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Con el objetivo puesto en atraer divisas extranjeras y cuidar la mesa de los argentinos, el Gobierno nacional continuó esta semana aplicando su vieja receta: mucho de anuncios, mezclados con presiones indirectas o directas sobre el sector y poco, o mejor dicho nulo, diálogo.

A esta estrategia se sumó una ya antiquísima fórmula, que se mencionó varias veces durante los momentos más álgidos del conflicto por la escasez de trigo. Se trata de un proyecto de ley para reponer la Junta Nacional de Granos, una iniciativa de la senadora del Frente Para la Victoria Silvina García Larraburu.  

“No es una idea descabellada pensar en retomar políticas que apuntan a garantizar el usufructo social y acorde al interés nacional del sector que provee históricamente las divisas a nuestro país”, señaló la legisladora, que se propone con esta idea “preservar los dólares a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos en el pago de deudas y títulos”.

De aprobarse el proyecto, la junta estará autorizada a realizar las investigaciones necesarias para comprobar que no se viole normativa alguna relativa a la producción, comercio, e industrialización de granos y subproductos, e incluso podrá formular las denuncias pertinentes.

Lo curioso (en realidad, ya no sorprende) es que el oficialismo elabora propuestas sin hablar con los principales protagonistas. Y lo peor es que tampoco “dialoga” con su propio pasado, porque de hacerlo se daría cuenta que en sus decisiones está la metida de pata. Esta opinión personal también la comparte Luis Miguel Etchevehere, quien contó en La Hora del Campo que para frenar los aumentos de hacienda en pie de Liniers ‘representantes’ del gobierno presionaron a  para que nadie compre. De ahí el deseo del dirigente de que en estos dos años que quedan de gobierno  “Aprenda de los errores”.

Mientras tanto, las empresas cerealeras calmaron la ansiedad del gobierno al comprometerse a ingresar de dólares en febrero. La noticia se conoció desde la misma cuenta de Twitter del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien luego de la reunión que mantuvo con el ministro Kiciloff y agentes de la Cámara de Cereales, expresó: “En base a la estabilidad cambiaria y a las proyecciones derivadas del flujo de exportaciones, las empresas se comprometieron a 2 mil millones de dólares”.

Si hubiera una relación fluida con el sector, el gobierno se enteraría por qué el productor sojero retiene granos o que un productor lechero cobra menos de la mitad de lo que necesita para producir y a los 60 días, por ejemplo. Y en lugar de estar pidiendo compromisos para salir del atolladero, podría evitarlos con una planificación a mediano y largo plazo.

En las innumerables veces que entrevisté a Eduardo Buzzi, él mencionaba preocupado que el gobierno parece querer “una producción sin productores”, haciendo referencia a la desidia con la que se trata a los más pequeños. A estas alturas, pienso que si el gobierno sigue esquivándole al diálogo y tomando decisiones unilateralmente, lo que quiere es los huevos de oro, pero sin la gallina.