Andrés Oppenheimer
Columnista del Miami Herald/el Nuevo Herald. Fue miembro del equipo ganador del Premio Pulitzer, y ha recibido el Premio Ortega y Gasset, Premio Rey de España y el Emmy.
El presidente Donald Trump
hace bien en declararle la guerra a los cárteles del narcotráfico. Pero el
hecho de que no esté tomando medidas para reducir el consumo de drogas en
Estados Unidos —y, por el contrario, recorte de fondos para la prevención y el
tratamiento de adictos— hace que uno se pregunte si su ofensiva no es puro
teatro político. El lunes 15 de diciembre, Trump firmó una orden ejecutiva
declarando el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, diciendo que es
“una amenaza militar directa”. La medida vino en medio de ataques aéreos
estadounidenses frente a las costas de Venezuela y en el Pacífico que hundieron
26 lanchas de presuntos narcos y dejaron 95 muertos. Pero, según me dicen
varios expertos, el hundimiento de estas embarcaciones parece más una movida
para ganar votos en Estados Unidos que un plan en serio para frenar el
narcotráfico. En primer lugar, Trump está haciendo poco o nada para reducir la
demanda de drogas. Ha recortado drásticamente los presupuestos para prevención
y tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de
Sustancias (SAMHSA) y otras agencias, redirigiendo los fondos a patrullas
fronterizas y servicios de inmigración. “Una guerra contra las drogas debe ser
una guerra contra la adicción en Estados Unidos”, dice Amalendu Misra, de la
Universidad de Lancaster, en un artículo reciente en la revista “The
Conversation”. Su opinión refleja lo que piensan la mayoría de los estudiosos
del tema.
La historia no miente: las
campañas militares contra las drogas sin reducir el consumo casi siempre
fracasan. Mientras exista un gigantesco mercado estadounidense para las drogas,
los narcos siempre van a encontrar como meter su mercancía. En segundo lugar,
el indulto de Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández genera
dudas sobre el compromiso del presidente estadounidense con la lucha contra las
drogas. Hernández fue condenado en Estados Unidos en 2024 por conspirar para
contrabandear 400 toneladas de cocaína y sentenciado a 45 años de prisión. La
explicación de Trump para liberar a Hernández fue que “gente en Honduras” le
había dicho que la condena del expresidente hondureño era una “trampa” del
gobierno de Joe Biden. Pero el indulto de Trump a Hernández debilita la
presunta línea dura de Trump contra las drogas. Según el centro de estudios
Washington Office on Latin America (WOLA), el indulto también amenaza con
socavar la credibilidad del sistema de justicia de Estados Unidos, sugiriendo
que si tienes amigos en Washington, no importa que seas un narco convicto. En
tercer lugar, es probable que la orden ejecutiva de Trump declarando el
fentanilo como un “arma de destrucción masiva” sea desafiada en la justicia si
se usa para justificar acciones militares. El narcotráfico es un negocio
ilegal, no un “arma” de un país extranjero, dicen los críticos. La Unión
Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Human Rights Watch, Amnistía
Internacional y otros grupos de derechos humanos han denunciado que las muertes
de presuntos narcotraficantes en el mar son “ejecuciones extrajudiciales” o
“crímenes de guerra”. Los sospechosos deben ser arrestados y sometidos a juicio
como lo establece la ley, afirman.
Cuarto y quinto: los
aranceles y las deportaciones masivas de Trump le van a pegar fuerte a las
economías de México y Centroamérica, aumentando la pobreza y la migración.
Nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) de la ONU muestran que México ya será una de las economías de menor
crecimiento de América Latina en 2026. Para ser claros, la crisis del fentanilo
en Estados Unidos es real y letal. El fentanilo es la principal causa de muerte
entre los jóvenes en Estados Unidos, superando los accidentes, los suicidios y
la violencia armada. Pero si Trump quiere ganar esta guerra, debe invertir
tanta energía en reducir la demanda de drogas en las calles de Estados Unidos
como en detener lanchas sospechosas en el mar. No va a reducir las muertes por
sobredosis cerrando clínicas de rehabilitación. Si no baja el consumo, todo
esto pasará a la historia como un “show” para la tribuna que no ayudará a
resolver este problema.
Publicado en El Nuevo Herald.
