Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la
Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia
Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la
Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el
área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no
asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.
El financiamiento
de la educación y el margen real de elección de las familias suelen discutirse
como una cuestión ideológica. Sin embargo, en la práctica, su verdadero
contenido es institucional: quién decide la escuela y cómo se financia esa
decisión. En ese marco, Italia acaba de ofrecer un ejemplo concreto a través de
una herramienta incorporada en su Presupuesto 2026: un cheque escolar
focalizado, destinado a familias de menores recursos.
Según información
publicada en Italia tras la aprobación de su Ley de Presupuesto 2026, se
incorporó el llamado buono scuola, un cheque escolar de hasta 1.500 euros por
alumno, destinado a familias con un ISEE inferior a 30.000 euros. El mismo
alcanza a alumnos de la scuola secondaria di primo grado —la escuela media
italiana, aproximadamente entre los 11 y 14 años— y al primer bienio de la
scuola secondaria di secondo grado, es decir, los dos primeros años del nivel
secundario superior, aproximadamente entre los 14 y 16 años.
Su magnitud
presupuestaria es acotada, con un tope general cercano a 20 millones de euros,
lo cual limita su impacto cuantitativo en el corto plazo. Pero esa restricción
no disminuye su relevancia institucional: el valor principal de la medida
reside en el principio que afirma, esto es, reconocer que la libertad de
elección de educativa no debería ser un privilegio reservado a quienes tienen
recursos.
La discusión de
fondo, por lo tanto, no es contable, sino institucional. ¿Quién decide la
escuela? ¿El Estado, desde una lógica centralizada y uniforme? ¿O las familias,
como primeras responsables de la educación de sus hijos, asistidas por el
Estado cuando el ingreso no alcanza para ejercer una elección real? Este punto
es decisivo: cuando no existen instrumentos que permitan elegir, no desaparece
la elección; simplemente queda reservada a quienes pueden pagarla. En cambio,
las familias de menores recursos quedan encerradas en la oferta educativa
disponible, aun cuando esa oferta no responda a sus expectativas o no logre
garantizar aprendizajes básicos.
No es casual que
un mecanismo de este tipo despierte críticas desde ámbitos que sostienen que
cualquier apoyo a la demanda favorece a lo privado o implica desmantelar lo
público. Pero esa objeción se sostiene más en un prejuicio que en un
razonamiento: supone que el derecho a educarse sólo puede ejercerse
legítimamente dentro de una forma institucional única y, en particular, bajo
una sola modalidad de gestión. En otras palabras, confunde el fin con el
medio.
Lo decisivo no es
quién administra el edificio escolar, sino si el sistema garantiza acceso,
calidad y equidad. Y nada obliga a creer —salvo la inercia ideológica— que esos
objetivos sólo pueden alcanzarse mediante un monopolio estatal de la oferta
educativa. Cuando existen reglas claras, estándares verificables y rendición de
cuentas, la diversidad institucional puede ser una aliada, no una amenaza.
Presentarla como desmantelamiento de lo público es un recurso retórico eficaz,
pero conceptualmente pobre: reemplaza el debate por un eslogan.
Italia no está
resolviendo su sistema educativo con un cheque escolar de hasta 1.500 euros.
Sería ingenuo afirmarlo. La medida es parcial y de alcance limitado. Pero hay
decisiones institucionales que valen más por el camino que abren que por su
escala inicial. Para países que discuten reformas educativas —y especialmente
para aquellos donde el debate suele quedar atrapado en prejuicios— resulta útil
observar estos diseños concretos: no como soluciones mágicas, sino como
evidencia de que es posible garantizar el derecho a educarse sin negar la
diversidad ni clausurar la elección.
La lección que
deja este paso italiano es sencilla: no se fortalece la educación encerrando a
las familias en un único camino. Se la fortalece ampliando derechos y
construyendo reglas que hagan posible una elección real, particularmente para
quienes menos recursos tienen. Porque cuando el dinero sigue al alumno, la
elección deja de ser un privilegio y empieza a convertirse en un derecho
efectivo.
Publicado en El Economista.
