Fundación Atlas 1853

La grieta no es un artificio

José A. Sánchez

Miembro del Consejo de Administración de Fundación Atlas. Actuario, UBA. MBA, The University of Chicago.

Recientemente La Nación publicó una nota titulada “¿Por qué no un decálogo anti-polarización?”[1] cuyo propósito es la promoción de reglas de interacción tendientes a atenuar el creciente grado de confrontación que afecta a nuestra sociedad. Obra de dos profesionales especializados en establecer atmósferas adecuadas de diálogo, el artículo abunda en propuestas formales a aplicar en nuestros intercambios con el fin de morigerar la rispidez de los mismos y así evitar costosos enfrentamientos. Debo admitir que me sentí interpelado por el mismo, lo cual es claramente un mérito, y quiero explicarme.

No obstante, la solvencia profesional de los autores el abordaje propuesto parte del supuesto, común entre aquellos que se han manifestado públicamente en contra de la grieta, que el problema reside en rasgos de carácter, estereotipos y pasiones de los bandos en disputa. De algún modo los autores miran esta discusión como si se tratara de una disputa entre chicos por las virtudes relativas de dos cuadros de futbol. Esto es, una discusión cuya naturaleza impide a priori establecer la verdad y por lo tanto resulta en un intercambio donde todas las posiciones, en la medida que sean lógicamente consistentes, son igualmente válidas. No hay dudas que si Ud. está dispuesto a pelearse con su cuñado porque este es incapaz de reconocer las evidentes ventajas del color azul respecto del verde el decálogo anti polarización propuesto por los autores reduce dramáticamente las chances que se digan y/o hagan cosas de las que es difícil volver atrás.

Tristemente el problema es de una índole bien diferente.

Para presentar mi punto de vista me quiero concentrar en la experiencia ética a nivel personal.

Voy a dejar de lado el responsabilizar a nadie en particular sobre la introducción y perfeccionamiento del encono como forma habitual de hacer política a partir de identificar un enemigo, preferiblemente incapaz de defenderse, para crear identidad política.

Tampoco diré nada sobre el estrepitoso fracaso de nuestra Justicia en hacer su tarea que no es más que determinar que es justo de acuerdo a nuestras leyes, bancarrota institucional que crea un vacío que fuerza a los particulares a tomar posiciones basadas en su interpretación de la realidad sin poder apoyarse en el juicio ecuánime y verosímil de quienes la sociedad sostiene precisamente para eso.

Desde allí digo.

Asumiendo plenamente mi condición de habitante de un lado de la grieta trataré de explicar porque, lejos de ser un problema de formas, estamos frente a una divergencia ideológica profunda, cuyas consecuencias serán tan serias como profundo sea el compromiso de las partes en pugna con sus ideas.

Descontadas todas las anécdotas, contenidos todos los recursos retóricos , suspendida la evaluación de toda cuestión donde resulten opinable los hechos en discusión y otorgada plenamente la suposición de buenas intenciones y mejor fe al otro lado queda un núcleo de desacuerdo irreductible, que no puede ser obviado so pena de alterar partes centrales del andamiaje ético con que enfrentamos la vida y demoler pilares irreemplazables del credo republicano en que se basa nuestra concepción de ciudadanía.

Se trata de nuestra valoración de actos concretos ocurridos, repetidos hasta construir un sistema, en el pasado reciente e, igualmente, de nuestra actitud frente actos concretos en trance de ejecución vinculados con estos. Hechos nítidos, desnudos, claros y distintos. Hechos, a tal punto evidentes que la línea de defensa inicial de sus protagonistas no ha sido negarlos sino, en lo político naturalizarlos, y en lo procesal buscar que el tiempo extinga toda acción efectiva mediante reemplazos de magistrados y ampliaciones infinitas del proceso de instrucción, procedimiento ajironado post elecciones con la búsqueda directa de jueces convenientes para lograr la reivindicación legal plena de la acusada principal.

La evolución del gobierno en sus primeros 10 meses de gestión no deja lugar a dudas acerca que el principio básico que organiza su agenda es la reivindicación legal de la vicepresidenta respecto de delitos con consecuencias económicas nefastas para el erario público ocurridas durante sus 2 periodos presidenciales e inspiradas en un modus operandi inaugurado y perfeccionado por su esposo desde que el matrimonio alcanzó el poder en la provincia de Santa Cruz en 1995. Es claro que dicho objetivo reivindicatorio solo puede lograrse reorganizando y disciplinando el poder judicial involucrado en su juzgamiento. Es igualmente evidente que el éxito de ese proceso involucra la destrucción de la independencia de la justicia y por ende el fin del sistema republicano de gobierno vigente.

Los hechos: Los Sauces, Hotesur; bolsos con dólares en un convento; montañas de dólares en la Rosadita, el enriquecimiento alucinante de Lázaro Báez, el crecimiento de Cristóbal López desde la expansión del juego hasta la apropiación del impuesto a los combustibles, el espectáculo de coimas sistemáticas registrado en los cuadernos y admitido por los partícipes empresarios, los secretarios privados multimillonarios, Rio Turbio, Once y continúan las firmas.... La lista es mucho más larga y conforma un itinerario obsceno que ha sido exhibido ante la opinión pública con tanta nitidez que negar su existencia está más allá de los poderes humanos.

Los hechos están frente a todos con la masividad de una catedral en un descampado. Si obviar su existencia es imposible entonces la diferencia entre nosotros debe buscarse en qué hacemos con ese conocimiento. Nuestra posición al respecto es lo que nos diferencia. Al día de hoy hay solo dos respuestas posibles: promover el debido proceso por los delitos cometidos o el indulto disfrazado de proceso legal.

La primera respuesta se basa en la creencia que todos debemos someternos a las leyes o no hay convivencia con libertad posible. La respuesta pro indulto se funda en atribuir poder redentor a la supuesta acción en favor de los desposeídos (versión creyente) o a la necesidad de asegurar la gobernabilidad (versión cínica) posturas que resultan en poner a la acusada más allá de la justicia.

Con toda claridad en una instancia se preserva el orden constitucional vigente, en su alternativa, independientemente de la versión, se lo destruye.

Este desenlace binario no era evidente para algunas almas bellas en ocasión de la elección pasada. Intelectuales y miembros notorios del círculo rojo esperaban que el triunfo del candidato instantáneo produjera una síntesis peronista/kirchnerista que, reduciendo a la señora a un rol secundario, no obstante, su condición de principal accionista del engendro electoral, hubiera hecho posible un pacto de silencio con su sector homólogo en el mundo de Cambiemos, generando tal vez, las condiciones ambientales para un indulto parcial o total implícito. Un brillante negocio para todos, donde dirigentes que son rémoras del pasado serían reemplazados por una nueva generación de mejores estadistas dispuestos a mirar el futuro sin la mochila del pasado.

Todo lo contrario, ha sucedido.

Al cabo de 5 meses de Kirchner ismo explícito y transmutación presidencial los términos del contrato imaginario no pueden ser negociados, diluidos, maquillados, administrados o gestionados.

La dama ha reclamado la agenda, su partido se la ha otorgado sin condiciones y desde allí se ha lanzado a la reivindicación de su persona, que solo puede obtenerse mediante la destrucción del orden republicano. De día, sin falsos pudores y a tambor batiente. Con la mirada fija en el objetivo, desdeñando distracciones laterales como la destrucción de la economía, la gestión sanitaria, la explosión de la pobreza, todos ellos shows menores cuya existencia será discutida o simplemente negada el día después de la apoteosis.

La grieta es una zanja muy profunda y ancha como para esperar que la cortesía, el control de la respiración, la aplicación de técnicas de mediación y las apelaciones al diálogo creen, siquiera, el espejismo de un puente. Se trata de la manifestación concreta de estas dos actitudes frente a hechos que, en última instancia, nadie disputa. Es pura y simplemente un choque frontal de valores.

Es importante agregar que la intensidad en la confrontación no proviene exclusivamente de razones de principios, sino de anticipar sus consecuencias lógicas que son pavorosas.

Impunidad obtenida a expensas de demoler la república significa que el Poder triunfante está sobre ley, que nuestra vida se desenvuelve sujeta a sus caprichos y nuestra libertad se ha transformado en un favor que puede ser revertido discrecionalmente.

La impunidad no es un paso para ir por todo. Es haber conseguido todo.

No debemos consentirlo.

[1] “¿Por qué no un decálogo anti-polarizacion?”, Gaston Ain; Bautista Logioco. La Nación, 24 de septiembre, 2020.