Un programa para reconstruir la energía
Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
El
grupo de ex secretarios de energía de los gobiernos democráticos han elaborado
un programa de emergencia para la política energética con el objetivo de
conseguir el consenso de los candidatos presidenciales de 2015. Sergio Massa ya
lo ha firmado y se espera que también lo hagan Macri, Binner, Sanz y Cobos.
Según
el documento la política energética se concibe como una política de Estado, se
asume como estratégica, y debe ser accesible al conocimiento de cualquier
ciudadano que tendrá el derecho a informarse sobre la operación, los objetivos,
los planes y las obras del sector.
Sugiere
la elaboración de un Plan Estratégico Orientativo de largo plazo, refrendado
por ley del Congreso Nacional. Los ex secretarios entienden que entre sus preceptos deberán considerarse
criterios de eficiencia, diversificación, integración regional y desarrollo ambientalmente
sustentable.
También
hablan de promover la reducción de la dependencia de recursos fósiles alentando
la diversificación de las fuentes primarias de energía, como la
hidroelectricidad y la generación eólica. Según el documento para esa diversificación
se promoverán inversiones privadas y asociaciones público-privadas para licitar
obras donde la base de adjudicación sea la provisión de energía eléctrica al
menor costo.
Llama
la atención la sugerencia a desarrollar la generación nucleoeléctrica a través
de un programa que contemple la actividad de la industria atómica y su
tecnología, las últimas condiciones de seguridad a nivel mundial y las
factibilidades económica y financiera. Esa predilección contrasta con una única
referencia a las fuentes no convencionales de shale oil y shale gas que solo
entran en el documento al final para aclarar que “la exploración y explotación
de los recursos fósiles no convencionales (shale gas/ shale oil) será objeto de
un régimen ambiental especial sancionado por ley del Congreso”
En
cambio se pone el acento en la promoción de programas destinados al desarrollo
de los biocombustibles (biodiesel, etanol) para contribuir a sustituir
importaciones de derivados petroleros y a la diversificación de la matriz
energética.
Los ex
funcionarios entienden que el país tiene una elevada tasa de intensidad
energética (unidades de energía por unidad de producto) y sugieren hacerla
converger a los niveles internacionales de 0.7 durante la gestión del próximo
gobierno.
Se
entiende que todo el marco legal debe ser modificado, incluso la ley de
hidrocarburos, con un amplio consenso político para que pueda ser aplicado en
todo el territorio nacional. Esa nueva legislación deberá conciliar los
intereses de las provincias y la Nación, facilitar el pleno desarrollo de los
recursos del país y posibilitar la exploración en el Mar Argentino hasta el
talud oceánico.
En
materia de exploración sugieren un programa exploratorio de hidrocarburos que
abarque tanto las cuencas sedimentarias convencionales como no convencionales
recurriendo para ello a licitación pública internacional. Para los modelos
contractuales se tomará en cuenta la experiencia internacional y los
antecedentes exitosos de la región.
Respecto
de YPF, impulsan la gestión autónoma, controlada por el Estado para que rija su
plan de negocios por objetivos empresarios, privilegiando la exploración, el
desarrollo y la explotación de las cuencas argentinas, de los recursos
convencionales y no convencionales. La empresa mantendrá su capitalización
bursátil en el mercado argentino e internacional y podrá establecer
asociaciones estratégicas con empresas nacionales o internacionales a partir de
contratos estándar consustanciados con las condiciones y lineamientos de la
nueva política energética. La gestión de YPF debería ser auditada por la AGN,
cosa que hoy no ocurre bajo el argumento de que YPF “sigue siendo una empresa
privada de mayoría estatal sujeta a la ley de sociedades y no a las estructuras
de control público”.
En
materia de precios el documento establece que estos deberán retribuir los
costos totales de los bienes y servicios que produce. Propone reducir los
subsidios presupuestarios a la energía, no justificados socialmente, con la
meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de
electricidad Para aquellos usuarios vulnerables según indicadores
socioeconómicos se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa
social), que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en
garrafas).
En
materia de medidas urgentes, el documento propone la realización de una
auditoría independiente de las reservas de hidrocarburos a cargo de una empresa
especializada seleccionada por concurso internacional; implementar un “plan de
normalización” y puesta a punto del sistema eléctrico del área metropolitana a
los efectos de resolver los graves problemas de suministro que tuvieron lugar
en diciembre de 2013 y enero de 2014; y replantear el sistema actual de
importaciones de productos energéticos, en particular el de gas natural como
GNL, hoy con un suministro inseguro, caro y poco transparente.
Como se
ve se trata de medidas coherentes y entrelazadas que pretenden proyectar en el
tiempo una política racional y convocante de inversiones en un área en que la
Argentina se cayó a pedazos en la última década. Pero cualquiera puede advertir
un detalle evidente: el tiempo. Todo lo que se propone lleva tiempo. Aun si se
empezara en este preciso instante a implementar estas ideas, los resultados
tardarían en verse. Es lo que deberá entender una sociedad que se dejó engañar
demasiado tiempo por la tentación de creer que la magia era efectivamente
posible. De todos modos, como eso es cierto, también lo es el hecho de que para
hacer 1000 km, hay que caminar el primer metro.
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