Fundación Atlas 1853

Llega el ticket con impuestos discriminado: la mayor victoria simbólica de la “motosierra” de Milei

Diego Dillenberger

Director de la revista Imagen y conductor de La Hora de Maquiavelo.

“Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la Humanidad”: la famosa frase del astronauta Neill Armstrong al pisar la luna, en 1969, vale perfectamente para la resolución que rige desde el jueves en la Argentina sobre los tickets en las compras al consumidor final. Parece un detalle mucho menor e intrascendente, pero es una verdadera revolución que podrá potenciar brutalmente la comunicación del gobierno libertario y su política de “motosierra” sobre el gasto público.

El “papelito” que obtiene todo consumidor cuando hace una compra -en blanco- empezará a desnudar una cruel realidad: en la Argentina, por ejemplo, el 48 por ciento del precio de una lata de gaseosa no lo reciben ni el comerciante ni el fabricante, sino el Estado, entre gobierno nacional, provincial y municipal. En el caso de un alimento, el 40 por ciento son impuestos indirectos sobre el producto: para que los argentinos puedan comer, deben dejarle buena parte de sus ingresos al Estado.

A excepción del aire que respiramos los argentinos, cerca de la mitad de lo que pagamos se lo lleva el Estado. Y si se tienen en cuenta impuestos que pesan directamente sobre los productores y comerciantes, como las cargas sociales o las ganancias de las empresas, costos de habilitaciones, permisos y otros inventos de los municipios, queda claro que el Estado se lleva la mayor parte de todo lo que producen y compran los argentinos.

Desde ahora, de a poco, los argentinos irán viendo el IVA y los llamados impuestos nacionales indirectos sobre los productos que compran revelados día a día en los tickets que reciban en los comercios.

Para entender el significado enorme de este pequeño paso: es como un “blanqueo al revés”. Esta vez no serán los contribuyentes los que confiesen al fisco cuántos dólares ahorraron en el “colchón” y no habían declarado, sino que ahora el gobierno expondrá ante los consumidores algo que desde hace medio siglo buscaba ocultar: con cuánto se queda de cada pago que hacen los argentinos.

Aunque parezca insólito, hasta la semana pasada la ley lo prohibía expresamente: solo las empresas tenían derecho a reclamar un ticket con los impuestos discriminados. Para el “común de los mortales”, debía ser un oscuro misterio cómo se componía el precio de las cosas que compraban. El estado debía parecer una especie de “duende” que repartía generosamente dinero que no se debía saber de dónde salía.

La furia de los consumidores debía orientarse exclusivamente sobre los empresarios y los comerciantes y no sobre el gobierno: una genial estrategia de lavado de cerebro.

La resolución que creó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor dentro de la Ley Bases y que rige desde el jueves es la estrategia de comunicación más potente con la que cuenta ahora el presidente Javier Milei desde que arrancó su gobierno: ese pequeño papelito con algunos impuestos discriminados empezará a generar conciencia y curiosidad sobre cuánto cuesta realmente ese Estado que a los argentinos no les dio en las últimas décadas ni una buena educación, ni seguridad, ni salud, ni una infraestructura que sirviera para que el país se pudiera desarrollar.

Desde el punto de vista de la comunicación de la idea de la “motosierra”, la discriminación de impuestos en los tickets al consumidor es un paso de extraordinaria potencia que puede ser clave para la “batalla cultural” que pretende librar Javier Milei.

¿Cómo llegó la Argentina a que la ley prohibiera que las empresas les mostraran a los consumidores los detalles de los impuestos que encarecían sus productos y que hacían que solo una elite con capacidad económica para viajar al exterior pudiera disfrutar productos y servicios más baratos?

El sistema funcionó a la perfección desde la década del 70 y fue la herramienta más letal de la política argentina para ocultarle a la población el altísimo nivel de impuestos que terminaron haciendo de la Argentina un país económicamente inviable.

De hecho, el oscurantismo en los tickets al consumidor fue la única política de Estado que respetaron todos los gobiernos con un consenso que abrazaron sin chistar militares, civiles, peronistas, radicales y hasta Mauricio Macri: todos continuaron sin pruritos ideológicos el “lavado de cerebro” al consumidor. Era un “relato” común a todos: que los consumidores se enojaran por los precios con empresarios y comerciantes, nunca con los gobiernos.

El peronismo llevó esa estrategia a lo más alto de la exquisitez: cuando ya los impuestos no alcanzaban para saciar la voracidad fiscal, inventaron la inflación, y con controles de “precios cuidados” o “justos” lograban desviar la culpa sobre las empresas. El Estado era ese duendecito benévolo e inocente.

En buena medida, el “pequeño paso” en los tickets que empiezan a recibir a partir de ahora los argentinos -que se irá implementando de a poco en los próximos meses- es producto de la prédica de una ONG formada por grandes empresas y estudios de abogados: la Fundación País con Lógica, que dirige el abogado y contador Matías Olivero Vila.

Esa fundación buscó difundir en los medios desde 2021 la necesidad de que la Argentina imite a Brasil, donde los empresarios lograron hace años que los tickets al consumidor final discriminen todos los impuestos que paga el consumidor con su compra.

Los cientos de miles de argentinos que veranean este año en Brasil van a experimentar directamente cómo son los tickets que les entregan las “lojas” en las que hacen sus compras: desde hace años discriminan todos los impuestos nacionales, estatales y municipales en los tickets, de manera que sabrán cuánto les pagan a los fabricantes y vendedores brasileños y cuánto de esos reales se los queda el estado del país vecino.

Matías Olivero Vila explica que, en comparación con Brasil, este primer paso para transparentar los impuestos en los tickets en la Argentina es más modesto. “Si tomamos el 48 por ciento que se lleva el Estado cada vez que compramos una gaseosa, por ahora en este primer paso los consumidores argentinos van a ver discriminado poco más del 30 por ciento de ese precio, que es solo una parte de lo que se lleva el gobierno nacional”.

El especialista de Lógica explica que por ahora los consumidores no verán el impacto del impuesto al cheque o el impuesto a los combustibles o los aranceles a la importación, que algún día se podrían sumar en una segunda etapa.

A esta “piedra libre” para la voracidad fiscal argentina le faltan además los impuestos provinciales y municipales, como Ingresos Brutos, que puede llegar al 10 por ciento en algunas provincias, o las tasas municipales, que pueden tener nombres tan altruistas como “tasa de inspección, seguridad e higiene”, pero que no son otra cosa que “peajes” para financiar los enormes aparatos de empleados públicos de los municipios.

Hasta ahora, solo en cinco provincias la oposición en las legislaturas presentó proyectos de adhesión para que sus distritos sumen a los tickets el “blanqueo” de los impuestos provinciales. En el corto plazo es previsible que gobernadores e intendentes miren para otro lado el mayor tiempo posible.

Pero el primer paso en ese papelito que le dan al consumidor cuando hace una compra puede ejercer en el largo plazo una presión muy fuerte sobre esos distritos a través de los votantes para que también revelen cuánto de las compras de sus ciudadanos se llevan los “bolsillos de payaso” del estado: el oscurantismo fiscal está condenado.

Según Vila, se podría haber resuelto el problema de que la nación no puede obligar a las provincias y municipios a blanquear sus impuestos ante los consumidores con una mínima reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, que podría haber evitado que las provincias puedan decidir si les quieren blanquear a sus vecinos todo lo que se llevan de sus compras. “Se podría haber hecho de un plumazo y tendríamos así un ticket similar al que verán los argentinos que veranean en Brasil”, explica.

Según el hombre de Lógica, el gobierno prefirió no enojar a los gobernadores, que preferirán mantener oculta el mayor tiempo posible la mano con la que les quitan buena parte de su ingreso a los consumidores.

Igualmente, cada empresa tiene ahora la libertad de exponer los impuestos que cobran todos los distritos. ¿Podrían las provincias dictar normas que prohíban que los tickets las “deschaven” en su voracidad fiscal?

“Sería un escándalo”, asegura Olivero Vila. En eso radica la revolución comunicacional del nuevo ticket discriminado para el consumidor final: por primera vez los argentinos van a empezar a ver negro sobre blanco todos los días cuánto se lleva el estado de sus ingresos. El que empieza a ver una parte de la verdad, ¿aceptará que le sigan ocultando el resto?

Publicado en TN.