La Argentina está
atravesando uno de los períodos más difíciles de su historia. Es de esperar
que, como el ave fénix, una nueva Argentina puede emerger de sus cenizas, pero
para ello es imprescindible no perder un sólo día más.
Es claro, y
nuestra historia reciente es contundente evidencia de ello, que el gradualismo,
frente a la tremenda realidad que enfrentamos, está lejos de ser una
alternativa. El camino más largo comienza con el primer paso, el 11 de
diciembre el nuevo gobierno, ya sea que represente al oficialismo o a la
oposición, tendrá la oportunidad de darlo.
“Todos los
problemas son problemas de educación”, nos decía Domingo F. Sarmiento. ¿Qué
mejor imagen para ilustrar nuestra realidad? Al fin y al cabo, desde el crecimiento
económico hasta la inseguridad, sin olvidarnos, por supuesto, de la equidad
distributiva, se encuentran directamente asociados a la educación.
¿Qué opinan los
candidatos que habrán de disputar el ballotage sobre la pertinencia de las
mismas? Sería de utilidad que lo supiésemos al momento de emitir nuestro voto.
De lo contrario, ¿cómo es posible que los ciudadanos votemos conscientemente a
quién consideremos el más adecuado para ocupar la primera magistratura?
Por ello esta
nota propone cinco leyes que he desarrollado en innumerables columnas de
opinión a lo largo de los años, las cuales le permitirían al gobierno tomar la
iniciativa frente a una crisis casi terminal que tiene la oportunidad, y la
responsabilidad, de revertir.
Comencemos por la
primera de ellas.
1. Los niños
deben concurrir a la escuela
Nuestro país
demuestra con contundencia que el hecho que los niños estén en el aula no es
garantía de que accedan a educación de excelencia; pero si ni siquiera tienen
clases no existe posibilidad alguna, la primera legislación se encuentra
dirigida a permitir algo tan natural como que los niños puedan concurrir a la
escuela.
Frente a la
utilización sistemática del paro como elemento de presión sindical, la
educación debe ser declarada servicio esencial, regulándose el derecho de
huelga en la actividad y defendiendo el derecho a educarse, de sobremanera de
aquellos niños y jóvenes que pertenecen a las familias más desfavorecidas
económicamente, generando de esta forma una mayor igualdad de oportunidades.
2. Hacer público
el resultado evaluativo preservando la identidad de los alumnos
El gobierno no
podrá realizar la reforma educativa que nuestro país requiere sin el apoyo de
los padres, quienes dieron muestras sobradas de su responsabilidad al oponerse
al irracional cierre de las escuelas durante la pandemia. Pero para ello es
necesario que conozcan la realidad.
Las evaluaciones
son la llave del reino, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de
conocimiento público. Por ello es imprescindible modificar el Artículo 97 de la
Ley 26.206, el cual establece que “la política de difusión de la información
sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as
alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier
forma de estigmatización”.
¿Estigmatización?
Por supuesto se debe preservar la identidad de los alumnos y docentes, pero no
así de las instituciones educativas. Modificar el artículo 97 despertaría a los
padres, les haría ver la realidad, los haría reaccionar. Su indignación le
daría al nuevo gobierno el apoyo imprescindible para enfrentar a los sindicatos
docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
3. Disponer de
una gran educación
En 1995 Steve
Jobs expresó en una entrevista realizada por el Smithsonian Institution: “Yo no
creo en la igualdad de resultados, pero realmente creo en la igualdad de
oportunidades. La igualdad de oportunidades para mí más que nada significa una
gran educación”. El Uruguay cuenta con una legislación de mecenazgo educativo
consistente con esta apreciación; replicarla en nuestro país constituye la
tercera legislación.
Veamos brevemente
el modo en que la legislación uruguaya facilita el funcionamiento de escuelas
gratuitas de gestión privada, que se financian con aportes de empresas o
particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación a
adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando excelentes
resultados académicos.
Su financiación
es posible gracias al artículo 78 de la Ley 18.083/2006 y su modificación, el
art. 269 de la Ley 18.834/2011 (sintetizado): “Las donaciones que las empresas
contribuyentes del Impuesto a las Rentas e Impuesto al Patrimonio realicen a
las entidades que se indican en el artículo siguiente (ej. instituciones
privadas cuyo objeto sea la educación primaria o secundaria que atiendan a las
poblaciones más carenciadas) gozarán del siguiente beneficio: el 75% de las
sumas se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados“.
Una legislación
como la uruguaya permitiría incrementar el rendimiento académico, reduciendo a
la vez la deserción, aún en contextos sociales claramente desfavorables.
4. Modificar la
Ley 27.204
La cuarta
legislación está dirigida a nuestros jóvenes. Es bien sabido que la Argentina
constituye una extraña peculiaridad entre las naciones, ya que carece de
cualquier sistema de evaluación del nivel de los conocimientos de los
estudiantes secundarios antes de ingresar a la universidad. Como bien señala
Alieto Guadagni, no se conoce en el mundo una ley como la 27.204, que prohíbe
cualquier tipo de examen para estimular un ingreso de estudiantes bien
preparados a la universidad.
La modificación
de la ley 27.204 evitaría estafar a miles de jóvenes que pierden valiosos años
de sus vidas realizando estudios universitarios que nunca habrán de concluir,
en lugar de prepararse para insertarse exitosamente en el mercado laboral.
¿Cómo
prepararlos? Adoptando el llamado sistema de educación dual alemán, en el cual
los estudiantes, que optan por realizarlo, pasan una cantidad importante de
tiempo en un lugar de trabajo, durante la segunda parte de su educación
secundaria. Conforme va transcurriendo el proceso de aprendizaje, el estudiante
incrementa el tiempo de entrenamiento en la empresa y reduce el tiempo de
aprendizaje en la institución educativa. Al finalizar sus estudios, muchos
ingresan directamente a puestos de trabajo en las empresas en las que
realizaron sus entrenamientos.
Si deseamos que
los jóvenes, fundamentalmente aquellos pertenecientes a las familias de menores
ingresos, terminen el secundario con calificaciones que les permitan
incorporarse exitosamente al mercado laboral es necesario llevar a cabo una
real reforma educativa y no soluciones cosméticas que sólo habrán de mejorar
las estadísticas de graduación, estafando a quienes supuestamente se desea
beneficiar.
5. Programa de
educación o formación profesional para adultos
La quinta
legislación propuesta no se enfoca en la educación de los niños sino en la de
millones de adultos beneficiarios de planes sociales; los cuales constituyen la
cronificación de la pobreza.
¿Cómo
reinsertarlos en la sociedad? Esta idea no es nueva, tiene su génesis en una de
las piezas más significativas de la legislación norteamericana, la llamada
Declaración de Derechos de los Veteranos de Guerra, GI Bill of Rights,
sancionada por el presidente Franklin D. Roosevelt en junio de 1944.
La misma, como
explicitó el presidente Roosevelt al firmar la Ley, “otorga a hombres y mujeres
la oportunidad de reanudar sus estudios o capacitación técnica luego de su
licenciamiento, o de tomar un curso de actualización o de reentrenamiento, sin
cargo de matrícula hasta US$ 500 por año escolar, y con el derecho a recibir
una asignación mensual mientras desarrolle dichos estudios.”
Gracias al GI
Bill of Rights, millones de personas que hubiesen intentado ingresar al mercado
de trabajo luego de la guerra, sin capital humano para ello, optaron por
reeducarse. Para la culminación del proyecto, en julio de 1956, 7,8 millones,
de los 16 millones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial habían participado
en un programa de educación o formación profesional.
Una ley, imbuida
de este espíritu, que requiera que todo beneficiario de un plan social concurra
a una escuela de adultos técnica, con el fin de completar su educación formal,
o que tome cursos de entrenamiento profesional en un amplio menú de actividades
productivas, como requisito para hacerse acreedor al subsidio, facilitaría su
reinserción en la sociedad productiva.
Nadie, en
condiciones de trabajar, debería mantener el subsidio de no hacerlo. De lo
contrario la Argentina va camino a convertirse en una sociedad de clases donde
una elite educada mantiene a una clase permanente de desempleados. Un escenario
fiscalmente insostenible y éticamente reprochable.
Publicado en
Perfil.
Edgardo Zablotsky
