Gustavo Irrazábal
Sacerdote y teólogo. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton (Argentina).
Afirmar que la justicia
social es un ideal podría entenderse como una manera elegante de relegarla al
reino de las buenas intenciones, pero es sólo un modo de recordar que aquélla,
en cuanto ideal, debe conservar una sana tensión con la realidad. Invocarla sin
un propósito serio de transformar las situaciones injustas sería un acto de
cinismo. Pero pretender llevarla a la práctica de modo inmediato y exhaustivo,
cueste lo que cueste, equivale a caer en el extremo opuesto, la utopía, una
variante romántica del fanatismo. La justicia social no es solo un buen deseo,
pero tampoco un proyecto de sociedad perfecta. Como ideal, busca inspirar tanto
los corazones como las estructuras sociales, imprimiéndoles un dinamismo
positivo que perfeccione progresivamente la convivencia colectiva.
Un claro ejemplo de lo
dicho es la enseñanza de Pío XI sobre el salario justo. Por un lado, afirma que
para determinar el salario deben tenerse en cuenta diferentes parámetros, entre
los cuales el primero –pero de ningún modo el único– es que su monto sea
suficiente para el sustento del trabajador y su familia. A continuación, sin
embargo, añade una aclaración de gran importancia: “Y si en las actuales
circunstancias esto no siempre fuera posible, la justicia social postula que se
introduzcan lo más rápidamente posible las reformas necesarias para que se fije
a todo ciudadano adulto un salario de este tipo” (Quadragesimo Anno, 70). Este
pontífice reconoce así que, incluso tratándose de situaciones objetivamente
injustas, las soluciones pueden no ser simples e instantáneas.
Según el Catecismo de la
Iglesia Católica “la sociedad asegura la justicia social procurando las
condiciones que permitan a las asociaciones y a los individuos tener lo que les
es debido” (no. 1943). La solidaridad en cuanto a la distribución de bienes
“supone el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las
tensiones puedan ser mejor resueltas, y donde los conflictos encuentren más
fácilmente su solución negociada” (no. 1940). Las citas podrían multiplicarse,
pero estas pocas, con su referencia constante a la gradualidad de los
objetivos, llevan a una conclusión muy clara: si bien la justicia social es
considerada por la Iglesia como un ideal que debe plasmar la realidad, no
desconoce las limitaciones que a menudo impiden soluciones en el corto plazo.
El imperativo de la justicia social busca orientar los esfuerzos de la sociedad
y sus miembros hacia condiciones progresivamente más justas. Ni cinismo ni
utopía.
Esta reflexión puede
arrojar luz sobre algunos debates que dividen hoy nuestra sociedad. Quienes
afirman que la situación de los jubilados, docentes, médicos o personas con
discapacidad es injusta e inaceptable tienen razón. Pero tales injusticias son
fruto de décadas de políticas inadecuadas, malas decisiones y un manejo
irresponsable o poco transparente de los recursos. Es de conocimiento público
que, en los últimos 20 años, millones de personas fueron incorporadas al
sistema jubilatorio a través de moratorias, transformando en derechos
previsionales una ayuda que, en el mejor de los casos, debió haberse canalizado
a través subsidios. Más: en ese mismo período, los fondos de la Anses se
destinaron a financiar la compra de bicicletas, electrodomésticos, créditos al
consumo, programas gubernamentales, así como para transferencias a otros
organismos del Estado.
Muchas personas que no
pueden ignorar de buena fe estos hechos del pasado reciente –o que incluso los
han convalidado– exigen hoy del Gobierno soluciones inmediatas y a cualquier
costo, haciéndose eco del viejo aforismo latino Fiat iustitia, pereat mundus:
que se haga justicia ya mismo, aunque se hunda el mundo. En el mejor de los
casos, esta actitud es expresión de un utopismo romántico; en el peor,
demostración de un cinismo calculado. Cualquiera sea la motivación, en ningún
caso se trata de lo que la Iglesia denomina “justicia social”.
Publicado en La Nación.
