Ricardo Runza
Ingeniero
Aeronáutico y Magíster en Defensa Nacional.
En Argentina, cuando alguien ocupa el cargo
de ministro de Defensa, lo hace con dos consignas: aumentar los salarios
militares para transformarse en el delegado gremial de las Fuerzas Armadas ante
el Presidente y su gabinete económico, y la segunda, comprar juguetes a los
tres hermanitos. ¿Qué pidieron los chicos? Uno, aviones de caza supersónicos.
El segundo, vehículos blindados para transporte de tropas. Y el otro,
submarinos. Este infantilismo en la conducción política es transversal a todos
los partidos políticos y el presidente Javier Milei y su ministro de Defensa,
Luis Petri, no decepcionan.
Ya le compraron a uno F-16 y van por el
regalito al segundo mientras contienen al otro. Los submarinos salen muy caros.
Lo increíble es que todo esto se da en un contexto de restricciones que no
produce un cambio trascendental en el manejo de la cartera. ¿Por qué se dan
estos requerimientos? Porque se basan en unas capacidades militares que cada
fuerza quiere tener, en lugar de proceder de una política y estrategia de
seguridad nacional, de otra de defensa consecuente con ella, y del diseño de la
fuerza militar que se necesita conforme a las amenazas y riesgos que se tienen
o proyectan.
En su último viaje a Washington, el ministro
Luis Petri firmó ante el secretario de Defensa de los EE.UU., Pete Hegseth, una
carta de aceptación de la oferta que ese país le hiciera a la Argentina para la
adquisición de vehículos blindados para transporte de tropas 8x8 M1126 Stryker
de General Dynamics para equipar al Ejército argentino. Según lo informado,
este lote de ocho vehículos se entregaría a partir de fines de este año y
durante 2026 para su evaluación hasta que –por medio de dos contratos siguientes–
la compra se confirme y se proceda con la entrega de dos lotes definitivos de
vehículos fabricados a nuevo. Unos 150 en total. Para cumplir este paso
preliminar, los primeros ocho vehículos serían usados.
Esto se lleva a cabo sin respetar el vehículo
seleccionado años antes, cuando en enero de 2023 el exministro Jorge Taiana
firmó con Brasil adquirir el Guaraní 6x6, desarrollado por Iveco Defence
Vehicles, después de que fuera evaluado aquí en junio de 2021 y superado todas
las pruebas, habiendo sido seleccionado ganador entre las opciones
norteamericana y china que se analizaron, ya que este ofrecía mejores ventajas
comparativas tales como un menor costo de adquisición (unos 100 millones de
dólares por 156 unidades, frente a los 132 millones ofrecidos en ese entonces
por 27 unidades del Stryker), producción local en la planta de Iveco Argentina,
en Córdoba, menores costes de operación y mantenimiento, y una mayor
adaptabilidad al terreno que su par norteamericano. La carta de intención de
compra por el Guaraní no pudo ejecutarse por falta de acuerdo financiero con
Brasil e Italia y la situación económica argentina en ese entonces, primando
una responsabilidad fiscal que pareciera hoy estar ausente para este caso.
Esta compra que encara Petri ahora parece
encuadrarse más como una decisión de alineamiento con los EE.UU. que con
parámetros técnicos y de costo-eficiencia de la defensa. EE.UU. vende. Su lobby
no es criticable. Es Argentina la que no sabe qué debe comprarle conforme a sus
prioridades de seguridad nacional y actuando como si su elite política no
supiera conducir el instrumento militar del país.
¿Qué prioridad tiene este vehículo blindado
para las necesidades, amenazas y riesgos militares que afronta la Argentina?
Ninguna. Ni con el kirchnerismo ni ahora. En todo caso, es una prioridad de
segundo orden. ¿Hace falta este vehículo para las operaciones en la frontera
norte? No. Menos en el terreno previsto de actuación frente a Bolivia y
Paraguay. ¿Y qué se necesita para esta misión? ¿Cuál es el aporte que puede
hacer la defensa para apoyar a las fuerzas de seguridad en su custodia
fronteriza? Aportar tecnología de vigilancia y control diurna y nocturna las 24
horas. ¿Y cómo puede hacerse esto de manera eficiente y con la mayor eficacia?
Con drones. Con muchos vehículos aéreos no tripulados de distinto tipo y con
diferentes tecnologías. ¿Se pueden comprar en EE.UU.? Sí, por ejemplo, a
General Atomic. ¿Hay otros proveedores? Sí, Turquía e Israel, entre otros,
dependiendo del tipo de vehículo aéreo de que se quiera disponer y el enjambre
de drones que se quiera poner en una frontera con más de mil kilómetros a
cubrir. ¿Se puede incluir transferencia tecnológica y fabricación en el país?
Debería ser una prioridad para la cartera de Defensa. ¿Está previsto esto con
la compra de los Strykers? No.
La Constitución Nacional establece claras
responsabilidades al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. A este último le
determina en el artículo 75 “fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y
guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno”. Esto significa
que las compras militares que realiza el Ejecutivo deberían tener una instancia
de aprobación más significativa que las actuales en el Legislativo a tono con
la responsabilidad constitucional que le ha sido asignada y el Ejecutivo tener
(tal como tiene el gobierno norteamericano) la obligatoriedad de definir una
política y estrategia de seguridad nacional y una política de defensa
consecuente con ella.
Sin estos parámetros técnicos y políticos que
lo justifiquen, no se pueden fijar las Fuerzas Armadas que se necesitan en
tiempo de paz y guerra y, por ende, la discrecionalidad para realizar una mala
compra militar como esta se torna posible.
Publicado en Perfil.
