Rosario, el árbol y el bosque narco
Ricardo Runza

Ingeniero Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.



Tras la amenaza a Leonel Messi y la reacción de la política argentina, vale preguntarse: ¿Hablan basados en algún informe de Inteligencia sobre el narcotráfico en el país? ¿Qué es Rosario? ¿Un bosque o tan sólo un árbol en un bosque? ¿La paz en la ribera bonaerense del Paraná se paga con los muertos en Rosario? ¿Estamos frente a un caso de violencia regulada? ¿Quién la regula?
El narcotráfico impacta en múltiples dimensiones. Desde la Seguridad Internacional, la Seguridad Nacional, la Seguridad Institucional y la Seguridad Interior para el ámbito federal y para el provincial y local desde la Seguridad Institucional y la Seguridad Ciudadana. También requiere una visión de Salud Pública. Hoy no hay percepción de esta complejidad. Los Estados nacional y santafecino son dos estados fallidos.
Bajo el actual estatus quo es imposible encontrar prevención, respuesta y mitigación sustentables al narcotráfico. Ambos Estados necesitan cambios estructurales. No es magia. No es simple. No es fácil. A problemas complejos, soluciones complejas.
La provincia de Santa Fe necesita una reforma constitucional. Una que la haga más federal hacia su interior. Porque desde el punto de vista de la seguridad, lo que fracasa es el modelo de seguridad unitario de la provincia y la ausencia de control ciudadano sobre el Estado.
En ese sentido Santa Fe necesita inspirarse en el estado de Florida (EE.UU.). Para ello, debe recuperar sus Departamentos provinciales bajo un formato de Condados. Su Poder Legislativo debe tener un cambio drástico para que los senadores y diputados provinciales representen prioritariamente los intereses de su electorado.
Las ciudades de Santa Fe y Rosario deben contar con su propia Policía Metropolitana y en el resto de los departamentos, cada uno con su Policía Departamental. Por supuesto que bajo dependencia del Gobernador habrá ciertas unidades especiales con jurisdicción operacional en todo el territorio provincial.
Cada una de estas Policías debe ser autónoma. Esto tiene que complementarse con una distribución de la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público concordante con cada uno de los departamentos provinciales. Lo innovador del cambio -siguiendo el modelo propuesto- es que Jefes de Policías, Fiscales Generales y Jueces Penales deben ser elegidos por la sociedad.
No por la política. La estrategia pasa por empoderar a la sociedad. Hacer que los servidores públicos del sector Seguridad tengan una cercanía real con aquellos a los que tienen que servir en un territorio.
El Poder Judicial provincial tendría real independencia. Así, los incentivos pueden ser más sólidos para que cada servidor público tenga intereses aliñados con los de la sociedad a la que debe servir y con esto hacerlos menos vulnerables a la corrupción.
Para que todo sea viable sus cargos deben ser acotados. Cuatro años más una reelección. Tal como ocurre en Florida. Si un argentino que vive en Miami puede votar al Comisario de su distrito, al Fiscal General que tiene que aplicarle la Ley y al Juez penal que le administra justicia conforme a lo que decida un jurado de ciudadanos ¿Porqué no puede un rosarino o un santafecino?
Si esta reforma provincial suena difícil, para el Estado nacional es peor.
El sector Seguridad del Estado nacional necesita una profunda reingeniería. Como en un Estado nacional el control ciudadano directo sobre el Estado es imposible, solo se puede instrumentar el control ciudadano indirecto y fortalecer los controles políticos sobre la fuerza del Estado.
Por eso, hay que propender que los senadores y diputados nacionales sean electos guardando correlación con el modelo de los EE.UU. Representación uninominal para fortalecer el alineamiento del interés de los diputados con el de sus representados. Minimizar la subordinación a los intereses del partido y del caudillo político debe ser el objetivo a lograr.
El Poder Legislativo tiene importantísimas comisiones de control de todo el sector Seguridad. Nada funciona hoy como debiera funcionar. Un ejemplo lo muestran los actuales senadores y diputados nacionales santafecinos que no actúan en cohesión para generar acción de control y legislación en los ámbitos penitenciarios, de seguridad interior, de inteligencia, entre otros.
En el Poder Ejecutivo hay muchos cambios por realizar, pero entre ellos, el Ministerio de Seguridad debería cambiar hacia un modelo de diseño similar al Homeland Securrity Department de los EE.UU. Entre los más importantes, la unificación de comando de todas las dependencias de seguridad fronteriza. RENAPER y Migraciones. Aduana debe ser un órgano de seguridad. No de recaudación.
En el Poder Judicial varias reformas son necesarias pero lo más importante es que no se contamine con el interés político el fuero penal federal que debe dar respuesta y mitigación al narcotráfico. Los delitos de tinte político deben tratarse bajo otro formato de organización. Lo mismo en el Ministerio Público Fiscal.
Como el narcotráfico es una amenaza de origen externo, el Estado nacional tiene que prevenir, responder y mitigar esta amenaza en el exterior. Es un desafío tremendo. Hay que generar acción conjunta y combinada con Bolivia, Paraguay y Brasil. Como el narcotráfico desde Argentina impacta en otros países hay que gestionar su apoyo. Sin esto no hay manera alguna de tener éxito para que la Línea Maginot al narcotráfico esté en la frontera y no en Rosario o en cualquier otro lugar de nuestro país.

Publicado en Clarín.

 

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