Fundación Atlas 1853

Se necesita un cambio profundo en la estructura sindical

Elena Valero Narváez

Historiadora, analista política y periodista. Autora de “El Crepúsculo Argentino. Lumiere, 2006. Miembro de Número de la Academia Argentina de Historia.

“La invención de los partidos políticos, utilizados como ariete para sacar a las organizaciones sindicales del movimiento político y reducirlas a la intrascendencia de la lucha gremial, va llegando a su fin. La Revolución Rusa, Mussolini, y Hitler, demostraron al mundo que la política del futuro es la del pueblo y en especial de las masas organizadas, con las que ellos enterraron a los partidos políticos, que aun conservan los países [ democráticos] como resabio del siglo XIX. Nosotros en Argentina hemos demostrado, lo mismo”

(Carta de Juan D. Perón a John W. Cook, del 14 de septiembre de 1956)

Los intereses sectoriales y los grupos de presión, han creado, como en la época del ex presidente Perón, un corporativismo de hecho. La sociedad argentina se ha acostumbrado a la impunidad del Gobierno, al autoritarismo político y al constante arbitraje del Estado en las diferencias entre las demandas sectoriales. Ello implica marginar al sistema de partidos, si fuera por Cristina Fernández, al igual que Perón, lo haría desaparecer, es la maldición que enfrentamos en la actualidad; los Kirchner han atacado, incluso, a una de las expresiones fundamentales de la convivencia política democrática, el Congreso, haciendo todo lo posible para que sea una simple escribanía.

El capitalismo, en nuestro país, se ha debilitado por un Estado en el que predominan las ideas nacionalistas y populistas y por la exagerada fuerza que tienen los sindicatos. Es imprescindible una reforma que acabe con los problemas que marginan al sistema de partidos, instrumento, importantísimo, en la formulación de propuestas alternativas de gobierno. Los sindicatos tienen que asimilarse a él, en vez de imponer su impronta corporativista amenazando, con sus actitudes, romper el proceso de democratización que se inició en 1983.

Los políticos, desde hace años, se quejan de la intervención activa que los sindicatos tienen en el conflicto político y de su actuación antidemocrática mediante la lucha corporativa. Su acercamiento a los gobiernos populistas permite que se afiancen sus rasgos propios: el nacionalismo, el estatismo, el distribucionismo, la xenofobia y la autarquía. Se llenan la boca con la palabra “soberanía” que, para ellos, es tener un país orientado “hacia adentro” en vez de una comunidad de naciones donde es preciso atenerse a ciertas reglas para actuar. Vemos los resultados: democracia y mercado debilitados y débiles corrientes electorales en vez de partidos. El fenómeno peronista, allá lejos, y el kirchnerismo, en la actualidad, revelan el amplio consenso que logran las prácticas políticas contrarias a la democracia, a la libertad, en suma al Estado de Derecho, cuando van acompañadas con subvenciones y dádivas demagógicas a dilatados sectores de la sociedad.

A los líderes sindicales les falta información, no han aprendido, a pesar de tanta evidencia, que el sistema capitalista les provee de ventajas y gratificaciones permitiéndoles -sin tener que arrodillarse ante el Gobierno o molestar con movilizaciones- ejercer su rol esencial: el mejoramiento de sus integrantes. Actualmente, son un aparato de poder del kirchnerismo, ha desaparecido la responsabilidad hacia el trabajo en sí mismo como fuente de satisfacción personal, ya no es concebido como un bien ético. Los acomodos, los manejos indiscriminados de los fondos sociales, la desconexión casi total de dirigentes con los asociados, la fidelidad forzada a los caudillos del sindicato, el fraude interno, los arreglos con funcionarios públicos, son moneda corriente. Dificultan, en gobiernos democráticos, las libertades públicas y el funcionamiento de la Justicia con su tónica intolerante y violenta, preparando el triunfo de gobiernos autoritarios; nada es gratis, el Gobierno reclama un comportamiento orientado y supervisado por él, bajo la presión de severos controles, ya sean constitucionales o no.

Los Kirchner quieren reeditar una experiencia fascista de color nacional, como lo hizo Perón, sin la atracción que éste tuvo sobre los trabajadores, permiten que los Jerarcas sindicales se sigan enriqueciendo, por medios espurios, para que acepten sus medidas, muchas veces opuestas al bienestar de quienes representan, alejándolos de la participación democrática en la existencia de sus organizaciones, a las que sostienen con su aporte.

Es así, como la coacción o la amenaza, sobre personas, instituciones, empresas, o entidades, es ejercida por los grupos Kirchner sistemáticamente, con su ayuda, amedrentando solapadamente, o no, a la oposición y a cualquier persona física o jurídica.

Históricamente, en la Argentina, la dirigencia gremial tuvo desde 1943 a 1946, una posición, autónoma, luego desde 1947 a 1955, dependiente, y de allí en adelante adquirió una larga practica en un campo originariamente extraño a ella, de acuerdo y desacuerdo con el gobierno, de pactos tácitos con el Ejército y la Iglesia, de programas políticos y económicos alternativos al de partidos y gobiernos. Ello condujo a efectos de largo alcance que nos molestan hasta hoy; es hora que esta historia de la vuelta, es misión fundamental de los políticos hacer que la democracia y la libertad se hagan atractivas para las masas. Vivienda y trabajo debe poder conseguirse con esfuerzo, trabajando, no mediante subsidios, que solo sirven para generalizar la pereza y acabar con la ética del trabajo. Eso de sacar a unos para dar a otros, no sirve para mejorar la sociedad, los sindicatos deben dejar de creer que son más importantes y representativos que los partidos aun en el área específica de la política, deben abandonar su vocación corporativa.

El enriquecimiento de muchos líderes a expensas del movimiento sindical a través de convertirse en instrumento de los gobiernos, debería movilizar a quienes desean la libertad gremial. No está de más insistir en que la imposición del sindicato único, fue copiada de la llamada ley Rocco, impuesta por Mussolini en Italia, la cual impuso la intromisión estatal del gobierno y del partido peronista con sus grupos de presión.

Debe hacerse una profunda reforma que lleve a la libertad sindical, a la capacitación de sus afiliados en lo económico, social, y cultural, como a la práctica de una verdadera democracia sin participar o intervenir, directamente, en lo político, que es competencia de los partidos a los que pueden estar afiliados los integrantes del sindicato, como simples ciudadanos. Es prioritaria una reforma, o se continuará por un sendero muy peligroso donde las corporaciones se liberen de los partidos, si no los pueden dominar, arrancándoles sus funciones y dificultando, aún más, el funcionamiento de la economía y de las instituciones democráticas. No se debería olvidar que el Estado solo es controlable por la vigencia del sector económico privado, la opinión pública y el sistema de partidos. La democracia, más allá de sus defectos, es la mejor herramienta social para hacerlo. Hay que enseñar, en los colegios y universidades, a entender su importancia y defenderla a capa y espada.