Fundación Atlas 1853

Un mercado legal para los órganos

Jeffrey A. Miron

Académico Titular del Cato Institute y Director de Estudios de Pre-grado en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Su área de especialización es el liberalismo económico, con particular concentración en la economía de las drogas ilegales. Miron ha sido parte de la facultad de la Universidad de Michigan y también ha sido un profesor visitante de la Escuela Sloan de Administración del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Entre 1992-1998 fue presidente de la junta directiva del Departamento de Economía de la Universidad de Boston. Es autor de Drug War Crimes: The Consequences of Prohibition and The Economics of Seasonal Cycles, además de numerosos artículos y estudios. Ha recibido la beca de investigación Olin por parte del Buró Nacional de Investigaciones Económicas (NBER, por su sigla en inglés), además de otras becas de investigación de la Earhart Foundation y de la Sloan Foundation, respectivamente. Miron recibió su título universitario de la Swarthmore College en 1979 con distinción magna cum laude y su doctorado en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1984.

La Ley Nacional de Trasplantes de Órganos (NOTA) de 1984 prohibió la venta de órganos humanos. Así, la NOTA cimentó un sistema basado en el altruismo, en el que los órganos se donan libremente y no se intercambian por dinero. Como resultado, Estados Unidos depende de las donaciones voluntarias de donantes vivos y fallecidos, un sistema con importantes deficiencias.

Con el sistema actual, más de 100.000 estadounidenses están en listas de espera, lo que supone un riesgo para sus dolencias actuales y significa que unas 5.600 personas mueren cada año esperando un trasplante. La asignación de órganos donados también es controvertida; el sistema actual deja de lado a los pacientes que siguen en la cola en el 20% de los trasplantes de donantes fallecidos. En los últimos cinco años han muerto más de 1.200 receptores "omitidos".

Una alternativa es legalizar la compraventa de órganos. Esto ampliaría la oferta –de donantes vivos y fallecidos– y beneficiaría tanto a los receptores como a los donantes.

Este planteamiento puede sonar extraño, pero existe. En 1988, Irán implantó un sistema en el que los donantes reciben una compensación económica estandarizada junto con prestaciones como un seguro médico. La tasa de trasplantes de riñón se duplicó y en 1999 desapareció la lista de espera. El sistema no mermó las donaciones de fallecidos: en 2000, sólo el 1,8% de los donantes eran fallecidos, frente al 12% en 2004 y 2005. Este mercado abierto de órganos erradicó muchos de los trasplantes de riñón ilegales y clandestinos que antes prosperaban.

Algunos afirman que un mercado abierto explota a los pobres, pero no es así. Las personas tienen diferentes gustos y ventajas genéticas adecuadas para la donación de órganos, por lo que la pobreza no determina únicamente quién los suministra. Además, muchas otras formas de trabajo son a la vez necesarias y desagradables, corporales (vientres de alquiler) o no (limpiar retretes).

Por último, algunos críticos también sostienen que un mercado legal permitiría a los ricos monopolizar la recepción de los órganos suministrados legalmente. La distribución, sin embargo, es una cuestión aparte. Tanto los hospitales públicos como los privados podrían comprar órganos para receptores pobres; el precio medio de un riñón en Irán es de sólo unos 4.400 dólares.

Así pues, en lugar de un sistema basado en el altruismo que provoca una escasez que acaba con la vida, Estados Unidos debería adoptar un mercado abierto de órganos.

Este artículo apareció en Substack el 12 de marzo de 2025. Jonah Karafiol, estudiante del Harvard College, es coautor de este artículo. Publicado en Cato Institute.