Fundación Atlas 1853

La revancha autocrática

Constanza Mazzina

Doctora en Ciencia Política (UCA), realizó su postdoctorado en IBEI, España, sobre Política Latinoamericana. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, y magister en Economía y Ciencia Política (ESEADE). Es docente de grado en la UADE y en postgrado a nivel doctorado y maestría en universidades de la Argentina y de América Latina. Actualmente dicta cursos en el Doctorado en Ciencias Políticas (UB y USAL), en la Maestría en Marketing Político (USAL) y Análisis Institucional en la Maestría en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Columnista en medios de la Argentina y del exterior. Se ha especializado en temas de política latinoamericana.

La caída del Muro de Berlín trajo aparejada una gran ola de optimismo que nos llevó a creer la ilusión de que, ya al cierre del siglo XX, el mundo había aprendido una lección: si no habíamos llegado al fin de la historia —tal como escribía Fukuyama en aquel entonces —, cuanto menos, parecía el fin de una historia de confrontaciones mundiales entre modelos autoritarios y democráticos.

Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los setenta, una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el mundo: la tercera ola. Pensábamos entonces que el oleaje inundaría el planeta y que había llegado para quedarse. Pronto, muy pronto, el optimismo se fue desvaneciendo y comenzamos a hablar de recesión democrática y de la contraola autocrática. La tercera ola en América Latina ha cumplido sus 40 años y parece sumida en la “crisis de los 40”. Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, las democracias de la región, son, en el mejor de los casos, “democracias con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky a finales de los años noventa, para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos preocupantes. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una “democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a las democracias latinoamericanas en la actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestran nuestras democracias atraviesan la historia de todos los Gobiernos de la tercera ola, y convierte a esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya coyunturales: algunos Gobiernos limitan las libertades (fundamentalmente de prensa y expresión), en otros casos, el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la oposición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició el proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos también han mostrado que en la actualidad las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como señaló el reconocido politólogo Andrés Malamud: “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos.[1]”

En el año 2020, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más afectadas por la pandemia del virus COVID-19 a nivel internacional, enfrentar este desafío evidenció los grandes problemas sociales, políticos y económicos que, en mayor o menor grado, todos los países de la región padecen. Era previsible que esta circunstancia pusiera al desnudo las debilidades estructurales de los Estados latinoamericanos: cuales gigantes de pies de barro, los problemas de infraestructura, desarrollo (o su ausencia) y calidad institucional quedaron expuestos y generaron un cóctel cuyas consecuencias aún no han terminado de cristalizarse.

El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrupción muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones limitaron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil. Esto produjo una retracción de las instituciones de supervisión y control y, por lo tanto, un aumento en la percepción global de la corrupción. El informe de Transparencia señala: “Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis de la COVID-19. Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente”.

Pero para 2020, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit en su decimotercera edición, registraba el impacto del coronavirus (COVID-19) en la democracia y en la libertad en todo el mundo. Analizaba cómo la pandemia se tradujo en la retirada de las libertades civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura de la opinión disidente. Como se registra en el Índice en los últimos años la democracia no ha gozado de buena salud y, en 2020, su fortaleza fue puesta a prueba aún más por el brote de la pandemia de coronavirus. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37. Esta es por lejos la peor puntuación mundial desde que se elaboró por primera vez el índice en 2006. El resultado de 2020 representa un deterioro y se produjo, en gran medida, pero no únicamente, debido a las restricciones impuestas por los Gobiernos sobre las libertades individuales y las libertades civiles que se produjeron en todo el mundo en respuesta a la pandemia. El deterioro en América Latina muestra la fragilidad de la democracia en tiempos de crisis y la voluntad de los Gobiernos de sacrificar las libertades civiles y el ejercicio de la autoridad sin control en una situación de emergencia.

La literatura sugiere que hay tres elementos que, combinados, dan lugar a una democracia moderna. Primero, el Estado tiene el monopolio del poder coercitivo en un territorio determinado y debe asegurar la paz. Segundo, el rule of law, que refleja valores comunitarios y está por sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los propios gobernantes. Por último, la rendición de cuentas, que asegura la responsabilidad Estatal para con los intereses de la comunidad por medio de las elecciones. El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y liberalismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. Si no gobierna directamente, al menos deben poder elegir a sus representantes en elecciones libres, justas y competitivas. Por su parte, el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen en una constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes y gobernados. Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las reglas de juego) de varios Gobiernos latinoamericanos en estos años [2] es muestra de la vulnerabilidad del Estado de derecho. La democracia requiere el respeto al Estado de derecho para garantizar los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas y limite los posibles abusos de poder.

En esta línea, hacia el año 2013, el Dr. Mario Serrafero ofreció en una conferencia [3] una distinción entre dos formas de concebir, de definir la democracia que resulta pertinente en estos tiempos de tanta confusión y donde todo parece lo mismo y da lo mismo, pero no lo es: por un lado, la democracia liberal republicana, por el otro, la democracia populista.

La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y contrapesos (check and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el Gobierno (y el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquel.

La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez en el poder despliega cierto tipo de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta primero la cultura pluralista (libertades, respeto, tolerancia) y las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Así, Serrafero señalaba que la práctica de la democracia populista se centra en: la personalización del régimen, el predominio del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial; hay una permanente descalificación de la oposición y de los medios de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual por lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la historia y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo último es la refundación del Estado, del orden económico, político y social. De allí, las necesarias reformas constitucionales que den legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como decía Serrafero “la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza a la lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre los distintos sectores e intereses”. La ley política reemplaza el Estado de derecho.

En este punto podemos entonces reconocer que la región atraviesa varias crisis: la primera, de los partidos políticos, del sistema representativo y del presidencialismo, ligado ello a la escasa cultura de rendición de cuentas. Desde el regreso a la democracia, la región ha vivido situaciones donde el “fusible” es la finalización anticipada del mandato presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia o de un juicio político, una cantidad de presidentes no han finalizado su mandato (desde Alfonsín, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Cubas Grau, Mahuad, Sánchez de Losada hasta Lugo o Dilma Rousseff). De alguna manera, esto destraba el juego y reencauza la institucionalidad política. Aunque es un cimbronazo con fuertes consecuencias políticas.

Agreguemos a ello la cultura caudillista y personalista que persiste en la región: Dieter Nohlen (1994) entiende que el gen autoritario se encuentra “concebido constitucionalmente en América Latina” producto de un objetivo inicial que consistía en fortalecer, temporalmente, en los textos constitucionales al Poder Ejecutivo para reducir así la influencia de otros poderes, es decir, el gen autoritario se hace presente en la región como un elemento constitucional transitorio y fundamental para transitar los primeros años de gobierno y conformación de la estatalidad. La tragedia en América Latina radica en que “el gen del autoritarismo que posee el constitucionalismo, ha tomado más fuerza que el propio constitucionalismo”, es decir, tanto el autoritarismo institucional como la presencia de liderazgos fuertes y personalistas en el Ejecutivo se han convertido en las claves políticas para entender el funcionamiento de los presidencialismos latinoamericanos.

La segunda es la crisis de la democracia a la que hemos hecho referencia: hace años que la democracia no logra satisfacer a los ciudadanos latinoamericanos que están (y así lo expresan) cada vez más insatisfechos. Hasta ahora la insatisfacción se tradujo en apatía, desinterés, en “me da lo mismo”, pero también allana el camino al personalismo caudillista, a subtipos disminuidos de democracia que rayan el autoritarismo o son abiertamente autoritarios a plena luz del día, sin golpes de Estado, aferrándose a una fachada electoral pero con estrategias y prácticas indiscutiblemente autoritarias [4].

Finalmente, la crisis del Estado. El Estado-nación en América latina ha sido un problema desde sus orígenes. Estados truncos, incapaces de transformar un conjunto de instituciones en un proyecto de nación posible. Yace aquí la cuestión: el Estado es parte del problema, pero, para muchos, el Estado es también la solución. La demanda de más Estado en sociedades anómicas resulta en una trampa donde nadie quiere después pagar la cuenta. No debería importar el tamaño del Estado, sino sus capacidades. Un Estado eficaz, un mejor Estado. Este es un reclamo que no ha sido resuelto con las diversas fórmulas que se han intentado y que ha mostrado sus limitaciones a la hora de buscar resultados. La distancia ideológica que persiste en muchos países impide proyectos de largo plazo que involucren una institucionalidad estatal no sujeta a los cambios de partido de Gobierno.

En todo caso, la pandemia facilitó la tendencia latinoamericana a la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo y al excesivamente poco apego a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Esta experiencia nos deja una pregunta latente: ¿necesita la democracia un conjunto de valores para funcionar? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué valores son propios de la democracia y cómo fortalecerlos en nuestras aún muy débiles democracias? La democracia no es solo un ideal, sino que es el sistema de gobierno más adecuado para abordar una crisis de la magnitud y complejidad de la COVID-19. Como señala IDEA en su Llamado para defender la Democracia: en contraste con la propaganda autoritaria “los flujos de información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil y el compromiso abierto entre el Gobierno y la sociedad son activos vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos claves de la democracia liberal. Solo a través de la democracia las sociedades pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido y los derechos de todos los ciudadanos serán respetados”.

[1] https://nuso.org/articulo/se-esta-muriendo-la-democracia/

[2] Desde 1978, “para 2009, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, habían adoptado una nueva constitución, y algunos, como Ecuador, lo habían hecho en más de una ocasión.” (Negretto, G. 2015 La política de cambio constitucional en América Latina, p. 39)

[3] El texto completo puede consultarse en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/13-Serrafero.pdf

[4] Según el último informe de Latinobarómetro: el promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995, cuando comenzó a realizarse el estudio.

Publicado en DemoAmLat