Fundación Atlas 1853

¿Vigilante contra la desinformación o censor financiado por los contribuyentes?

Phillip W. Magness

Investigador Asociado del Independent Institute e Investigador Asociado Senior del American Institute for Economic Research.

El comisionado entrante de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por su sigla en inglés), Brendan Carr, anunció recientemente su intención de investigar a la firma NewsGuard. Esta empresa se encarga de publicar “ratings de desinformación” de sitios web en base a un sistema de puntuación de sus autodenominados “verificadores de hechos”. La característica más distintiva de NewsGuard es su plug-in para navegadores, cuyo objetivo es colocar estas calificaciones en los resultados de los motores de búsqueda. Según el sitio web del grupo, NewsGuard mantiene “asociaciones” con varios gigantes tecnológicos a efectos de fomentar la adopción de sus ratings de aplicaciones y contenidos. Con ello, pretenden que sus calificaciones de “etiqueta nutricional” promuevan sitios web que consideren fiables, a la vez que desincentivan aquellos sitios que reciben etiquetas de advertencia “amarillas” o “rojas” por una supuesta promoción de “desinformación”.

Tras la decisión de Carr, varios defensores de las libertades civiles salieron en defensa de NewsGuard. Ari Cohn de la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE es su sigla en inglés), describió la carta de Carr como un ataque a la propia libertad de expresión de NewsGuard, describiéndola como un “grupo privado de verificación de hechos” cuyos derechos a calificar sitios web en virtud de la Primera Enmienda se encuentran en peligro por las amenazas de una investigación gubernamental. Superficialmente, esta acusación podría parecer plausible, salvo por un hecho convenientemente omitido. NewsGuard no está siendo del todo transparente sobre la naturaleza ‘privada” de su negocio. En realidad, la empresa recibe múltiples contratos del gobierno federal como parte de las iniciativas de la Casa Blanca de Biden para contrarrestar la “desinformación” online.

En 2021, el Departamento de Defensa le pagó a NewsGuard casi 750.000 dólares por un proyecto de rastreo de “huellas dactilares de desinformación” en Internet. Otro premio del “Global Engagement Center” del Departamento de Estado otorgó a NewsGuard 25.000 dólares por el acceso a su sistema de calificación de sitios web como parte de otra iniciativa gubernamental vagamente elaborada para combatir la “desinformación” en línea. NewsGuard también presume de sus conexiones con una red de agencias federales del sector de defensa e inteligencia. El ex jefe de espionaje de la CIA Michael Hayden y el ex secretario de Seguridad Nacional Tom Ridge forman parte de su consejo consultivo. El sitio web de la empresa presume de “asociaciones” similares con el gobierno británico a fin de “detectar narrativas de desinformación” y con la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la “desinformación online sobre COVID-19” (sic). En estos contextos, la empresa aparentemente “privada” comienza a lucir como si estuviera sirviendo como socio remunerado de varias entidades gubernamentales de alto nivel que apoyan sus esfuerzos para vigilar el contenido en línea.

Desde un punto de vista constitucional, es una gran señal de alarma. Si el gobierno federal pusiera en marcha su propia agencia para revisar los contenidos en línea, calificar los sitios web privados y presionar a las empresas tecnológicas para que señalen o eliminen los contenidos desagradables, probablemente entraría en conflicto con las protecciones a la libertad de expresión conferidos por la Primera Enmienda. Pero ¿y si el gobierno contrata al sector privado para hacer parte de este trabajo sucio? La Corte Suprema sostiene desde hace tiempo que los organismos gubernamentales no pueden tercerizar con empresas privadas actividades prohibidas por la Constitución.

Como ha sugerido Carr, la estrecha relación de NewsGuard con el gobierno federal puede cruzar esta línea. Como mínimo, justifica una investigación, dado que el dinero de los contribuyentes está involucrado en sus contratos de “desinformación”. Con este fin, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes se encuentra realizando a cabo una investigación paralela de estos gastos y recientemente ha pedido a NewsGuard que revele “todos los documentos y comunicaciones entre NewsGuard y cualquier departamento o agencia federal en relación con cualquier contrato, subvención u otro trabajo realizado por NewsGuard para o en colaboración con cualquier departamento o agencia federal”.

En respuesta, NewsGuard insiste actualmente en que “nunca ha celebrado contratos con el gobierno de EE.UU. para calificar o “filtrar” sitios web”. En su lugar, la empresa describe los contratos mencionados como un acuerdo de “licencia” para permitir la utilización de sus datos y servicios de calificación de sitios web. Sus afirmaciones aquí equivalen a una distinción sin diferencia. De hecho, el propio comunicado de prensa de NewsGuard de 2020, anunciando uno de los contratos con el Pentágono antes mencionados, se jactaba de que la empresa proporcionaría al gobierno “acceso a la base de datos de NewsGuard, constantemente actualizada, de calificaciones y “etiquetas nutricionales” elaboradas por periodistas para miles de sitios web de noticias e información en Estados Unidos y Europa”, así como una “base de datos de huellas dactilares de desinformación” para marcar “historias, publicaciones en redes sociales, vídeos” y otros contenidos en línea.

Mientras que NewsGuard afirma que tan sólo vigila la “desinformación” conocida y verificada de otras fuentes, el historial de la empresa sugiere que contribuye a difundir su propia desinformación online.

En 2021, experimenté de primera mano las turbias tácticas de NewsGuard cuando uno de sus “verificadores de hechos” se concentró en contenidos relacionados con la Declaración de Great Barrington (GBD) por supuesta “desinformación sobre el Covid”. El autoproclamado “verificador de hechos” de NewsGuard, John Gregory, me acribilló con preguntas argumentadas de manera tendenciosa, todas ellas dirigidas a construir su caso en favor de una reseña negativa del sitio web. En lugar de consentir su sistema de calificación, obviamente sesgado, me opuse y decidí poner a NewsGuard bajo el microscopio. Mi colega Ethan Yang y yo tomamos la rúbrica “Etiqueta nutricional” de NewsGuard y la aplicamos a su empresa. Evaluamos su sitio web utilizando su propio multifacético sistema de puntuación, que otorga puntos en función de la precisión del contenido, la voluntad de efectuar correcciones, la transparencia de la financiación y categorías similares. En agosto de 2021, NewsGuard reprobó su propio sistema de puntuación con sólo 36,25 puntos de 100 posibles. De hecho, obtuvieron peores resultados que la mayoría de los sitios web que calificaron.

Nuestra investigación reveló también que NewsGuard traficaba con mucha desinformación sobre el COVID, normalmente por motivos abiertamente políticos para impulsar la postura a favor de las cuarentenas de la empresa y del gobierno federal. A pesar de posar como un reportero de desinformación “sanitaria”, Gregory carecía de credenciales médicas o de política de salud pública. Simplemente tenía fuertes opiniones políticas a favor de los confinamientos. Varias de las fuentes en las que se basó para la “comprobación de los hechos” se limitaron a regurgitar los temas de discusión de los políticos y los utilizaron para evaluar y escribir sus opiniones.

Por ejemplo, su principal fuente citada para atacar la Declaración de Great Barrington y defender la eficacia de los encierros fue el ex ministro de Salud británico Matt Hancock. No con poca ironía, Hancock dimitió en desgracia en junio de 2021, pocos días después de que NewsGuard me contactara por primera vez para comenzar a desprestigiar la GBD. Una investigación en el Reino Unido determinó que Hancock violó los mismos protocolos de confinamiento que le habían encomendado hacer cumplir en el pico de la ola de Covid en el otoño boreal de 2020.

Los revisores del sitio web de NewsGuard también mostraron un pronunciado sesgo en contra de la teoría de una fuga de laboratorio como origen del COVID-19. Haciéndose eco de las indicaciones de Anthony Fauci, los “verificadores de hechos” del sitio calificaron a la hipótesis de la filtración desde un laboratorio como una “teoría conspirativa” y se propusieron desacreditarla como “desinformación sobre el Covid”. Desde el comienzo de la pandemia, NewsGuard importunó a docenas de sitios web privados y de medios de comunicación convencionales con preguntas amenazadoras de “comprobación de hechos” por atreverse siquiera a mencionar la hipótesis de la fuga de laboratorio.

Respondí a las preguntas de NewsGuard de 2021 señalando que la hipótesis de la filtración del laboratorio había obtenido apoyo de un creciente cuerpo de literatura científica y de evaluaciones de las agencias de inteligencia estadounidenses. En cuestión de horas, Gregory borró de su cuenta de Twitter los ataques anteriores contra sitios web que cubrían la historia de la filtración. Poco después, NewsGuard publicó una declaración en su sitio web en la que admitía que sus calificaciones habían “caracterizado erróneamente las afirmaciones de los sitios sobre la teoría de la fuga de laboratorio, se habían referido a la fuga de laboratorio como una “teoría conspirativa” o habían agrupado erróneamente afirmaciones no probadas sobre la fuga de laboratorio con la afirmación separada y falsa de que el virus COVID-19 había sido creado por el hombre”. En total, NewsGuard se vio obligado a revisar sus informes sobre al menos 21 sitios web después de haberlos penalizado indebidamente por informar sobre la hipótesis de la fuga en el laboratorio.

Imagínense mi sorpresa cuando Gordon Crovitz, co-CEO de NewsGuard, publicó una respuesta a la investigación del Comisionado Carr de la FCC, fechada el 18 de noviembre de 2024. Citando la investigación en curso de la Cámara de Representantes, Carr señaló que “NewsGuard comprobó agresivamente los hechos y penalizó a los sitios web que informaron sobre la teoría de la fuga del laboratorio del COVID-19”.

Escribiendo para NewsGuard, Crovitz le respondió a Carr intentando cubrir las huellas de su empresa: “Nosotros… nunca hemos dado a un sitio una puntuación más baja por publicar la teoría de la filtración del laboratorio, que, a diferencia de muchas otras entidades, siempre hemos considerado creíble y no una información errónea”.

Independientemente de lo que revelen las investigaciones en curso, una cosa es cierta: Los contribuyentes tienen derecho a saber por qué el gobierno federal otorgó cientos de miles de recursos públicos a una empresa de rastreo de “desinformación” que de manera deliberada desinforma al público sobre sus propias actividades e historia.

Traducido por Gabriel Gasave

Publicado en el Independent Institute.