Los niños no hacen huelgas, pero pierden su educación

Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la
Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia
Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la
Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el
área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no
asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.
Lunes 24 de febrero,
comienzan las clases y, como siempre, también los paros docentes. Un escenario
predecible frente a cualquier gobierno que no esté alineado políticamente con
los jerarcas sindicales, con Roberto Baradel, con Sonia Alesso, con aquellos
que contribuyeron a mantener cerradas las escuelas durante casi dos años en la
pandemia, generando un daño a una generación de niños y jóvenes del cual jamás
se habrán de recuperar.
¿Cómo lograr algo
aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela,
sino con la declaración de la educación como una actividad esencial? Pero eso,
por sí solo, no alcanza.
El 14 de agosto pasado, la
Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por el
titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que declara a la
educación como un servicio estratégico esencial y obliga a las escuelas a abrir
los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el
derecho a la educación de los niños y adolescentes. Entre otros puntos, el
proyecto estipula que el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en
sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para
garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga por más de dos
días, este porcentaje se incrementará al 50%.
Si bien la aprobación del
proyecto constituye un avance, es insuficiente para defender el derecho a la
educación de los niños y jóvenes que asisten a escuelas de gestión pública,
mayormente afectados por los paros docentes.
Un niño que asiste a
clases en un establecimiento donde concurriría tan sólo el 30% de los docentes
no puede desarrollar su proceso de aprendizaje con normalidad. Ello no
garantiza su derecho a la educación.
Es imprescindible exigir
una mayor asistencia docente, como lo estipulaba, por ejemplo, el DNU del
gobierno nacional de diciembre de 2023. En su artículo 97, inciso f, definía la
educación como uno de los servicios esenciales, y explicitaba que: “en lo que
respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios
esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer las partes una cobertura
menor al setenta y cinco (75%) de la prestación normal del servicio de que se
tratare”.
El 1 de marzo de 2024, en
su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, el presidente
Javier Milei expresó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y
escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes
como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso,
incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio
esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará
a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga”.
No tengo duda alguna de
que el presidente tiene razón. Es necesario que el Senado, en su rol de Cámara
Revisora, apruebe el proyecto de ley que hoy cuenta con media sanción de
Diputados, pero elevando a un 75% el porcentaje de asistencia docente
requerida, como lo establecía el DNU, y que dicha modificación sea ratificada
por la cámara de origen.
Los niños no pueden hacer
huelga ni protestar por su derecho a aprender. Si los adultos no priorizamos su
educación, en pocos años muchos de ellos dependerán de planes sociales y
vivirán atrapados en un ciclo de pobreza. ¿Vamos a seguir condenándolos a ese
destino? Nuestros representantes en el Congreso tienen la posibilidad y
responsabilidad de evitarlo. No pueden mirar para otro lado.
Publicado en Perfil.
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