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Desde cualquier margen de la grieta en que nos encontremos, la inquietud se reduce a los porcentajes de probabilidad que asignamos a que Alberto Fernández complete su período constitucional. El debate puede sintetizarse así: ¿se justifica esperar hasta diciembre de 2023 con tal de conservar la institucionalidad o sería mejor acortar la agonía en que la incapacidad, la impericia, la ignorancia y la soberbia del Gobierno han sumido a la sociedad, que lo paga con desbordada inflación, caída en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, inexistencia de inversiones, insoportable gasto público, loca emisión monetaria, irrefrenable endeudamiento, lluvia de impuestos, crisis energética, miseria y hambre?

Como sabemos, la sutileza nunca caracterizó a Cristina Fernández, quien regaló públicamente a Alberto “Diario de una temporada en el quinto piso”, el libro en que Juan Carlos Torre que relata los avatares de la gestión económica de Raúl Alfonsín, que debió entregar el mando a Carlos Menem, con seis meses de anticipación y en medio de una hiperinflación. A diferencia del mayor logro de su segunda presidencia, cuando cebó con éxito la bomba que explotó en manos de Mauricio Macri, hoy ella ve con desesperación que la arena se escurre, implacable, en el reloj que mide su futuro. Con una inflación que se estima para este año entre 60 y 70%, con una desacostumbrada (para el kirchnerismo) y creciente conflictividad social callejera, con menguantes imágenes e intención de voto de todos los eventuales candidatos de su espacio político, no parece factible que su proyecto dinástico de saqueo e impunidad pueda subsistir.

Sin embargo, y tal como hizo frente al acuerdo con el FMI, busca despegarse de las consecuencias de una gestión distinguida por la inexistencia de coordinación entre los funcionarios, por el loteo del Estado y sus cajas entre las facciones del Frente para Todos y, sobre todo, por los males que acarrea el haber entregado la lapicera a Alberto Fernández reservándose la tinta. No contribuye a generar expectativas favorables la notoria declinación física y mental del inquilino de la Casa Rosada, que se suma a su resignación a no independizarse y asumir el poder que debiera acompañar al cargo; hoy, todo sus esfuerzos se reducen a evitar que las balas del Instituto Patria y de La Cámpora volteen a algunos de sus ministros, en especial, Martín Guzmán, Matías Kulfas y Santiago Cafiero.

En ese de por sí confuso panorama, las extorsionadoras organizaciones sociales, esas que lucran administrando la más abyecta pobreza y la alquilan a las diferentes tribus oficialistas, quizás buscando un muerto que apure los tiempos, amenazan con incrementar los piquetes y acampes que la ciudadanía, siempre hipócrita, exige impedir pero a la vez rechaza que se repriman con la ley en la mano. Al respecto, no conviene olvidar los dramáticos sucesos de Bolivia, Perú, Colombia y Chile cuando las protestas populares por los aumentos en el transporte o en la inflación fueron infiltradas por terroristas anarquistas que destruyeron ciudades y sistemas políticos.

Como el que más, quisiera ver fuera del gobierno y en la cárcel a esta ponzoñosa yunta, que tanto daño económico, cultural, educativo, social, geopolítico y, sobre todo, moral han causado a un país que ya venía barranca abajo, pero creo que debemos apretar los dientes y exigir que permanezcan en sus cargos hasta el final de sus mandatos; ya habrá tiempo después para ajustar las cuentas. Estoy convencido que permitir a Cristina renunciar y huir no hará más que convertirla en víctima de una supuesta conspiración de la derecha y facilitarle un regreso más dañino aún; Evo Morales (en Bolivia), Luiz Inácio Lula da Silva (en Brasil), Hugo Chávez (en Venezuela) y, aunque no lo hayan logrado, Rafael Correa (en Ecuador) y Fernando Lugo (en Paraguay), son claros ejemplos de esta conducta. Tal vez así podamos enterrar de una vez por todas al populismo suicida que nos ha llevado a esta tan prolongada decadencia; y digo sólo ‘tal vez’ porque ha calado muy hondo en la mentalidad popular y resultará muy arduo que la sociedad acepte el costo de erradicarlo.

El kirchnerismo, a través del hijísimo Máximo, Axel Kiciloff, Roberto Feletti, Oscar Parrilli, Federico Basualdo (Subsecretario de Energía), Horacio Verbitsky o Fernanda Vallejos (economista), parece cada vez más decidido a domesticar totalmente a Alberto Fernández u obligarlo a renunciar, y ello hace necesario recordar qué prevé la Ley de Acefalía (N° 25.716) para la eventualidad en que se vea impedido de ejercer su cargo. La Vicepresidente completaría el período y, si ésta tampoco pudiera o quisiera, asumirían en este orden la Presidente Provisional del Senado (Claudia Ledesma Abdala), el de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) o el de la Corte Suprema (Horacio Rossati), hasta tanto el Congreso, en Asamblea Legislativa, designe a un senador, diputado o gobernador como Presidente en ejercicio hasta que sean celebradas las elecciones.

¿Estará dispuesta Cristina Fernández a pagar personalmente el costo social que traerán los meses que faltan?, ¿para qué lo haría? Cambiemos triunfó en 2017, tuvo una acotada derrota en 2019 y revalidó sus méritos en 2021, y la composición del Congreso derivada de esas elecciones hace que todas sus tentativas para arrasar con la Justicia estén condenadas al fracaso; sabe que no podrá evitar las consecuencias penales de la monstruosa corrupción que practicó su familia desde los tiempos de los fondos fugados de Santa Cruz, y es consciente de su debilidad electoral. Entonces, sólo tendrá dos opciones: asumir la Presidencia, conservar la inmunidad de arresto e intentar, seguramente con éxito, ser electa Senadora en 2023; o b) fugar hacia alguno de los paraísos del socialismo del siglo XXI, un penoso destino para tan esplendorosa y riquísima emperatriz.