores de estos colegios les rindan cuentas. Adicionalmente, este sistema no le permite a los padres y estudiantes elegir el tipo de educación que quisieran para sus hijos: religiosa o laica; metodología tradicional o alternativa, etc.
Otro problema de nuestro sistema educativo es aquel señalado por el escritor indio Gurcharan Das: “Uno de nuestros mitos es que la educación solamente debe ser provista por el gobierno si esta va a servir al bien común. De manera que, las escuelas privadas son toleradas basadas en, primero, la mentira hipócrita que les prohíbe reportar una ganancia, cuando todos sabemos que la mayoría de hecho la genera y, segundo, que el Estado las encadena con un ‘Licence Raj; para asegurar que se comporten”.
Pero la manera más certera de asegurar la mejora en la calidad de la educación es darles a los padres el poder de votar con los pies portando sus dólares de un bono escolar a la institución que le provea a sus hijos la educación que consideren más conveniente.
Poner a los padres y estudiantes al mando es algo que siempre tuvo sentido, pero lo tiene mucho más ahora que la modalidad de educación se ha vuelto de crucial importancia. Hay múltiples razones. Por un lado, los políticos no quieren hacerse cargo de esa decisión. Por otro lado, está la cuestión de la imposibilidad para el sector estatal de garantizar el distanciamiento social y la proximidad al domicilio que demandan muchos padres ahora que por la pandemia quisieran evitar que sus hijos tomen transporte público o estén expuestos al contacto con centenares de estudiantes.
Convendría que en lugar de imponer una misma solución a todos, el gobierno le otorgue un bono escolar a los padres que deseen que sus hijos accedan a opciones alternativas. Muchos padres ahora se ven obligados a incurrir en gastos adicionales de su bolsillo para poder acceder a la educación en línea provista por el Ministerio o a prescindir de ella. 
En la situación actual, el gobierno no hace ni deja hacer. Si los padres tuviesen libertad para elegir la educación de sus hijos, se acabaría el poder de los sindicatos de maestros, se verían obligados los colegios estatales y sus maestros a competir con sus contrapartes del sector privado. Los padres y los estudiantes serían los reyes del sistema.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 24 de julio de 2020 y en Cato Institute.

 

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