Javier Cubillas
Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
Después de cada
elección legislativa de medio término emerge el debate sobre una reforma de
marcos normativos generales o incluso una reforma constitucional, aún más,
cuando crece en importancia un nuevo régimen de valores y un liderazgo que lo
aglutina. Pasó con Menem, lo quiso Cristina, ¿lo buscará Milei?
Parece que se
sondea esta posibilidad y se busca de este modo direccionar de modo piramidal y
matricial el debate y la realidad política argentina en el mediano plazo.
De ser cierto,
nadie puede pensar en que sea raro el planteamiento. Si se plantea una batalla
cultural - dimensión simbólico-cultural- es lógico pensar luego que se tendrá
intención de pasar a la reforma constitucional - dimensión político
institucional. Lo narrativo y las primeras leyes aprobadas por el Congreso de
reducción de estructura del Estado lo avalan.
Esta reforma
constitucional puede tener miles de aspectos que sobrepasan estas líneas pero
sí es claro cual deberían ser los criterios ejes del mismo: restringir la
discrecionalidad político económica del gasto sin respaldo / responsabilidad y
aumentar el poder de control cruzado de organismos que a la fecha, tributarios
de la reforma del 94, fueron exiguos en su poder de control político.
Que suponen los
dos ejes anteriores:
1- El presupuesto
nacional no debe ser más una carta blanca ni un supuesto a futuro sin razón,
razonabilidad ni responsabilidad sobre las fuentes de financiamiento, ni
rendición de cuentas en tiempo y forma de la inversión y asignación del gasto
en el nivel federal o transferida a las provincias.
2- Aumentar el
poder de control es habilitar que los poderes de control interno y externo al
Poder Ejecutivo y Legislativo puedan ser actores con independencia en su
designación y legitimidad de acción judicial, y el Poder Judicial rediseñar su
lógica con mecanismos de justicia participativa y con una CSJN desdoblada para
temas de códigos de fondo y uno de implicancia meramente Constitucional, por
ejemplo.
A los dos puntos
anteriores, entre otros ejes que se pueden plantear podemos sumar el respeto
irrestricto a los derechos individuales y propiedad privada anclada al eje del
desarrollo económico en un sentido liberal, nuevamente, no colectivizante ni
como un motor que sólo se disponga a partir del Estado o poderes provinciales.
La laicidad respecto del Estado, la descentralización del poder administrativo
a zonas o regiones trasladándose incluso la capital política a otra provincia,
entre otros asuntos públicos.
Y, de una vez por
todas, finalmente un esquema transversal de transparencia e integridad
recíproca de probidad y ética pública federal, pudiendo tomar el ejemplo de
Chile a pesar de la diferencia de régimen, pero no de objetivos y metas que
evalúan y lo llevan de modo constante a mejorar los controles de la gestión
pública, y nosotros, de modo en espejo y buscando la ejemplaridad podríamos
tener la misma meta como la OCDE, incluso, sigue exigiendo al respecto para
mejorar nuestra reputación e índice de transparencia internacional a nivel
global si queremos seguir ampliando mercados e integrarnos de par a par con
potencias.
Así que,
escuetamente, sólo para darle entidad y lógica a la frase del título, es a
todas luces esperable que una batalla cultural movilice a parte de la política
en pos de una reforma constitucional. Veremos si la estabilidad económica,
esencialmente, le da tiempo y sostiene acuerdos de gobernabilidad para este
proceso institucional de rediseño del poder.
Sería un gran
caso e hito propio de un cambio de década y de los tiempos que corren.
Publicado en
diario Perfil.
