La
Argentina, a partir de 1943, abandonó el régimen económico liberal y lo reemplazó por un régimen estatista y autárquico que la reforma
constitucional de 1949 puso en vigencia. Se acallaron las voces que valoraban
la libertad, incluso en el plano
político.. El gobierno militar y su elenco estable no comprendió como, aún hoy, pocos lo entienden, que, si se coarta la libertad económica disminuye
la libertad política y viceversa.. Desde ningún partido se escuchó la voz de
sus líderes batallar por la libertad económica enlazada en la política, casi todos, adoptaron la cantinela nacionalista de Perón.
Con
estas ideas se acomodó la economía bajo la tutela de la política y el Estado.
La dirección de la economía estuvo a partir de entonces en manos del poder
político. Se desvalorizó la importancia del mercado y del el sistema
capitalista, apenas insinuado en el país.
Se
pregonaban políticas tendientes a lograr una justa repartición de la riqueza, la cual solamente desde el Estado podía
hacerse con equidad. Este se convirtió en un gigantesco aparato que, de la mano de Perón, absorbió la economía, la
cultura y la política nacional.
El 9
de julio de 1947 en la ciudad de Tucumán Perón firmó el Acta De La Declaración De La Independencia Económica
en la que “los representantes de la Nación en sus fuerzas gubernativas y en sus
fuerzas populares y trabajadoras”, reafirmaron “el propósito del pueblo
argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas
foráneos que han ejercido su tutela, control, dominio, bajo las formas de
hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a
ellos vinculados”...
En el
“nuevo Preámbulo” se declaró romper los vínculos dominadores del capitalismo
extranjero enclavado en el país, y de
las naciones comprometidas con él. Se recuperaba, en ese acto, los derechos al gobierno de las
fuentes económicas nacionales. Se firmó en
La Sala de Sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816, se había proclamado la independencia de la
República.
Ya
habían comenzado las nacionalizaciones.
En
nombre de “la justicia social”, en 1946
se nacionalizó el sistema bancario. La propaganda peronista publicaba
imágenes del Banco Central con la siguiente inscripción:
“La
nacionalización del Banco Central fue el punto de partida para llevar a cabo
todas las cosas que se han ido aplaudiendo, porque cuando la plata se hizo
argentina se pudo ir comprando todo lo demás que no era argentino.”
Se
explicaba debajo de la fecha de nacionalización, 1946 :
“...antes,
bajo el dominio del capitalismo, el dinero era el fin de la actividad
económica, era el centro alrededor del cual giraban los hombres y las
sociedades (…) Los bancos eran los templos donde se veneraba ese ídolo, donde
se le rendía culto y donde se le ofrecían sacrificios. La consecuencia era que
los hombres fueran sacrificados a la producción, la producción al comercio, y
el comercio al dinero (…) ahora los recursos del crédito bancario deberán
utilizarse, exclusivamente, para propender al desenvolvimiento de
actividades útiles a la producción y distribución de bienes y no para financiar
operaciones especulativas o estimular transacciones que conspiran contra el
bienestar social.”
En los
libros de propaganda peronista se señalaban dos objetivos fundamentales en la
acción del Gobierno, para desarrollar más
riqueza y repartirla entre todos los trabajadores:
1)” Argentinizar
lo que nunca debió dejar de ser argentino” 2)”Atacar de frente a los monopolios internacionales”
Para
afirmar la “soberanía”, fundamentar la independencia económica, y brindar a los argentinos todos los
beneficios de nuestra “pródiga tierra”, se estatizaron los servicios públicos:
puertos, teléfonos, usinas eléctricas, servicios sanitarios, gas, transportes, seguros,
reaseguros y entre otros, hasta algunos
bares y “night clubs”.
Las
formas de producción, los Bancos, el crédito, la circulación de bienes fueron
asfixiados por el intervencionismo estatal. Fue así como las empresas
estatizadas se colmaron de empleados y
burócratas, haraganes y corruptos. No existía el empresario privado que
controlara la eficiencia y se preocupara
si la empresa era deficitaria. Los sindicatos de las empresas del Estado
contribuyeron decididamente, por su lado, en las deficiencias y destrucción de
esas organizaciones.
Se
enfatizó el desprecio por los llamados peyorativamente “oligarcas”,
representantes del poder económico, y a
los que se debía despojar de su riqueza “mal habida” para ofrecerla al sector de los “desposeídos” que era, según
el gobierno, sistemáticamente “explotado” por aquellos.
Una
estrofa del “Martín Fierro” de José Hernández aparecía en publicaciones
oficiales. La encabezaba una imagen que representaba a la oligarquía: una mano
con un gran anillo de brillantes en el anular y largas uñas, amenazando las
figuras de una humilde familia campesina:
“Tiene el gaucho que aguantar
Hasta que lo trague
el hoyo
hasta que venga
algún criollo
En esta tierra a
mandar.”
Obviamente
el “criollo” aludía a Perón.
Dejó
de ser el mercado el que fijaba el precio de los cereales reemplazándose por el
Estado, el cual compraba monopólicamente,
a través del I.A.P.I., directamente los granos. Dominaba, de esta
manera, la comercialización de la
producción. Este organismo actuó durante 10 años, compró y vendió los productos, mediante tipos de cambio diferenciales y
arbitrarios, según se tratara de
exportaciones o importaciones, con lo
que se obligaba al campo a derivar sus beneficios para sostener la supuesta “industria”.
Veamos
alguna de las compras, que realizó el
I.A.P.I. para “argentinizar”, a la vez
que se enriquecían los funcionarios de turno que intervenían en esos
negociados: locomotoras, vagones de pasajeros, camiones, acoplados y equipos
para la producción. También aviones para el transporte de pasajeros y carga,
buques, frigoríficos, grúas, dragas, jeeps, tractores, ambulancias, cosechadoras,
equipos para extracción de petróleo, maquinarias para fabricas de tejido,
caucho, cemento, chapas entre otras innumerables compras.
La
reforma de la constitución- en 1949-, necesaria
para lograr la reelección, le dio un golpe de gracia a la propiedad privada y al capital: el
Estado monopolizó la exportación e importación, las fuentes de energía y los
servicios públicos.
Las
fuentes de energía que la Constitución del 53 y las leyes sobre minería
establecían como bienes privados de las provincias, y se concedían a los particulares la
posibilidad de disponer de ellas como dueños mediante concesiones, fueron nacionalizadas. El artículo 40 de la
constitución de 1949 violaba la
propiedad privada:
“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos
de petróleo, de carbón, de gas, y las fuentes naturales de energía, con
excepción de las vegetales, son propiedad imprescriptibles de la Nación con la
correspondiente participación que en su producto se convendrá con las
provincias.”
El
Estado dejó de ser controlado por los
gendarmes de la democracia: la opinión pública, los partidos y el sector
privado. Fueron perseguidos y limitados,
dejaron de ocupar el rol correspondiente a un sistema democrático
y, forzadamente, el dominio de la
sociedad civil se convirtió en patrimonio de un régimen autoritario.
La
asistencia social privada se reemplazó por el monopolio de la Fundación Eva
Perón - -cuyo control financiero el pueblo jamás conoció- y se utilizó no solamente para hacer
beneficencia, sino también para hacer política. La intención política trastocó
la acción social, como pasa siempre con lo que manosea el Estado.
El
nacionalismo, otro de los rasgos del populismo se activó desde el Gobierno, y
provocó, como sucedió también en Europa, el rechazo por lo extranjero.
El
Estado se lanzó a una misión: engrandecer “la Nación”. Fue tras la autarquía
económica y a peronizar a toda la población. Este nacionalismo se exacerbó y condujo a odiar a los que
pensaban diferente, a maltratar a los partidos opositores y al capital extranjero. Se olvidó que el
bien común era el bien de “todos los habitantes del país”, no solamente de los
peronistas y de todos los “que quisieran
habitar el suelo argentino”.
En los
últimos años del gobierno -cuando se vio
que era fundamental contar con inversiones del exterior- la sociedad estuvo en contra del intento de
atraer inversiones para el área petrolera: años de propaganda peronista
cumplieron con la misión de crear desconfianza por todo lo que viniera del
extranjero. Esta prédica nacionalista y antiliberal, por inercia cultural,
siguió fuertemente incrustada en la cultura política y económica argentina. Se incorporó un sesgo xenófobo y discriminatorio, extraño al espíritu de la Constitución.
Apareció
la inflación: si tomamos como base a 1945,
en 1949 los precios se
duplicaron, en 1952 -año de una gran
crisis económica- se
cuadriplicaron, y en 1956 se
multiplicaron por siete. Con el tipo de cambio no ocurrió lo mismo, porque se mantuvo sustancialmente fijo con
restricciones al comercio exterior y a la entrada de capitales extranjeros.
Santiago
I. Nudelman, pedía desde la Cámara de Diputados volver a la normalidad:
“ El país se asfixia, mientras la inflación sigue
creciendo y disminuyen los bienes disponibles, se acentúa la falta de divisas. Por
primera vez, hasta donde alcanzan nuestros recuerdos, hay escasez de alimentos
en la patria de los argentinos. Según la información oficial del banco Central,
la circulación monetaria, de 4.046 millones de pesos al 31 de diciembre de
1946, ascendía a 13.257 millones al 31 de diciembre de 1950 y a 17.258 millones
al 15 de marzo de 1952, es decir, que se
registra un aumento último de más de 4.000 millones de pesos en catorce meses y
medio, lo que representa el 30,2 %. Eso explica, más que las palabras, el pavoroso problema del alza de los precios y
la carestía de elementos esenciales para la mesa de todos los hogares. Al 30 de
setiembre de 1946, las reservas de oro y divisas sumaban la cantidad de 6.157
millones; al 31 de diciembre de 1950 se reducen a 2.680 millones y al 15 de
marzo de 1952 llega a 1.660 millones. Es decir, que también en el término de
catorce meses y medio, disminuyen las posibilidades de pago en el exterior en
1.025 millones, o sea, en un 38 por ciento. No obstante la falta de
publicidad y las dificultades de
investigación autorizada, se sabe que la deuda pública interna, flotante y
consolidada de 7000 millones en 1943 fue ascendiendo en proporción geométrica
hasta llegar a 22.000 millones al 31 de diciembre de 1951, sin contar la deuda
del IAPI a los bancos oficiales, que pasa de los 8.000 millones, la deuda de los gobiernos provinciales y
municipales, los déficit de las cajas de jubilaciones, transportes, etc. Mientras
tanto ha seguido el descenso alarmante del valor adquisitivo de nuestro signo
monetario. Por cada peso papel había en 1945 $1,05 en oro de respaldo. Por cada
peso papel hay, en febrero de 1952, $0,04 en oro de respaldo.”
No
obstante, en párrafos posteriores se declara partidario de las “nacionalizaciones” de la “planificación”, pero democrática, y contra “el imperialismo internacional”. Dice no creer en la demagogia
ni en el desorden, y tampoco en “el capitalismo sin alma”. Las ideas en
cuanto a la cuestión económica eran similares a las del peronismo.
Debemos
aquí, un tributo a Álvaro Alsogaray quien,
contra todos, fue el que años más tarde
comenzará a difundir la conveniencia del libre mercado y del sistema
capitalista, alertando del peligro que
traía la política peronista.
Elena Valero Narváez
