Protección, redistribución y pobreza
Gabriel Boragina

Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Autor de numerosos libros, entre ellos: La credulidad, La democracia, Socialismo y Capitalismo, La teoría del mito social, Apuntes sobre filosofía política y económica, etc. como sus obras más vendidas.





Seria exacto decir que no es posible saber cuan protegida esta una persona por el gobierno y la cuantía de los impuestos que sufrague no es ningún indicativo que permita orientarnos en dicho sentido. La experiencia de nuestro tiempo nos permite aseverar sin temor a equivocarnos que aun las personas y empresas que abonan los más altos impuestos no parecen estar más protegidos que los que tributan menos.
Tampoco es posible determinar en qué consistiría dicha protección más bien por el contrario cuantos más impuestos hay y más caros son los que deben tributarse resulta claro que no puede hablarse de protección del expoliado, su grado de desprotección crece cuando el ladrón estatal toma cada vez una mayor parte de su propiedad (en dinero o en especie, es indistinto el modo de pago).
La menor experiencia en el tema indica que los gobiernos se blindan a sí mismos tratando de cobrar siempre los impuestos más altos posibles, con lo que al ingresar fondos a sus arcas resultan fortalecidos, lo que significa que su autoprotección crece, a la vez que, sus expoliados están cada vez menos protegidos, porque sus propiedades están pasando paulatinamente a manos de los burócratas vía impuestos.
"Más adelante prosigue el mismo tratadista diciendo que: Si tenemos necesidad de avaluar la ventaja relativa que cada uno obtiene de la protección del gobierno sería necesario verificar quien es el que sufrirá más con el retiro de la protección: entonces será necesario reconocer que los que, por su naturaleza o posición, son los más débiles de espíritu, serán los que tendrán más que perder... "[1]
Nuevamente, es bastante difícil saber de qué habla el citado. Pero el discurso sigue girando en torno a una supuesta "protección" del gobierno que también -imaginariamente- brindaría a las personas. No hay tal. En la práctica, los gobiernos -sin romanticismos pueriles- suelen otorgar protección a las siguientes personas a saber:
  1. Los titulares y miembros del gobierno.
  2. Los familiares y amigos (íntimos o no) de los gobernantes.
  3. Los dirigentes del partido gobernante.
  4. Los mandos intermedios del partido.
  5. Afiliados al partido y simpatizantes.
  6. La gente de escasos recursos por motivos de puro clientelismo electoral.
Fuera de estos casos, es muy difícil -sin pecar e ingenuo- hablar de que los gobiernos dan "protección" a otras personas diferentes de los seis grupos enumerados arriba.
En cuanto a los "débiles de espíritu" que según el autor serian "los que tendrán más que perder" no se puede comprender a quienes se refiere.
"Si hay alguna justicia en la teoría que examinamos, los que son menos capaces de ayudarse y de defenderse están entre aquellos para quiénes, la protección del gobierno les es más indispensable, debiendo pagarla más cara: esto sería justamente lo contrario del ideal de la justicia distributiva que consiste en reparar, no en imitar, las desigualdades y los errores de la naturaleza…"[2]
Tratando de echar luz a todo este palabrerío rebuscado, caben estas interpretaciones ¿Quiénes son esos "menos capaces"? ¿los pobres? Si es así, no se ve de que deberían "defenderse" porque si son pobres no son ningún negocio para los ladrones, porque si son pobres ¿Qué podrían sacarles los ladrones a los pobres? Al ladrón le interesa el rico, no el pobre, porque es al primero del que puede obtener mejor provecho, y esto aplica tanto al ladrón particular (que roba con armas) como al ladrón estatal (que roba con impuestos).
Los pobres son pobres porque los gobiernos son ricos, o porque prefieren vivir en la pobreza. No existen más que estos dos motivos para la pobreza. En el primer caso el gobierno no les da protección, sino que -como indicamos- se las quita. En el segundo, ellos mismos renuncian a protegerse de la pobreza buscando trabajo.
En Argentina, como en otros países, los pobres -en su mayor parte- prefieren vivir medrando las dadivas de los gobiernos que, en el curso de los tiempos, han tenido diferentes nombres (planes sociales se les dice últimamente). No son más que subvenciones, subsidios, ayudas o como se les quiera llamar, que provienen de los impuestos que el gobierno expolia al sector productivo de la economía. Muchos de esos subvencionados cobran en "ayudas sociales" del gobierno más que numerosos empleados del sector formal e informal de la economía. Para "proteger" al subsidiado el gobierno debe desproteger a los que más producen, a los verdaderos generadores de riqueza: los empresarios. A esto se le ha llamado populismo, el gran mal de nuestra época.
"Partiendo de la base de que se debe reclamar a cada individuo un sacrificio igual, debemos investigar si este principio sería aplicado en el caso de que cada uno diera la misma proporción por ciento cíe sus rentas. Un gran número de personas sostienen que no, diciendo que el que da la décima de una pequeña renta sufrirá más que el que da un décimo de una gran renta: es sobre esta aserción que ha sido fundada la idea del impuesto progresivo."[3]
El problema no es tanto lo que se da sino lo que se pide o -mejor dicho- se exige o -como en el caso del impuesto- directamente se toma. Al revés de lo que hacemos todas las personas que no ocupamos posiciones de poder político, los burócratas fijan su presupuesto en función de los gastos pasados, presentes y futuros que proyectan realizar, y una vez que tienen aprobado ese proyecto de gastos por otros burócratas que también viven de él (el congreso o parlamento, según los casos) entonces establecen en igual o mayor número los impuestos necesarios para cubrir esos gastos.
Esto es como si -por ejemplo- un empleado de una fábrica o empresa sumara todos sus gastos mensuales o anuales (pasados, actuales o proyectados), y con su resultado le exigiera a su empleador los aumentos de sueldos respectivos. Sabemos que ningún empleado puede hacer eso, como ningún empresario puede mediante el mismo mecanismo añadir todos los costos de sus insumos y de sus proveedores para luego subir los precios de sus productos. Sólo el gobierno tiene ese privilegio auto arrogado por esos mismos burócratas que se beneficiarán del mismo. Y lo ejercen siempre.
 
 


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.
[2] Goldstein, M. ibidem.
[3] Goldstein, M. ibidem.
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