Javier Cubillas
Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
Después de cada elección legislativa de medio término emerge el debate
sobre una reforma de marcos normativos generales o incluso una reforma
constitucional, aún más, cuando crece en importancia un nuevo régimen de
valores y un liderazgo que lo aglutina. Pasó con Menem, lo quiso Cristina, ¿lo
buscará Milei?
Parece que se sondea esta posibilidad y se busca de este modo direccionar
de modo piramidal y matricial el debate y la realidad política argentina en el
mediano plazo.
De ser cierto, nadie puede pensar en que sea raro el planteamiento. Si se
plantea una batalla cultural - dimensión simbólico-cultural- es lógico pensar
luego que se tendrá intención de pasar a la reforma constitucional - dimensión
político institucional. Lo narrativo y las primeras leyes aprobadas por el
Congreso de reducción de estructura del Estado lo avalan.
Esta reforma constitucional puede tener miles de aspectos que sobrepasan
estas líneas pero sí es claro cual deberían ser los criterios ejes del mismo:
restringir la discrecionalidad político económica del gasto sin respaldo /
responsabilidad y aumentar el poder de control cruzado de organismos que a la
fecha, tributarios de la reforma del 94, fueron exiguos en su poder de control
político.
Que suponen los dos ejes anteriores:
1- El presupuesto nacional no
debe ser más una carta blanca ni un supuesto a futuro sin razón, razonabilidad
ni responsabilidad sobre las fuentes de financiamiento, ni rendición de cuentas
en tiempo y forma de la inversión y asignación del gasto en el nivel federal o
transferida a las provincias.
2- Aumentar el poder de control es habilitar que los poderes de control
interno y externo al Poder Ejecutivo y Legislativo puedan ser actores con
independencia en su designación y legitimidad de acción judicial, y el Poder
Judicial rediseñar su lógica con mecanismos de justicia participativa y con una
CSJN desdoblada para temas de códigos de fondo y uno de implicancia meramente
Constitucional, por ejemplo.
A los dos puntos anteriores, entre otros ejes que se pueden plantear
podemos sumar el respeto irrestricto a los derechos individuales y propiedad
privada anclada al eje del desarrollo económico en un sentido liberal,
nuevamente, no colectivizante ni como un motor que sólo se disponga a partir
del Estado o poderes provinciales. La laicidad respecto del Estado, la
descentralización del poder administrativo a zonas o regiones trasladándose
incluso la capital política a otra provincia, entre otros asuntos públicos.
Y, de una vez por todas, finalmente un esquema transversal de transparencia
e integridad recíproca de probidad y ética pública federal, pudiendo tomar el
ejemplo de Chile a pesar de la diferencia de régimen, pero no de objetivos y
metas que evalúan y lo llevan de modo constante a mejorar los controles de la
gestión pública, y nosotros, de modo en espejo y buscando la ejemplaridad
podríamos tener la misma meta como la OCDE, incluso, sigue exigiendo al
respecto para mejorar nuestra reputación e índice de transparencia
internacional a nivel global si queremos seguir ampliando mercados e
integrarnos de par a par con potencias.
Así que, escuetamente, sólo para darle entidad y lógica a la frase del
título, es a todas luces esperable que una batalla cultural movilice a parte de
la política en pos de una reforma constitucional. Veremos si la estabilidad económica,
esencialmente, le da tiempo y sostiene acuerdos de gobernabilidad para este
proceso institucional de rediseño del poder.
Sería un gran caso e hito propio de un cambio de década y de los tiempos
que corren.
Publicado en Perfil.
