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Ecuador: El costo de la burocracia

Gabriela Calderón de Burgos

Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.

Conocido es que durante la época de Correa creció considerablemente el gasto burocrático. De lo que poco se habla es que todo el aparato público es sostenido por el sector privado. Si bien no todo gasto es malo, por encima de cierto umbral, que ya atravesamos, se vuelve un lastre para el crecimiento y sorprende que el nuevo gobierno insista en crear un nuevo impuesto.

La nómina de empleados públicos le costó al país $8.592 millones en 2020. El SRI informa que ese año la recaudación tributaria neta fue de $11.526.977 millones. Esto es, la burocracia consumió 74,5% de los ingresos tributarios y 46% del Presupuesto General del Estado (PGE). En el año 2008, las mismas fuentes indican que la burocracia consumía 61,4% de la recaudación.

Según las cifras de los Indicadores Mundiales de la Burocracia del Banco Mundial, entre 2001 y 2006 Ecuador destinaba en promedio 6,7% del PIB al año para pagar sueldos en el sector público. Esta cifra casi se duplicó hasta llegar a un promedio de 9,2% entre 2007-2018. Nótese que entre 2001 y 2006 cuando gastábamos notablemente menos en sueldos públicos, la economía crecía a una tasa ligeramente superior que entre 2007-2018: 4,7% vs. 3,11%. Este crecimiento superior se vio reflejado en una reducción de la pobreza extrema más acelerada entre 2001 y 2006 que entre los años posteriores, durante los cuales encima gozamos de una bonanza petrolera.

Según los Indicadores Mundiales de la Burocracia, con cifras hasta 2018, solo un 14% y 30% del total de gasto en sueldos públicos, estaba destinado al sector salud y educación, respectivamente. La administración pública —que incluye la gestión gubernamental y de relaciones exteriores, la provisión de defensa y policía, y la gestión del seguro social obligatorio— abarca un 43% de la nómina. Que el rubro de la administración pública consuma la mayor porción del gasto en sueldos públicos es normal alrededor del mundo, aunque Ecuador se encuentra casi 10 puntos porcentuales por encima del promedio mundial en esto (34%) y ligeramente por encima del promedio regional (41%).

Tampoco es que los ecuatorianos pagamos poco en impuestos, dado que si ajustamos la carga tributaria para nuestro nivel de ingreso y para el tamaño reducido de nuestro sector formal —que es el sector que sostiene todo el peso de toda esa presión tributaria— Ecuador ya se fue al otro lado de la curva de Laffer. Esto es, cualquier impuesto nuevo, en lugar de aumentar la recaudación, tendería a reducirla mediante un desaliento a la actividad económica. Ecuador ya realiza un “esfuerzo fiscal” que supera el promedio de la OCDE y América Latina.

No solo conviene reducir el número de empleados públicos, sino también el nivel de sueldos. Ecuador se destaca a por pagar a sus empleados públicos con una prima que supera, en promedio, en un 50% a los de ocupaciones similares en el sector privado. El promedio mundial de esta prima es de tan solo 19% mientras que en Latinoamérica y el Caribe es de 36%.

El criterio básico para tomar cualquier decisión de gasto debe ser nuestro contexto, que es aquel en el que la nómina ha llegado a consumir casi todo lo que los ecuatorianos pagamos en impuestos. En nuestro caso, conviene bajar impuestos para crecer, como lo han hecho con éxito otros gobiernos locales y nacionales.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 10 de septiembre de 2021 y en Cato Institute.