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Con todas las dificultades que implica intentar avizorar el futuro político argentino, pero con ánimo constructivo, me permito criticar, severamente, a quienes gobiernan, señalando las falencias que exhiben sus conductas y sus propósitos. Ello con el fin de procurar evitar su repetición y un diagnóstico o visión errados de lo que ha sucedido en nuestro país desde el 25 de mayo de 2003 y aún desde antes de esa fatídica fecha.

Muchos opositores han coincidido y coinciden con varias de las políticas gubernamentales, casi todas ellas vinculadas con la intervención del Estado en materias económicas, cuestión en la que es evidente su fracaso, no sólo en nuestro país sino, también, en el mundo.

Este es un punto crucial porque en esa materia el oficialismo está equivocado e igual equivocación tienen los opositores “socialistas”, quienes creen que ellos harán mejor algo que no puede hacerse mejor, salvo en cuanto a la eficiencia y probidad de quienes lo intenten.

La intervención del Estado, en cualquier campo, requiere aptitudes que, en general, no tienen los funcionarios públicos de todas las jerarquías. No necesita demostración que tanto los elegidos popularmente como aquellos de la administración pública, carecen de la idoneidad necesaria para cumplir los roles que les competen y menos aún cuando esos roles están desbordados como consecuencia de la expansión de sus competencias por el excesivo intervencionismo estatal. Hemos visto que simples controles y supervisiones de actividades económicas esenciales, no son ejercitados por los organismos creados para ello, lo que se traduce en colosales descalabros en actividades vitales tales como la seguridad, la energía, la educación, la salud, por citar solo algunas.