El impuesto a la riqueza en el país (cada vez) más gravoso del mundo
Matías Olivero Vila
Abogado y Contador. Socio del Estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi.



En línea con nuestros artículos anteriores sobre el “impuesto a la riqueza” (“¿Otro Impuestazo en el País más Gravoso del Mundo?”, “¿Cuál es el punto de partida de Argentina para aplicar otro impuestazo?” y “¿Por qué millones de argentinos están en contra de un impuestazo si no les aplicaría?”), en el presente nos referiremos al proyecto recientemente enviado al Congreso. Dejaremos de lado cuestiones de denominación, características y argumentos constitucionales en contra de su aplicación (confiscatoriedad, retroactividad, capacidad contributiva, igualdad, etc) para centrarnos en tres cuestiones: (i) si la Argentina está “habilitada” o tiene margen para crear otro impuesto, (ii) cuál es el contexto fiscal en que este proyecto es presentado, y (iii) qué es lo que nos espera o puede hacerse ante la actual realidad fiscal.

Recapitulando
En el primero de tales artículos y en otros publicados en Doctrina Tributaria de Errepar realizamos ciertas reflexiones a partir de la investigación anual “Doing Business” (www.doingbusiness.org) del Banco Mundial. La conclusión principal es que en el ranking de “imposición total” (“total tax rate”), la Argentina –dejando de lado al ignoto Comoras- figura prácticamente último (puesto 189), con un porcentaje del 106%.




Esto significa que en el ‘caso testigo’ tomado como base, los impuestos totales argentinos (numerador) se consumen todas las utilidades antes de impuestos (denominador) y también parte del capital. Nuestro país lleva seis años en el último puesto y más de una década con porcentajes superiores al 100% (entre 106% y 137%). Ese último puesto mundial es el punto de partida o marco general de cualquier discusión fiscal en Argentina. Toda propuesta, proyecto o  recomendación fiscal debe analizarse desde ese preciso lugar.
Para que no queden dudas sobre la valoración que el Banco Mundial hace de la faz cuantitativa de nuestro sistema fiscal, la calificación en una escala de 0 a 100 puntos, ha sido “0,0” (cero coma cero). Adviértase la gravedad de lo que acaba de leerse. El Banco Mundial, asesorado por más de mil tributaristas de 190 países (11 de Argentina, del sector público y privado) y por una decena de firmas legales y contables internacionales, con revisión del informe final por los funcionarios de cada país, incluido los de Argentina, han llegado a esa calificación nula para nuestro país en cada uno de los años desde hace más de una década. Gravísimo.

¿Qué nos dice que un país sea calificado “0,0” sobre 100 puntos por más de una década?
Tomemos la siguiente analogía: un alumno de una carrera universitaria obtiene en su registro de calificaciones un “0,0” de promedio anual, a lo largo de una década. Lo que esa facultad le estaría diciendo a través de esas notas es algo así como “mire, Fulano, Ud. no está para esta carrera; no tiene méritos para estar en esta facultad; esta sucesión de ceros es peor que ‘malas notas’, es no existir académicamente; Ud. no califica como alumno”.  ¿Estamos de acuerdo? 
Pues bien, lo que el Banco Mundial le está diciendo a nuestro país con esa calificación “0,0” es que con ese grado de carga fiscal, la Argentina no tiene algo que merezca denominarse “sistema tributario”. Y, después de más de 10 años, también que no ha tenido la capacidad de dictarse normas propias de un sistema fiscal (sistema tributario y, su otra cara de la moneda, el gasto público). Esto ha sido así porque, en su creciente voracidad fiscal, los legisladores y gobernantes de turno han ido progresivamente perdiendo las líneas de los principios tributarios y constitucionales que rigen en la materia. Aquellos flejes desaparecieron, con ellos se fue la razonabilidad de nuestro sistema fiscal y pasó a inundarse de confiscatoriedad a través de sus actuales 165 impuestos (fuente: IARAF). Y si este impuesto a la riqueza es sancionado serán 166 y seguiremos contando.   
Por tanto, concluimos que, como en el caso del alumno, tal calificación de “0,0” sobre 100 puntos es una suerte de “certificado de inhabilidad fiscal” para Argentina emitido por el Banco Mundial para dictar lo que el resto del mundo entiende como “sistema tributario”. Y también en el sentido de una inhabilidad moral para seguir elevando alícuotas y creando impuestos, de cualquier tipo, aun bajo las crisis más profundas. Porque el país ya agotó desde hace años y se excedió en extremo en su potestad tributaria. Por lo que esta crisis de la pandemia, con máximas penurias, especialmente en los sectores más necesitados, expone como nunca la mala praxis fiscal.
La cuestión de la hiperfiscalidad de Argentina no tiene que ver con la visión de país del gobierno de turno. Porque si la visión fuera que “queremos tener una economía competitiva y parecernos a los países de la Región que mejor les ha ido en la última década” (como lo sostenía el gobierno anterior), tenemos que la carga fiscal en esos países según el Banco Mundial ronda el tercio de la que tiene Argentina (Perú con el 37%, Paraguay con el 35%, Chile con el 34% vs. Argentina con el 106%). Si la visión fuera otra, bien opuesta, “queriendo ser un país comunista”, tenemos que la de China es el 59%, rondando la mitad de Argentina.  Y si la visión fuera la de querer ser un país populista, nuestros políticos tendrían que hacer considerables esfuerzos para llegar a tener el 73% de carga fiscal de Venezuela (entre las más gravosas del mundo), dado que Argentina la excede en casi la mitad de aquélla.
Si tener 106% de carga fiscal fuera positivo para un país, otros países la tendrían. Sin embargo, allí estamos en el barrio de +100%, solos desde hace seis años, luego que Burundi, Sierra Leona, Congo, República Centroafricana y Gambia dejaran dicha zona entre 2010 y 2014, vía reformas tributarias; sin haber Argentina crecido durante la última década, mientras otros lo han hecho a causa de una carga fiscal sustancialmente inferior.
Conclusión: cualquiera sea la visión de país que se tenga para la Argentina, sobra la carga fiscal y con creces.  Por lo cual, existe una “zona de imposible desacuerdo” donde nuestros políticos de los tres niveles (nacional, provincial y municipal), cualquiera sea la extracción y visión que tengan, no tienen razones ni excusas para no reducir sustancialmente la carga fiscal sobre el sector formal de la economía. Por lo menos, dando un primer paso para equiparar a los países más gravosos del mundo “normales”. Y después veremos si podemos dar otros pasos para ir integrándonos al mundo tributario promedio.

Entonces, ¿cuál es el contexto actual en que se ha presentado el proyecto de impuesto a la riqueza? ¿Hay margen para que Argentina sancione otro impuesto más?
No sólo no estamos ‘aspirando’ a dar ese primer paso, sino que en estos dos últimos años hemos agravado aún más la situación de tener el sistema tributario (cada vez) más gravoso del mundo. 
Si bien la imposición total del “Doing Business” se calcula sobre el caso testigo de una empresa, las conclusiones no serían distintas si se eligiera un caso de patrimonio personal. Argentina también terminaría en la zona del último puesto, con su alícuota máxima del 2,25% (bienes en el exterior), calculado sobre base bruta. Ya hemos dicho en anteriores que el caso de España, único aparentemente similar con el 2,50%, por distintas razones técnicas es menos gravoso. Y los otros países de la OCDE y de Sudamérica que aplican impuestos patrimoniales (Suiza, Noruega, Colombia y Uruguay) tienen alícuotas muy inferiores y se aplican sobre una base neta.
Entonces, el siguiente es el contexto en que se ha enviado el proyecto de impuesto extraordinario al Congreso:
(i)            un país que tiene el sistema tributario más gravoso del mundo, calificado desde hace más de una década con un “0,0” por el Banco Mundial; lo cual tiene que ver con el impuesto a la riqueza porque muchos de sus 12.000 potenciales contribuyentes son accionistas o altos directivos de empresas cuyo patrimonio a ser gravado es el resultado de un flujo que tuvo que pasar previamente por ese “filtro fiscal”;
(ii)           un país que ya tiene uno de los impuestos más gravosos del mundo sobre el patrimonio (2,25%), por lo cual, considerando la alícuota máxima del 5,25% del potencial impuesto a la riqueza, se llegaría hasta a un exorbitante 7,50%, sumadas las alícuotas máximas de ambos impuestos, calculados a la misma fecha;
(iii)          una crisis por la pandemia donde una porción considerable de los potenciales 12.000 contribuyentes son accionistas que están sufriendo las graves consecuencias en sus grandes y medianas empresas, con reducciones sustanciales en las ventas y con problemas para el pago de salarios;
(iv)         una crisis por la pandemia que muestra en su otra cara que, con gran parte de la administración pública cerrada durante medio año, no se ha aprovechado para bajar el gasto público, con salarios que se siguen pagando normalmente a empleados que en su gran mayoría no han estado trabajando;
(v)          un éxodo hacia el exterior de muchos contribuyentes, sin precedentes, especialmente de los 12.000 potenciales contribuyentes; resultando paradójico que mientras Francia derogó el impuesto patrimonial en 2017 por haber sido la principal causa de la migración de más de 10 mil franceses con sus U$40 mil millones de patrimonio total https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-28/france-s-wealth-tax-has-driven-10-000-people-abroad-pm-says, afectando a la economía del país, la Argentina va en sentido contrario y con triple golpe fiscal al patrimonio: aumento de alícuota de 0,25% a 0,75% por el gobierno anterior, a 2,25% por el gobierno actual y hasta un total de 7,50% si este proyecto es sancionado; una alícuota multiplicada por 30 en menos de dos años; y 
(vi)         cuando aún no se había presentado este proyecto, un anuncio –con idas y vueltas - de una próxima reforma tributaria general que no conllevaría baja de impuestos sino que sería aún más progresiva.
En suma, el ‘certificado de inhabilidad fiscal’ del Banco Mundial en su máxima expresión. Por ello, antes de analizar los argumentos en contra de la aplicación del eventual impuesto extraordinario, hay una cuestión previa: el “mundo” nos dice que nuestro sistema fiscal no tolera –desde hace años- un solo impuesto más. Y, menos aún, uno de este tenor y en este contexto.   

Finalmente, ¿quiénes son los destinatarios del ‘certificado de inhabilidad fiscal’?  ¿Qué puede hacerse?
Ya algo anticipamos en artículos anteriores, el Banco Mundial realiza sus rankings en base a las normas de cada país. Así, los principales destinatarios son los poderes normativos, es decir los miembros del poder legislativo, poder ejecutivo y autoridades fiscales de turno (todos en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal). En distintos grados, son los responsables por comisión, por haber actuado en violación de una sana política fiscal y de los principios básicos constitucionales y tributarios.
Pero también hay responsables por omisión, como el poder judicial, dado que si se hubieran puesto suficientes límites y en forma oportuna no se hubiera llegado al último puesto fiscal.
Y, para reflexionar, cabe analizar el rol que el sector privado (empresariado y profesionales) ha tenido y va a tener ante esta realidad fiscal.  Es cierto que este sector no está para dictar la política tributaria; pero también es cierto que hasta ahora ni unos ni otros hemos logrado que nos den razón a la hora de plantear problemas, reclamos y propuestas de tipo fiscal, especialmente los referidos a la cuantía de la carga tributaria.
Al respecto, esta dramática realidad fiscal que estamos viviendo puede ser mirada desde dos puntos de vista.
El primero, desde un pesimismo sin igual. Parecen no haber más evidencias para ello: desde hace años, un último puesto fiscal mundial; ayer, un par de reformas fiscales que agravaron la situación (a fines de 2018 y 2019, por ambos gobiernos); hoy, este proyecto de impuesto a la riqueza que provoca un éxodo fiscal sin precedentes, especialmente de los representantes más productivos; y mañana, una anunciada reforma tributaria aún más progresiva, para así terminar de redondear nuestra insana realidad fiscal.  Frustración sin límites. 
El segundo, desde un optimismo proporcional y apalancado en esta dramática situación. Si nunca tuvimos tantas evidencias, también es cierto que nunca tuvimos tantas razones para actuar en consecuencia, una inédita posibilidad de transformar semejante frustración en acciones positivas. Primero, el sector privado tiene la oportunidad de liderar la concientización de esta realidad en todos los sectores y niveles de la sociedad. Segundo, es esperable que la justicia reaccione con mayor firmeza, consistencia y en forma oportuna ante semejantes violaciones constitucionales. Y tercero, aquellos sectores políticos más racionales (incluso dentro del oficialismo), los que están de acuerdo en tomar medidas pro inversión para sacar a Argentina adelante ante tantas recurrentes crisis, tienen la oportunidad y obligación de hacerse oír con el peso de sus fuertes argumentos.    
Aldous Huxley decía que lo importante “no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede”.  Así, nuestro destino como personas, como grupo, como país depende –digamos- un 10% de lo que nos sucede y un 90% de lo que nosotros hacemos con aquello que nos sucede.  El 10% es el “último puesto fiscal”, incluyendo este proyecto de impuesto a la riqueza.  El 90% es lo que nosotros como sociedad vamos a hacer con ese último puesto, a corto y largo plazo. Este porcentaje está por escribirse. Y el envío de este proyecto –cualquiera sea su suerte- es la oportunidad y el detonante para ponerse manos a la obra y empezar a escribirlo.
 
 
 

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