Fundación Atlas 1853

Argentina debate la dolarización

Gabriela Calderón de Burgos

Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.

El crecimiento veloz del pre-candidato a la presidencia Javier Milei podría tener algo que ver con sus dislates teátricos o más bien con la creciente determinación de los argentinos de deshacerse de la moneda nacional y refugiarse en el dólar. Milei es distinto de muchas maneras, pero sobre todo porque es el único aspirante a la presidencia que propone dolarizar formalmente la economía argentina.

Lo de “formalmente” vale la pena aclararlo. Los argentinos hace ratos que están dolarizados para las transacciones de alto volumen y en lo que respecta a sus ahorros. Esto es un fenómeno ampliamente difundido en gran parte de América Latina y se conoce como “dolarización espontánea”. El economista Nicolás Cachanosky señala que gran parte del dinero depositado en el sistema financiero nacional es transaccional, esto es, lo mínimo necesario para pagar salarios, proveedores y otras obligaciones. Lo demás está fuera del país o en lo que aquí se conocía como “Colchón Bank”.

Las estimaciones más recientes indican que los argentinos tienen en dólares e inversiones fuera del sistema financiero nacional entre 246.946 y 261.795 millones de dólares, ambas estimaciones superan el 50% del PIB. Esto refleja la desconfianza de los argentinos en su moneda y en el sistema financiero.

Los argentinos necesitan dolarizar porque la clase política ha fracasado en proveer un servicio público esencial: una moneda sólida. Las funciones del dinero son tres: (1) reserva de valor, (2) unidad de cuenta y (3) medio de cambio. Hoy en día, para las transacciones importantes —desde casas hasta electrodomésticos y transacciones de negocios— los argentinos piensan y negocian en dólares.

Hace casi cuatro años escribí un artículo titulado “Argentina debe dolarizar”. En la fecha de publicación de ese artículo, el “dólar blue” –que es el tipo de cambio en el mercado negro (léase libre)—se encontraba en 54 pesos por dólar. Al momento de escribir estas líneas se encuentra en 462. Desde ese entonces se han agravado los problemas estructurales de la economía y ahora dolarizar costaría más, pero menos que si continúan por el mismo camino.

Los críticos de la dolarización suelen decir que Argentina se quedaría sin capacidad de conducir una política monetaria propia, pero eso no es una desventaja sino una de las principales ventajas de la dolarización. Como bien sabemos los ecuatorianos, la dolarización no protege en contra de la destrucción librada por gobiernos populistas, pero limita considerablemente el daño al cerrar la puerta para monetizar los déficits fiscales. No es que el correísmo sea menos destructivo que el kirchnerismo, es que Correa se enfrentó con un gran freno a su poder: el dólar en manos de la gente. Por lo que luego de una década de populismo, Ecuador logró crecer más que Argentina lo cual, si bien no es un gran mérito, es sin duda mejor que una década de estanflación.

Es difícil encontrar un mayor shock de confianza y credibilidad en el sistema financiero que el anuncio de una dolarización formal. Cuando Ecuador experimentaba una corrida de depósitos a finales de los noventa, el mero anuncio de la política en enero de 2000 generó un aumento instantáneo de los depósitos, incluso mientras los bancos ofrecían tipos de interés reales negativos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 5 de mayo de 2023.