Fundación Atlas 1853

Los invisibles de la seguridad bonaerense

Ricardo Runza

Ingeniero Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.

En Argentina, cuando se habla de seguridad se lo hace desde una visión alejada del léxico y del análisis que se da en Europa y Norteamérica. Conceptos como “Sector Seguridad del Estado” (en inglés, Security Sector) y “Aplicación de la Ley” (Law Enforcement), utilizados internacionalmente para comprender esta materia y su complejidad, son ignorados.

La seguridad aquí se abarca desde una perspectiva muy rudimentaria, reducida a presupuestos, cantidad de patrulleros, las cámaras de video y otras de orden operativo, dejando de lado todo aquello que es estructural y gravitatorio para encontrar soluciones que satisfagan con éxito las expectativas de la sociedad; ya se trate del Estado nacional o de cualquiera de los Estados subnacionales del país.

Esta falencia se agrava cuando la seguridad es abarcada desde el derecho penal o procesal con soluciones que se plantean desde lo legislativo, fracasando una y otra vez. Aquí la discusión pasa por lo ideológico y se torna estéril, porque siempre el foco de la acción política termina en lo superficial y nunca en lo estructural; es decir en lo que realmente va a cambiar las cosas.

Entonces, nadie (ni académicos ni políticos) aborda la problemática desde su profundidad: desde las correcciones que en la provincia de Buenos Aires pasan por el diseño territorial de las jurisdicciones municipales, el formato imperfectamente unitario del Poder Ejecutivo provincial, el diseño territorial de las jurisdicciones del Poder Judicial provincial, el diseño napoleónico de la fuerza policial más grande de todo el hemisferio occidental y del modelo de aplicación de la ley, la cuestión más importante para tratar cuando se quiere encarar la problemática de seguridad bonaerense desde un marco técnico acorde con el abordaje que se le da a este tema en el mundo.

Y aquí surge una cuestión crucial que el politólogo Samuel Huntington puso en evidencia académica, hoy indiscutida y paradigmática: el control civil (político y ciudadano) sobre una fuerza armada, una fuerza policial o un fiscal y un juez, dependiendo del modelo de aplicación de la ley y el modelo de administración de justicia que ese Estado dispone para mantener la paz y el orden.

En la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es ese control sobre policías, fiscales y jueces? El político es total, mientras que el ciudadano es inexistente. Entonces, ¿no será esta una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta para encontrar alguna solución eficaz?

Efectivamente sí, porque cuando aparecen casos rimbombantes que impactan en la opinión pública se desnuda que en el ámbito geográfico, donde se desarrollan los hechos, la gente desconoce quiénes son los actores intervinientes desde el Estado (jueces, fiscales y comisarios). Entonces, el foco siempre se pone sobre el eslabón más débil y sobre él se desata toda la furia contendida por la impotencia ciudadana que se acumula hasta tal punto que estalla sobre la policía; es decir, sobre el auxiliar de los responsables de aplicar la ley dejando a estos ocultos. Son los invisibles.

Indudablemente, el principal invisible es el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, y los responsables de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal que dependen de él. Si tomamos –por ejemplo– el partido de Moreno (una jurisdicción municipal dentro del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez) y si un caso estalla allí, el fiscal general, Lucas Oyhanarte; los agentes fiscales de la UFI 1, Leandro Ventricelli; de la UFI 2, Carina Saucedo; de la UFI 3, Luisa Pontecorvo; de la UFI 4, Federico Soñora; de la UFI 7, Gabriel Lorenzo; de la UFI 8, Gabriela Urrutia; de la UFI 6, especializada en penal juvenil, Alejandra Piqué; de la UFI 5, especializada en violencia de género, familiar y usurpaciones, Emiliano Buscaglia, y los jueces del Juzgado de Garantías 1, Adriana Alicia Julián; del Juzgado de Garantías 2, Gabriel Alberto Castro; del Juzgado Correccional 1, Mariano Jorge Fernando Almanza; del Juzgado Correccional 2, Pablo Alberto Bonini, y del Juzgado de Garantías del Joven 1, Mirta Liliana Guarino, son invisibles para la gente (según corresponda su intervención) y toda la exposición pública recae en el ministro de Seguridad de la Provincia y en algunas autoridades policiales del distrito que terminan siendo el fusible a detonar.

Cuando lo mediático cesa, los invisibles siguen así porque son parte de esa generalidad que lo oculta todo: “la Justicia”, manteniéndolos desconocidos para aquellos a los cuales ellos tienen que servir aplicando la ley en oportunidad y con eficacia.

Hecho que no ocurre porque son propuestos, designados, controlados y revocados por la política sin ninguna participación ciudadana objetiva local, porque ese control “huntingtoniano” es de aplicación imposible con este modelo vigente y con la duración de los cargos que tienen los jueces y fiscales provinciales, quienes no tienen suficientes y fuertes incentivos alineados con los intereses de la sociedad del distrito donde tienen asiento.

Cambiar esta situación requiere de una reforma constitucional que modifique el Sector Seguridad en el marco de un cambio muy profundo en el Estado provincial. No es fácil. Es un asunto de poder. De su reconfiguración a favor de los ciudadanos para lograr incentivos eficaces para la aplicación de la ley que desean. Este es el único camino de solución real que debe plantearse a los bonaerenses. No lo que se escucha desde la política para la contienda electoral que se avecina.

Publicado en Perfil.