Jeffrey A. Miron
Académico Titular del Cato Institute y Director de Estudios de Pre-grado en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Su área de especialización es el liberalismo económico, con particular concentración en la economía de las drogas ilegales. Miron ha sido parte de la facultad de la Universidad de Michigan y también ha sido un profesor visitante de la Escuela Sloan de Administración del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Entre 1992-1998 fue presidente de la junta directiva del Departamento de Economía de la Universidad de Boston. Es autor de Drug War Crimes: The Consequences of Prohibition and The Economics of Seasonal Cycles, además de numerosos artículos y estudios. Ha recibido la beca de investigación Olin por parte del Buró Nacional de Investigaciones Económicas (NBER, por su sigla en inglés), además de otras becas de investigación de la Earhart Foundation y de la Sloan Foundation, respectivamente. Miron recibió su título universitario de la Swarthmore College en 1979 con distinción magna cum laude y su doctorado en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1984.
El 3 de junio, Keith Johnson, de Foreign Policy, especuló que la administración Trump, tras dos duras derrotas judiciales, estaba considerando recurrir a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una cláusula que nunca se ha utilizado, para mantener viva su guerra arancelaria. La disposición permite imponer aranceles de hasta el 15% para hacer frente a emergencias de "balanza de pagos", lo que impide la intervención del Congreso durante un máximo de cinco meses. El comercio es solo uno de los ámbitos en los que el Congreso ha concedido al presidente una autoridad prácticamente unilateral; otros casos similares son la inmigración y la política industrial. Ambos siguieron un guion similar, otorgando amplios poderes a los presidentes para hacer frente a desastres reales e imaginarios. Esta creciente libertad presidencial no apareció de la noche a la mañana, sino que tiene sus raíces en la fundación de Estados Unidos, cuando Alexander Hamilton, en su Federalist 70, ensalzó las virtudes de la "energía ejecutiva". Hamilton argumentó que dar cierto margen de maniobra al ejecutivo daría tiempo al Congreso para reunirse y deliberar; el motivo debía ser la rapidez, no las preferencias políticas. Ahora, sin embargo, los presidentes utilizan la libertad que les ha concedido el Congreso para eludir el bloqueo legislativo y presionar a sus socios comerciales. Lo que comenzó como un extintor detrás de un cristal se ha convertido en una navaja suiza para la política cotidiana.
Esa evolución es fácil de detectar en los registros históricos. La Ley de Producción para la Defensa de 1950, creada para enviar rápidamente acero y caucho a Corea, ahora respalda las intervenciones en tiempos de paz, desde la escasez de leche de fórmula hasta los hisopos para COVID-19. Además, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, destinada a mantener el metal soviético fuera de los silos de misiles, apoyó los aranceles de 2018 sobre el acero y el aluminio canadienses. Estos episodios muestran cómo las leyes de emergencia, redactadas para crisis específicas y de corta duración, pueden convertirse en licencias permanentes que van mucho más allá de su alcance original. Al mismo tiempo, el argumento de Hamilton puede tener algo de verdad: tal vez algunas situaciones sí requieren una acción ejecutiva rápida. Entonces, ¿cuándo, si es que alguna vez, debería el Congreso delegar el poder "de emergencia" al presidente? Es difícil establecer normas estrictas para la autoridad ejecutiva, pero algunos cambios podrían ayudar: sustituir expresiones elásticas como "seguridad nacional" o "balanza de pagos" por desencadenantes específicos; fijar fechas de caducidad que restablezcan los poderes del Congreso; y exigir a los presidentes que justifiquen por qué sus medidas cumplen los desencadenantes legales. Ninguna de estas medidas es infalible, pero podrían restablecer cierta supervisión sin sacrificar la rapidez que Hamilton deseaba.
Una reforma más agresiva eliminaría por completo los poderes de emergencia (ya que algunos presidentes inevitablemente sobrepasarán cualquier límite que no sea una línea clara). La objeción a este enfoque es que, en algunos casos, un presidente puede necesitar realmente poderes de emergencia. Sin embargo, en tales casos, es probable que el Congreso apruebe rápidamente dichos poderes, ya que en situaciones de verdadera emergencia los hechos son claros y convincentes. Esto es lo que ocurrió en respuesta al ataque de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941. La primera flota de bombarderos y cazas japoneses atacó a la 1:48 pm EST del 7 de diciembre de 1941; el Congreso votó a favor de declarar la guerra a las 12:30 m EST del 8 de diciembre, menos de 24 horas después. En términos más generales, el país prosperó durante muchas décadas antes de la creación de la mayoría de los poderes de emergencia. Puede volver a hacerlo en el futuro. Este artículo apareció en Substack el 1 de julio de 2025. Jonah Karafiol, estudiante de la Universidad de Harvard, es coautor de este artículo.
