Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la
Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia
Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la
Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el
área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no
asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.
En estos
días han circulado diversos borradores de lo que podría convertirse en una
nueva Ley Nacional de Educación. El texto no es público aún; sin embargo, los
trascendidos dan certeza de que el gobierno nacional aspira a reemplazar la ley
en vigencia. Discutir la arquitectura legal del sistema educativo es tocar la
esencia misma de cómo enseñamos, qué exigimos, quién decide y con qué
criterios. Es natural, entonces, que la iniciativa genere preocupación; lo que
no debería serlo es que, frente a la decadencia educativa argentina, alguien
sostenga que lo mejor es no hacer nada.
Hemos
atravesado décadas de deterioro sostenido. Por ello, aún sin conocer el texto
final del proyecto, el solo hecho de que se discuta una nueva ley educativa ya
es una buena noticia. Implica reconocer que el sistema actual ha dejado de
funcionar. No estamos ante una crisis ocasional, recuperable con retoques
menores, sino frente a una decadencia profunda, que se hace costumbre, que se
normaliza. Una crisis es transitoria; la decadencia se vuelve cultura. Y la
cultura solo cambia cuando un país decide asumir el costo político,
institucional y social de modificar aquello que lo condena a seguir perdiendo
futuro.
Los
borradores que se han hecho públicos hablan de un reconocimiento explícito del
rol de la familia como agente primario de la educación, por encima del Estado,
lo cual incluiría modalidades diversas, como educación en el hogar, formatos
híbridos y proyectos pedagógicos con más autonomía. También se sugiere que las
instituciones educativas tendrían mayor libertad para proponer sus propios
planes de estudio. Estas ideas, que para algunos son sinónimo de retroceso y
para otros son hasta peligrosas, no representan una retirada del Estado ni una
invitación al individualismo educativo. Solo plantean una verdad incómoda: la
uniformidad obligatoria ha fracasado.
Pretender
que un mismo modelo, definido centralmente, pueda responder a las necesidades
de millones de niños de contextos sociales, culturales y familiares
radicalmente distintos es una ilusión burocrática. Un sistema rígido no genera
igualdad; genera desigualdad disfrazada, porque ignora la realidad de los
estudiantes. En los últimos años, he defendido la necesidad de permitir que
convivan diversas propuestas pedagógicas, no porque imagine que la escuela
tradicional desaparecerá, sino por una razón elemental: si no liberamos la
innovación escolar, seguiremos condenados a un modelo uniforme que no educa
bien a nadie.
Reconocer
la primacía de la familia no equivale a que el Estado se desentienda de la
educación. Significa admitir que en ningún sistema educativo las familias
deberían ser meras espectadoras, limitándose a aceptar pasivamente aquello que
el Estado defina sin consultarlas. Un vínculo saludable entre Estado, familias
y escuelas no descansa en la subordinación, sino en la corresponsabilidad. El
Estado garantiza derechos; la escuela educa; la familia acompaña, apoya y
participa. La igualdad de oportunidades no se construye vaciando la
responsabilidad familiar, sino fortaleciéndola.
Se
afirma que modificar profundamente el sistema educativo implica riesgos. La
afirmación es correcta. Pero la pregunta indispensable es otra: ¿cuál es el
riesgo de no modificarlo? ¿Cuánto más costará continuar con un modelo que educa
poco, evalúa aún menos y, sin embargo, se mantiene como si los resultados
fueran satisfactorios? ¿Cuántas generaciones más de niños y jóvenes seguirán
viendo truncados sus sueños de un futuro mejor por culpa de mantener un status
quo que claramente ha fracasado? Lo peor que puede ocurrir con una nueva ley
educativa no es que sea imperfecta. Lo peor que puede ocurrir es que no exista.
Una ley puede corregirse con la experiencia; el inmovilismo jamás se corrige.
Solo se padece.
En
febrero pasado publiqué el libro Cinco leyes para el renacimiento de la
educación argentina. Nunca lo concebí como una colección de certezas absolutas,
sino como un punto de partida para rediseñar el sistema desde sus bases. Hoy,
al ver que el país comienza a discutir su modelo educativo, me siento confiado
de afirmar que no se trata de una aspiración teórica. Por primera vez en mucho
tiempo, la Argentina parece dispuesta a debatir cómo organizar
institucionalmente su educación. Esa decisión, aunque incompleta y conflictiva,
representa un inmenso avance.
No sé
cuál será finalmente el texto de la ley. Nadie lo sabe. Pero sé que si
aspiramos a un país donde el mérito vuelva a tener sentido, donde el esfuerzo
sea valorado, donde la excelencia deje de ser una excepción, donde cada niño
pueda alcanzar su máximo potencial sin importar la situación económica de su
familia, entonces necesitamos una ley que haga posible ese sueño.
Cambiar
cuesta. Pero resignarse cuesta infinitamente más. La decadencia educativa deja
una marca que afecta a generaciones de argentinos. Si esta nueva ley, con sus
imperfecciones y desafíos, logra iniciar un camino de reconstrucción real del
sistema educativo, la discusión habrá valido la pena. La tarea recién empezará,
pero al menos comenzará. Una educación mejor no se decreta: se construye. Y
nadie construye algo valioso sin coraje.
Publicado en La Nación.
