Fundación Atlas 1853

Entre el veto y los consensos que reclama la transición

Jorge Raventos

Estudió sociología en la UBA. Periodista profesional. Fue directivo de las revistas Panorama, Confirmado, Primera Plana, el Observador, Playboy, Competencia, Economía Argentina.

Es columnista político de La Capital de Mar del Plata. Ejerció la docencia en las carreras de Ciencias Económicas y Sociología y en el Instituto de Formación Política de La Plata.

Fue asesor de comunicación de la Confederación General de la Industria y de la Unión Industrial Argentina y consultor de la ONUDI. Fue vocero de la Cancillería Argentina (1992-1999).

Es miembro cofundador (1997) del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario. Junto a Jorge Castro y Pascual Albanese publicó en 2008 La Argentina después de Kirchner.

Este año 2024 podría finalizar con el mayor superávit de balanza energética de los últimos 15 años, más de 3000 millones de dólares. La creciente producción de Vaca Muerta (que aporta el 56,6% del total de la producción petrolera y un 54,8% del total de la gasífera) así como el gasoducto Néstor Kirchner son la clave de ese superávit energético, que podría duplicarse en 2025 a cerca de 7.500 millones de dólares y elevarse más aún una vez que comiencen a funcionar y exportar las unidades de licuefacción flotantes y más tarde la planta de licuefacción de gas que construirán YPF y Petronas en Río Negro. Las exportaciones energéticas llegarían en 2030/31 a los 30.000 millones de dólares. La Patagonia se convierte en uno de los supermotores de crecimiento del país.

ARGENTINA EN POTENCIA

La reciente reglamentación del régimen de incentivos para las grandes inversiones (RIGI) dinamiza cambios que van a transformar la geografía económica del país, potenciando el desarrollo productivo de regiones largamente postergadas.

A las capacidades competitivas de la producción agroindustrial que tienen eje principalmente en la región Centro se suman estímulos para que Cuyo y el Norte Grande incorporen grandes inversiones centradas en la minería y, en todos los casos, el influjo directo sobre un amplio ecosistema productivo y de servicios que provee a esos grandes emprendimientos o florece a su alrededor.

Ese proceso ya ha empezado a manifestarse, principalmente lejos de las grandes concentraciones urbanas y de la atención de sus públicos mediáticos.

Fue especialmente en los conurbanos donde empezó a tomar forma, de modo silvestre y contradictorio, si se quiere), la crisis y la implícita interpelación al consenso anacrónico que durante años se reflejó en una economía basada en el subsidio y la pobreza creciente.

Las fórmulas y recetas de ese consenso anacrónico se constituyeron con ideas y actitudes autárquicas y estatistas labradas en la primera mitad del siglo XX, y se recubrieron luego, mientras envejecían, con maquillajes ofrecidos por sucesivos momentos y modas culturales. Su vigencia residual trabó la discusión sensata, inhibió la comprensión realista del país y el mundo y fue extendiendo los límites del mapa de la pobreza.

Las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica han venido dando cuenta por más de una década de ese fenómeno de precariedad creciente y de la impotencia del modelo del subsidio para revertirla, así como de la existencia de una lógica paralela, de economía en negro, “libre” (es decir, parcial o totalmente ajena a la legalidad), en algunos casos fructífera y dinámica, en otros decadente, en otros francamente criminal.

Más de tres décadas atrás, después de estudiar a fondo el tejido de los conurbanos limeños, el peruano Hernando de Soto advertía: “Mucho más que una marea demográfica de pobreza, las oleadas de extralegalidad bien podrían ser el más importante factor que está obligando a acoger la revolución industrial y comercial que ya está encima”.

LA IRRUPCION

El triunfo de Javier Milei el último año, algunos de los cambios culturales que impulsó así como el rumbo principal que está dando a su gobierno parecen una emanación de aquella advertencia de De Soto. Si buena parte del voto de Milei provino de esos conurbanos, el espíritu desregulador que inspira su praxis refleja a su manera la transgresión o el desinterés de esa demografía por reglas y sedicentes protecciones que, o protegen muy poco o son sufridas como trabas o impedimentos para la dura tarea de sobrevivir.

“La revolución industrial y comercial que ya está encima”, en aquellos términos de De Soto, reside, en estos tiempos de Milei, en desregular para impulsar la competencia y la competitividad, estimular la inversión externa e interna, custodiar que no haya déficit fiscal, y reubicar al país dentro del orden mundial centrado en el capitalismo.

Milei no aspira a emparchar el modelo anterior, sino a cortarle el oxígeno, dejarlo librado a su suerte o acelerar su descomposición. Esta semana lo expresó enfáticamente en el estrado que le ofreció la Unión Industrial Argentina: “Tuvieron décadas de cazar en el zoológico, amparados en el cuento de preparar su matriz productiva y modelo de negocios para poder competir en su propia ley. Muchachos, si no alcanzó con eso, ¿cuánto más se le puede exigir al conjunto de los argentinos, que al final del día es el que paga con el sudor de su frente por esos privilegios?”.

En paralelo a esa paulatina descomposición, la expectativa reside en motorizar grandes inversiones en sectores internacionalmente competitivos y exportadores, en el acompañamiento de una red de proveedores de productos y servicios con asentamientos regionales y una extendida localización federal, que experimentaría una crucial modificación de las bases económicas y sociales.

UNA CAJA DE (POCAS) HERRAMIENTAS

Para pilotear esos cambios Milei necesita herramientas más complejas que las que actualmente está en condiciones de usar. Su fuerza principal radica en el ejercicio vigoroso del hiperpresidencialismo, que es lo que le ha permitido impulsar reformas y permeabilizar el terreno a la transformación que auspicia, pero que parece insuficiente para consolidar los cambios que el país necesita.

En sus relaciones con el Congreso el gobierno no ha conseguido superar plenamente las turbulentas semanas que sellaron el descuartizamiento de la primera Ley de Bases.

Mientras no consiga estructurar y disciplinar una fuerza política propia de mayor magnitud que la que cosechó en la primera vuelta de octubre pasado, las condiciones para compensar su debilidad parlamentaria y territorial residen, en primer lugar, en articular el acompañamiento de los ejecutivos provinciales.

Buena parte de los gobernadores (tanto los del PRO, como radicales y varios de genealogía peronista) ya han demostrado estar dispuestos a dar una mano en la gobernabilidad y en promover reformas que apunten en la dirección del crecimiento. Lógicamente, esperan que el gobierno atienda sus propuestas y sus necesidades.

Junto a ese expediente, tiene el camino de tejer alianzas con los bloques afines o dispuestos al diálogo, algo que le ha resultado difícil sea por cuestiones de impericia o de temperamento. La ley que modificó la fórmula jubilatoria pudo haber sido modificada antes de su sanción a través de negociaciones con los sectores dialoguistas del Senado; como eso no ocurrió a tiempo el Presidente la cuestionó como un “ataque a la estabilidad fiscal” y descartó los consejos de negociar a posteriori la posibilidad de un veto parcial.. Se inclinó por aplicar el veto total.

La medida se explica por la necesidad de Milei de exhibir un ejercicio de autoridad (sin la cual el hiperpresidencialismo se convierte en pólvora mojada) en defensa de un punto de tan extrema importancia estratégica como el equilibrio fiscal.

Se trató de una apuesta fuerte, que obligó al Presidente a involucrarse personalmente en una reunión con diputados propios y de bloques aliados para disminuir el riesgo de que su veto sea rechazado. El hiperpresidencialismo necesita la apoyatura de un nuevo sistema político, que no está construido.

Se especulaba que tras esa reunión del último viernes de agosto podría avanzarse hacia la formación de un interbloque, pero en el oficialismo hay reparos a apresurar ese paso, por lo que las conversaciones solo se proponen por el momento coordinaciones puntuales. Las disonancias con el PRO no cesan pese a las repetidas tenidas gastronómicas de Macri y Milei.. El PRO no acompaña, por ejemplo, ni la postulación del juez Ariel Lijo a formar parte de la Corte Suprema ni el reciente decreto presidencial que reglamenta restrictivamente el derecho a la información pública.

Más allá de las conversaciones del oficialismo con el PRO y con prófugos de sus propias filas, la composición de un sistema político aún más extenso, que ayude a transitar el cambio de modelo y acompañe las transformaciones estructurales que se entrevén se vuelve complicada por la disgregación del sistema político anterior y la proliferación de interlocutores.

FRAGMENTACION Y FRAGILIDAD

Hay un proceso de fragmentación que afecta a todas las fuerzas, tanto a las que tienen origen en Juntos por el Cambio (PRO, radicalismo) como a las de genealogía peronista. Ni el propio oficialismo, con sus peleas encrespadas, denuncias mutuas y expulsiones, escapa a ese fenómeno, pese a contar como elemento ordenador de última instancia con la figura fuerte del Presidente, que ayer retó a sus seguidores: “Solo estando juntos podemos ser fuertes… cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza”.

Los montoncitos de poder dispersos entre líneas, facciones y ambiciones varias vuelven complicado ordenar una búsqueda de convergencias por el camino de los partidos. Y la circunstancia de que los próximos comicios a la vista sean de carácter parlamentario (y carezcan de la lógica unificadora que proveen las candidaturas presidenciales) es un factor suplementario de retardo, que agrega a la centrifugación de base la dispersión de tácticas y alianzas condicionadas por la lógica de cada distrito.

Con baja expectativa por la vía de los partidos, la ruta más próxima de recomposición del sistema de poder para sostener la fuerza que por el momento se concentra en el hipeerpresidencialismo son los gobernadores.

Fueron ellos (en rigor, la mayoría de ellos) los que contribuyeron a corregir y a hacer aprobar la Ley de Bases que incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, RIGI. Serán seguramente ellos los que, junto con los votos legislativos que ha empezado a trabajar el Presidente en persona, podrán evitar que el Congreso rechace el veto de Milei a la ley de jubilaciones. Un rechazo tendría efectos políticos formidablemente corrosivos.

Esa mayoría de gobernadores dispuestos a una cooperación recíproca con el hiperpresidente no incluye al gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero sí a gobernadores de origen peronista (el catamarqueño Jalil, el cordobés Llaryora, el tucumano Jaldo, por ejemplo), pasando por gobernadores del PRO, radicales y líderes de movimientos provinciales. Todos ellos trabajan ya para tomar en octubre el control del Consejo Federal de Inversiones con la idea de convertirlo activamente en un gestor de proyectos y propuestas de signo federal y productivista convergente con los cambios que promueve el Poder Ejecutivo.

Los gobernadores tendrán también un papel, a través de los legisladores de sus respectivas provincias, en la discusión de la Ley de Presupuesto, que indica las dotaciones de fondos y los destinos de aplicación de los recursos del Estado, lo que convierte a la Ley en un programa de acción para el gobierno.

La tasa de riesgo país viene creciendo desde abril y orilló la última semana los 1500 puntos básicos. Lo que está requiriendo el mercado, el gran examinador, es confianza. Un horizonte de confianza, más allá de la que ya les puede merecer la figura de Milei. Se miden las relaciones de Milei con el Congreso, con la Justicia, con las leyes y con los medios (y, obvio, con la sociedad).

Muchos analistas -habitualmente fulminados en los discursos de Milei- adjudican riesgo y desconfianza a la escasez de reservas frente a las obligaciones que Argentina debe afrontar en lo que queda de 2024 y en 2025, así como a la subsistencia del cepo cambiario. Levantar el cepo conduciría a una devaluación y desbarataría la política antiinflacionaria que practican Milei y el ministro Luis Caputo.

“Yo creo que si devaluamos, se acabó todo el programa, se acabó Milei, se acabó todo”, sentenció uno de los economistas más respetados por el mercado, Ricardo Arriazu.

Ese diagnóstico subraya dramáticamente la fragilidad del piso sobre el que debe moverse el hiperpresidencialismo de Milei. En rigor, esa fragilidad amenaza a la Argentina que, simultáneamente, tiene ante sí la perspectiva del superávit energético, de la significativa expansión de sus exportaciones, del desarrollo federal alimentado con grandes inversiones.

Esa paradójica combinación de endeblez y potencialidad clama por una amplia y representativa plataforma de sustentabilidad que comparta las responsabildades de la transición y sostenga un horizonte previsible, capaz de recuperar para el país una confianza que se extienda más allá de un período presidencial. Se trata de construir un nuevo sistema político.

Publicado en La Prensa.