Fundación Atlas 1853

La cuestión nuclear argentina

Ricardo Runza

Ingeniero Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.

Por Eduardo Rivas y Ricardo Runza.

El mundo gira preocupado por la cuestión nuclear. La guerra en Ucrania pone en riesgo la integridad de las centrales nucleares sitas en ese país. Zaporiya es la más alta de las preocupaciones. El riesgo de emanación radiactivo emerge con fuerza. Las posibilidades de catástrofes han pasado de bajas a altas. Un error de cálculo o una acción intencionada pueden desatar lo impensado.

Mientras esto sucede en el mundo, en este pobre gueto que se ha convertido la Argentina, todo resulta lejano. La cuestión nuclear gira sobre otro eje. Solo por la acción del embajador Rafael Grossi quien es el Presidente de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), el país cuenta con un rol significativo en el escenario internacional, pero éste no es producto de un Estado sino por un individuo, que ocupa un cargo relevante para todas las potencias del mundo, por sus propios méritos personales. No por una decisión de la elite política argentina, hoy entretenida en sus propias ambiciones.

La cuestión nuclear argentina no lo es por una guerra que impacte directamente aquí. Pasa por la propia infraestructura nuclear y su desarrollo futuro. En especial por nuevas inversiones, por nuevas centrales de distinto tipo: El CAREM, un eterno proyecto que hoy se traduce en un prototipo a medio construir en el Complejo Atucha y la famosa nueva central china.

De ninguna manera el eje gira por las condiciones de seguridad de la infraestructura instalada y la zona adyacente ya que una emanación radiactiva en las centrales nucleares es el riesgo a la seguridad nacional más catastrófico que pueda ocurrirnos. Una emanación producida por un accidente, por un atentado terrorista o por otro motivo podría ser letal.

Sólo en este año ha habido tres señales que indican que la seguridad en este complejo se ha degradado. Un incendio de un barraca, un muerto electrocutado y recientemente “un problema detectado en la turbina, localizada en un edificio ajeno al reactor” de Atucha II, según el Presidente de Nuecleoeléctrtica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez.

NA-SA es una empresa con los defectos de las empresas estatales argentinas pero sobre la cual no se le ha posado la lupa con el rigor como se trata el caso de Aerolíneas Argentinas. Aquí el secreto prima. Parece vivir en tiempos de dictadura. Nada sale de ella. Nadie saca los pies del plato. No hay denuncias de ningún tipo. Es comprensible. Existen muchos privilegios.

En el 2022, NA-SA tiene 3009 empleados, con sueldos de las autoridades superiores de $866.000, con 150 empleados que cobran entre esa cifra y $680.000, con un bono extra (que se cobra en enero) atado a la generación anual de energía y los 16 sueldos por año que contempla el convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza. Privilegios que pueden sonar a inmorales, en especial para el común de la gente que con mucho sacrificio tiene que afrontar el pago de su boleta mensual de electricidad.

Pero en materia de seguridad el organismo responsable de darnos la confianza y la tranquilidad pública es la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Organismo que en este año cuenta con una planta de 356 empleados para cumplir con lo que la Ley 24.804 le fija como responsabilidades, facultades y misiones. Entre ellas, la gestión de la emergencia nuclear aunque para ello esta entidad, la 112 en el Presupuesto Nacional, no cuenta con un programa presupuestario específico o una actividad específica dentro del programa presupuestario 16, Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares.

Frente a esta precariedad organizativa, el complejo nuclear Atucha ofrece ciertas particularidades en comparación con otros complejos similares del mundo. Ningún otro tiene un crecimiento poblacional que se extiende en sentido a la ubicación de las centrales. Ningún otro tiene villas miserias ni asentamientos humanos sin restricciones por parte de la autoridad municipal competente y el organismo regulatorio nacional. No hay un protocolo de construcción específico para diferentes radios de distancia. La experiencia del último accidente en Japón indicó que hubo evacuación de personas a los 10 km y luego entre los 20 y 30 km. Nada está preparado para tal escenario.

Y así como no hay prevención de ningún tipo y los ejercicios que se realizan se han transformado una especie de rutina alejada de la realidad con el solo fin de darse por cumplido, la respuesta dista de tener capacidad de excelencia porque no se hacen las inversiones necesarias por fuera de planta para tener un teatro de operaciones manejable ante el peor escenario posible. Por supuesto, la mitigación es absolutamente inexistente. Nadie piensa en ello.

El Estado argentino necesita un profundo cambio cultural en materia de seguridad y entender cada riesgo y amenaza a la seguridad en las tres dimensiones de la acción del estado, es decir, teniendo en cuenta lo que debe hacerse en materia de prevención, respuesta y mitigación. El riesgo de una emanación radiológico en el complejo Atucha podría ser un leading case para hacer las cosas bien. La AIEA, en su relación para con la Argentina, debiera poner foco en estos aspectos también y no solo limitarse a una relación protocolar donde los responsables nacionales muestran (y ocultan) lo que les conviene.

Los ciudadanos también debiéramos exigirlo, al fin de cuentas, nuestra seguridad está en sus manos.

Eduardo Rivas es Licenciado en Ciencia Política. Ricardo Runza es Magister en Defensa Nacional.