Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
A veces me da la sensación de que el juez
de ejecución de sentencia de la condenada Cristina Fernández de Kirchner se ha
convertido en una oficina de sugerencias de los tiempos de la pandemia en la
que nos bombardeaban con el insoportable latiguillo de “Quédate en Casa”.
Justo hoy se cumplen cinco años de la
famosa “Fiesta de Olivos” que llevó a la superficie la vida desigual que
llevaba el poder que, al mismo tiempo, tenía a todo el país privado de su
libertad. Pero ese es solo una nota al margen del comentario de fondo de esta
columna.
Lo que quisiera recordar aquí es que
Cristina Fernández de Kirchner ESTÁ PRESA. No está “pasando una temporada en su
casa como consecuencia de un emergencia”. No. ESTÁ PRESA.
Las dos instancias de juzgamiento que prevé
nuestro sistema de defensa en juicio la encontraron culpable del delito que en
el Código Penal recibe el nombre eufemístico de “Fraude a la Administración
Pública” (pero que en realidad debería llamarse “Robo al Pueblo”) y más tarde
la Corte Suprema de Justicia rechazó el Recurso Federal, el de queja y el de
sentencia arbitraria que plantearon los defensores de la rea.
En esa condición Kirchner debería cumplir
con todas y cada una de las imposiciones que recaen sobre un interno común, con
independencia del lugar físico en el que la condena se esté cumpliendo.
Ese lugar (cuyo destino fue apelado por la
fiscalía) fue decidido en base a circunstancias que no están claras y que no
pueden explicarse más allá de que se trata de una persona que -en los términos
que usan los chicos en el colegio para referirse a un alumno que cuenta con
privilegios de parte de los profesores)- está “acomodada”.
No obstante esa diferenciación (que debería
primero explicar y luego agradecer) sigue tensando la cuerda burlándose no solo
del tribunal que la condenó y cuya sentencia debe controlar, sino también de
todo el pueblo que fue víctima de sus fechorías.
Desde su celda (que privilegiadamente es su
casa) sigue utilizando dispositivos que los presos tienen vedados, como por
ejemplo el teléfono.
Ya sabemos lo que fue la administración del
Servicio Penitenciario Federal durante el kirchnerismo y bajo la tutela de
María Laura Garrigós de Rébori, una subversiva (en el sentido de que se
proponía subvertir el orden carcelario) que fue la máxima figura que el régimen
de los Kirchner puso en un lugar clave como es el sitio donde se concentran los
que violan la ley.
Garrigós fue la gerente que gestionó los
privilegios con los que se movieron los jefes del crimen organizado a los que
no hubo más remedio que poner presos. Está claro que su escenario ideal hubiera
sido aquel que los mantuviera directamente en libertad. Pero cuando eso no fue
posible por la grosería de los delitos y de las pruebas acumuladas en su
contra, Garrigós -siguiendo órdenes de la nomenklatura que encabezaba Kirchner-
los rodeó de todas las comodidades -desde teléfonos móviles y computadoras
hasta televisores y escritorios- para que montaran en la prisión verdaderos
“cuarteles generales” desde donde seguían dirigiendo a sus secuaces y
decidiendo los operativos de sus bandas, todo solventado por el dinero de los
argentinos. Ahora esa práctica se está replicando con la jefa suprema de toda
la banda.
Desde la llegada del presidente Milei al
gobierno, su ministra de seguridad Patricia Bullrich, se ha propuesto revertir
todo ese aquelarre, llevando las cosas al lugar del que nunca deberían haber
salido, esto es, a la perogrullada de que los PRESOS ESTAN PRESOS.
Estar preso significa estar privado de la
libertad y del ejercicio de derechos que son comunes al resto de los ciudadanos
honrados que no han violado la ley. Esta afirmación también parece una
redundancia que no debería ni siquiera ser aclarada. Pero parecería que en la
Argentina es necesario reafirmar que el agua moja.
Entonces, por un lado el juez que controla
la ejecución de la sentencia de Kirchner y, por el otro, el Servicio
Penitenciario Federal que depende del Ministerio de Seguridad, deberían CORTAR
INMEDIATAMENTE todos los privilegios de los que hace uso y abuso la condenada
Cristina Fernández de Kirchner, empezando por el uso del teléfono, redes
sociales, internet y otros dispositivos de los cuales estaría privado cualquier
delincuente que roba un banco, un supermercado o que mata a un conciudadano por
la calle. Tampoco, obviamente, Fernández puede ejercer ningún derecho político
porque los mismos fueron abrogados por la sentencia que la condenó. De modo que
no puede participar de mitines políticos, convocartorias callejeras debajo de
su balcón, ni nada que se le parezca. Lo contrario sería admitir que habría
sido correcto que el Gordo Valor saliera a los balcones de su cárcel a dar
clase públicas sobre cómo afanar bancos.
NO HAY NINGUNA RAZÓN para que los
privilegios de Kirchner se extiendan más allá del que ya debería agradecer con
creces y que consiste en la deferencia que se ha tenido con ella para que
cumpla su condena en la casa, más allá del terrible daño que le ha propiciado
especialmente a aquellos que se debaten con más necesidades en la Argentina de
hoy.
El tétrico sistema de haber podido comprar
(como mínimo) la voluntad electoral de un sector de la sociedad y (como máximo)
incluso una veneración inexplicable, a partir de tirar migajas de soborno (si
se las compara con las fortunas que robó ella) a un conjunto humano rodeado de
carencias, es lamentable, penoso, vergonzante y debería ser recordado y
explicado cada día de nuestra existencia por alguna entidad que se lo proponga.
Pero sea cual sea la suerte de esa
sugerencia lo cierto es que su práctica terminó. Ahora deben terminar los
privilegios que consiguieron quienes idearon esa transacción inmoral y
rastrera. Que lamentablemente parte de nuestro pueblo no haya tenido las
claridades necesarias para distinguir lo que no era otra cosa que una forma más
de una demagogia del peor orden, será un problema que deberemos analizar y,
eventualmente, resolver por separado.
Pero al menos los que llevaron adelante ese
plan indigno de humillar a algunos ciudadanos convirtiéndolos en una especie de
mercadería comprable apenas por una infinitesimal parte de lo que se robaron,
deben pagar COMPLETAMENTE por el crimen que cometieron.
Para que ese pago sea
completo no solo deben pasar a la sombra el tiempo establecido en la sentencia
sino también desprenderse de cualquier elemento que haga parecer que su
presidio es algo que se asemeja más a un Air BnB de vacaciones que a una celda.
Publicado en The Post.
